En medio de una alerta sanitaria nacional por el rebrote de sarampión y las muertes de siete niños por tos convulsa en el país, el Ministerio de Salud de Mendoza implementó una estrategia inédita al presentar diez denuncias judiciales contra padres que se niegan a cumplir con el calendario de vacunación obligatorio de sus hijos.

Esta medida convierte a Mendoza en pionera en el país en activar la vía legal para exigir el cumplimiento del esquema nacional de inmunización. Las presentaciones judiciales recaen en la Justicia Civil, iniciando un proceso que culminará en una audiencia obligatoria donde el personal sanitario buscará advertir a los padres sobre los graves riesgos para la salud pública que implica la persistencia en esta irregularidad.

La acción fue impulsada en agosto pasado por el ministro de Salud, Rodolfo Montero, y ejecutada por el Programa de Inmunizaciones, a cargo de Iris Aguilar, quien confirmó que se trata de las primeras denuncias formales de este tipo.

La decisión es calificada como inédita en un contexto de alerta, ya que el país enfrenta un aumento de casos de sarampión, una enfermedad que se consideraba eliminada desde 2016, y un preocupante registro de muertes por tos convulsa, afectando especialmente a bebés menores de seis meses. Al respecto, Aguilar fue enfática al advertir que “las vacunas no pueden quedar atrapadas en la batalla cultural. No podemos aflojar” ante la caída de las coberturas.

Cómo hizo el gobierno de Mendoza para denunciar a los padres antivacunas

En cuanto al funcionamiento de estas denuncias, Aguilar explicó que los equipos de vacunación realizan un trabajo de seguimiento nominalizado, revisando los registros y detectando a los niños con esquemas incompletos. Una vez que se agota la instancia de contacto con las familias y estas se niegan persistentemente a vacunar, se procede a elevar la situación a la vía judicial.

Aguilar señaló que tenían “una pila de negativas” y que la luz verde del Ministro fue crucial para “dar el puntapié inicial”, argumentando que su obligación es proteger el derecho a la salud del niño.

Una vez elevada la denuncia, es el juez civil quien asume el caso y tiene la potestad de determinar las medidas a seguir, que pueden incluir requerir a los padres el cumplimiento obligatorio de la vacunación, ordenar medidas de protección al niño o, incluso, aplicar sanciones económicas.

El rol del Ministerio es activar el sistema judicial cuando se vulnera el derecho fundamental a la salud. Esta directiva está respaldada por la Resolución N° 2.572 del Ministerio de Salud de Mendoza, que reglamentó el procedimiento de denuncias por incumplimiento de la obligación legal.

El mensaje final de las autoridades sanitarias a los padres es firme: insisten en que las vacunas son gratuitas, seguras y obligatorias, y están disponibles en todos los centros de salud, por eso Aguilar destacó que “no es una medida contra los padres, es a favor de los niños”, siendo una acción necesaria para lograr la protección colectiva.