El Senado provincial aprobó el proyecto impulsado por el Gobierno de Mendoza, por medio del cual buscan responsabilizar a los padres ante casos de acoso escolar (bullying).

La iniciativa, que tiene por objetivo fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, ahora aterrizará en la Cámara de Diputados.

Durante la sesión reciente, la senadora Mariana Zlobec, titular de la Comisión de Educación, Ciencia y Técnica, explicó que la propuesta “parte de una premisa clara: el bullying es una problemática social seria, con consecuencias emocionales, físicas y psicológicas profundas, que requiere una respuesta integral desde la familia, la escuela y el Estado”.

Y dejó en claro que la propuesta “no busca castigar, sino generar reflexión y promover vínculos más saludables”. En tal sentido, explicó que las sanciones previstas contemplan trabajo comunitario, asistencia obligatoria a talleres de parentalidad y, en caso de hechos más graves o reincidentes, multas económicas.

Es importante resaltar que los fondos recaudados por estas sanciones serán destinados al Fondo Provincial para la Prevención y Asistencia al Acoso Escolar, y también a bibliotecas populares.

La senadora, durante su intervención, agradeció los aportes de distintos bloques. “Lo que queremos es seguir fortaleciendo el compromiso con una educación basada en el respeto, la empatía y la convivencia”, expresó.

Por su parte, el senador Félix González, del bloque justicialista, destacó el proyecto y dijo que se trata  de “un paso adelante” en la lucha contra el acoso escolar. Además, puntualizó en que “convoca a toda la sociedad a tomar conciencia del flagelo que viven muchos chicos mendocinos”.

El proyecto añade al Código de Contravenciones de Mendoza los artículos 100 bis, 100 ter, 100 quater, 100 quinquies y 100 sexties, que determinan un procedimiento progresivo ante casos de bullying. En una primera instancia, se estipula la intervención escolar y el acompañamiento interdisciplinario. Si los padres o tutores no responden a las medidas dispuestas, intervendrá el Juzgado Contravencional.

Las sanciones podrán incluir trabajo comunitario de entre cinco y cincuenta días o multas de 500 a 5000 unidades fijas, dependiendo de la gravedad del caso. En situaciones de reincidencia, el juez estará en condiciones de duplicar las sanciones y ordenar la asistencia obligatoria a talleres o terapia familiar.

Desde el Ejecutivo destacaron que si bien las escuelas cumplen un rol clave en la detección y contención de estos episodios, la primera responsabilidad recae en las familias, que deben acompañar y guiar a sus hijos.