El Senado provincial aprobó este martes un proyecto de ley impulsado por la senadora Mercedes Derrache, que apunta a que se prohíba en Mendoza la designación o contratación de personas condenadas por delitos sexuales o de violencia de género en contextos directos con menores.

Durante la reciente sesión, Derrache, explicó que la propuesta busca determinar una regulación concreta de protección en todos los espacios donde los menores puedan estar expuestos, fijando una vara mínima de cuidado y responsabilidad institucional.

Además, indicó que la iniciativa garantiza entornos seguros no solo en ámbitos deportivos, sino también culturales, educativos, sociales y religiosos, mediante la prohibición de que personas que han sido condenas por delitos sexuales, trata de personas o supresión y suposición del estado civil puedan desempeñarse en funciones con contacto de forma permanente con menores.

La senadora peronista explicó que el proyecto suma controles obligatorios y responsabilidades específicas, a la vez que exige que instituciones y asociaciones constaten mediante certificado de antecedentes penales que los adultos a cargo de los menores estén libres de estos delitos.

Por otra parte, destacó que la medida es preventiva y no punitiva, y posibilita fijar un estándar mínimo de cuidado en todos los espacios donde los niños y adolescentes desarrollan su vida social, educativa, deportiva y espiritual. También resaltó el trabajo conjunto con los otros bloques y sus equipos, lo que posibilitó enriquecer el proyecto y avanzar con una propuesta más completa y eficaz.

A su turno,  la legisladora Natacha Eisenchlas se refirió al aval del bloque oficialista a la iniciativa y agradeció la apertura de la autora del proyecto y la colaboración de la jefa del bloque justicialista, Adriana Cano. 

La propuesta se dio ante hechos recientes de abuso sexual en distintos ámbitos de Mendoza, que han evidenciado la necesidad de reforzar los controles y las responsabilidades institucionales. Entre ellos se hicieron mención al de un entrenador de hockey femenino condenado por abuso sexual a una menor de 15 años que, pese a la sentencia, fue nuevamente designado en un club del Este provincial, al igual que el caso de un profesor de hockey sobre patines del club Godoy Cruz Antonio Tomba condenado a ocho años de prisión efectiva y el de un instructor de Kung Fu en Luján de Cuyo. También recordaron antecedentes en instituciones religiosas, como el caso de un pastor que fue condenado por abuso sexual agravado en San Martín.

El proyecto estipula que las instituciones deportivas, culturales, educativas, sociales o religiosas no podrán contratar, designar, incorporar o permitir el ejercicio de funciones a personas que cuenten con condenas penales, aunque las mismas no sean de cumplimiento efectivo, por delitos comprendidos en el Código Penal vinculados a la integridad sexual o a la violencia.

Para reforzar el proyecto, la norma en cuestión apunta a la modificación de la Ley 6457 sumando la obligatoriedad del certificado de antecedentes penales como requisito para el ejercicio de funciones que impliquen contacto directo con menores. Además, plantea cambios en la Ley Provincial 9139 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, imponiendo la misma obligación a asociaciones civiles, fundaciones e instituciones privadas que trabajen con niños, niñas y adolescentes.

El texto también respalda la Ley Nacional 27.709 “Ley Lucio”, y determina la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y prevención de la violencia infantil para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en cualquiera de los poderes del Estado provincial. Además, la exigencia alcanza a directivos y autoridades de asociaciones y fundaciones que posean vínculos con el Estado o reciban beneficios o subsidios provinciales.

La iniciativa obliga, además, al Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE a analizar exhaustivamente su normativa de contrataciones, con el objetivo de impedir que condenados por delitos sexuales o de violencia de género puedan desempeñar tareas en ámbitos donde haya menores a su cargo.