Este miércoles, a través del Boletín Oficial de Mendoza, el Gobierno informó de la eyección de varios agentes públicos en distintas áreas del Estado, tales como seguridad, salud y educación.

Seguridad

En el primero de los casos puede mencionarse el de Gerardo Fabian Torres Ocampo, quien se desempeñaba como agente de la policía de Mendoza quien fue condenado por la justicia local a la pena de dos años de prisión con ejecución condicional.

En su caso fue hallado penalmente responsable de los delitos de coacciones y amenazas simples. Si bien presentó recursos ante el Ministerio de Seguridad y Justicia, los mismos fueron rechazados quedando firme la sanción.

El segundo de esta área en ser eyectado de la fuerza es Jorge Diego Finnemore Moreno. Se trata de un ex agente policial que había sido condenado en marzo del 2023 por varios delitos cometidos contra su ex pareja.

Fue vuelto a ser puesto bajo resguardo del servicio penitenciario en febrero del 2024 luego de fugarse de la comisaría de Dorrego, en el departamento de Guaymallén, en la que se encontraba detenido en el marco de una causa por violencia de género.

Finnemore, cabe destacar, es un ex oficial inspector con más de 20 años de trayectoria y está acusado de estafar a la gente a través de un teléfono celular que utiliza incluso estando privado de su libertad.

Por lo antedicho, este miércoles el Gobierno provincial decidió rechazar un recurso interpuesto para evitar la sanción quedando de esta forma firme la cesantía.

Salud

En el área de salud, en el Boletín Oficial aparecieron cuatro decretos con cesantías por diversos motivos entre los que se hallan casos de cientos de horas adeudadas, abandono de trabajo y hasta una condena por cultivo de marihuana.

Entre estos se encuentra Joel Ariel Campo Rodriguez, quien se desempeñaba en el Hospital Héctor Gailhac y que en un principio se le había abierto un sumario administrativo por 22 faltas injustificadas.

Lo furioso es que las mismas correspondían a una detención por cultivo de estupefacientes, por lo que luego fue condenado a cuatro años y cuatro meses de prisión por, además, encontrarlo responsable de tener intención de vender drogas.

Por su parte, Ariel Fernándo Chena, quien ejercía funciones en el Hospital Lagomaggiore, fue cesanteado por adeudar 446 horas y 36 minutos durante el 2024 incumpliendo el régimen de mayor dedicación.

Según el decreto, el adeudado de horas se dio de la siguiente manera: en el mes de mayo tiene 76:03 horas adeudadas; en el mes de junio tiene 71:48 horas adeudadas; en julio posee 36:10 horas adeudadas; en agosto 71:14 horas adeudadas; en setiembre 88:46 horas adeudadas y en octubre 102:42 horas adeudadas.

El tercero de los casos en salud responde a la doctora Carolina Gonzalez Devesa quien ejercía en el hospital Perrupato, a quien se la expulsó por abandono de trabajo.

Del paper publicado este miércoles se desprende que gozó de una licencia psiquiátrica entre el el 2 de mayo y el 19 de noviembre del 2024, pero una vez finalizada la misma no presentó certificados médicos ni concurrió a su puesto de trabajo.

El último de los casos se dio en el hospital El Sauce, donde un enfermero incurrió en varias faltas que van desde maltrato verbal y psicológico a pacientes hasta tardanzas constantes injustificadas.

Además se constató que tenía seis faltas injustificadas y una deuda horaria que supera las 35 horas.

Educación

En el ámbito educativo no parece cambiar este mal desempeño de parte de ciertos agentes públicos y es que se aplicó la sanción de cesantía a cuatro celadores y a un docente por faltas injustificadas.

Una de las celadoras es Carolina Pastran del Centro Educativo de Nivel Secundario N° 3-495 del departamento de Santa Rosa quien fue sancionada por un total de 151 faltas injustificadas.

También se menciona el caso de Daniel Blasco, quien no pudo justificar seis de otras tantas faltas en un lapso de seis meses en el año 2023.

Otro de los celadores es Gabriel Rodolfo Salgado Estrella, quien fue eyectado de su puesto de trabajo por no asistir injustificadamente a su empleo 14 días entre el 2022 y el 2023.

Lo propio sucedió con el celador Mariano Quiroga, quien cuenta con 41 inasistencia injustificadas en el Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 3-409 “Chiara Lubich” del departamento Capital.

También se menciona el caso del docente Fabricio Hernan Cirica, quien no concurre a su puesto de trabajo desde hace más de cinco años, no respondiendo a los requerimientos enviados desde el 6 de octubre del 2020.

Transporte

En el área del transporte también hubo un caso informado este miércoles y refiere al de Eduardo Enrique Palacio, quien ejercía como inspector del Ente de Movilidad Provincial (EMOP).

En su caso, fue cesanteado por no presentarse a trabajar entre el 13 de mayo y el 18 de junio del 2025, contabilizando un total de 37 días. Cabe señalar que debía cumplir un tratamiento psicológico pero presenta una “muy difícil adherencia” al mismo.