Enrique Mario Barrera

El mundo comienza a recorrer un tiempo delicado por el afán de obtener energía a toda costa para funcionar. Los gurúes que dirigen los emprendimientos de IA y masivos centros de informática, como Altman o Musk, presagian esos tiempos delicados y algunos dicen que en un futuro próximo no habrá la suficiente energía como para satisfacer a la IA e informática y al ser humano simultáneamente, tratan al ser humano al mismo nivel que a la máquina sin inmutarse.

Esa desesperación por obtener energía ha llevado a que se analicen todas las fuentes para obtenerla y dentro de ese campo surge nuevamente Sierra Pintada en San Rafael. El uranio está en estudio permanente y el alerta suena en la región.

Todos sabemos que el complejo uranífero local cerró su actividad en la década del 90 del siglo pasado y debía producirse la remediación de los contaminantes que quedaron y eso no ocurrió a pesar que San Rafael lo pidió constantemente, principalmente por medios periodísticos y al contrario, en vez de reducirse la cantidad de contaminantes se trajo más material desde Córdoba. Los sucesivos gobiernos nacionales prometieron concluirlo pero nadie cumplió hasta ahora. Por eso es necesario que nuestros representantes en la legislatura provincial, en el Congreso y hasta en nuestros concejos deliberantes debieran alzar la voz reclamando que se cumpla lo exigido por ley.

También debemos estar alertas, como sociedad, a controlar contratos que se realicen por las explotaciones mineras y exigir que en ellos no figuren cláusulas secretas como las que existieron hace no mucho tiempo.

Según fallo judicial en curso se debería realizar la remediación de todo lo almacenado en el predio del complejo de uranio Sierra Pintada y sin más dilación que la llevada a cabo hasta ahora, pero mucho de ello depende que la sociedad reclame a sus representantes para que nuestra voz sea escuchada en los niveles que corresponde, por los riesgos que corremos a medida que pasa el tiempo. Otra cuestión que debe controlar la ciudadanía es la forma de contratación entre inversor y estado cuando se realizan emprendimientos a gran escala en cualquier actividad.

En varios emprendimientos que se han desarrollado en otros países, Colombia, Australia, etc, se presentaron anomalías derivadas de los pasivos ambientales que se producen en la actividad dejando residuos tóxicos, casos de contaminación de acuíferos, etc, que muchas veces terminaron en la justicia internacional para su resolución y aquí se debe tener mucha atención a quien se invoca para arbitrajes. En el caso de diferencias se recurre a lo que se llama Arbitraje Inversor-Estado, conocido por sus siglas en inglés ISDS (investor-state dispute settlement) que generalmente es exigido por la empresa inversora; es un instrumento del derecho internacional público.

Generalmente los litigios derivados de contratos entre un inversor internacional y un Estado receptor queda sujeto al CIADI (centro internacional de arbitraje de diferencias relativas a inversiones) que involucra al Banco Mundial; pero muchas veces este tipo de contratos, a pedido del inversor quedan sujetos a los ISDS, que son tribunales que se rigen por distintas normas o instituciones como el tribunal de Londres o el de Hong Kong, que pueden tener otro punto de vista para resolver y que generalmente lo hacen a favor del inversor; no nos olvidemos de la remediación en ningún caso.

No se trata de poner sombras sobre las inversiones que puedan actuar en la provincia, lo que se espera es que nadie resulte perjudicado en la contratación, ni el inversor ni el estado ni los habitantes de la región y se protejan los recursos naturales para el presente y la posteridad.

El control de la actividad tiene que ser tanto internacional como local y mucho tiene que ver una ciudadanía atenta en estos casos.