La Justicia de Mendoza resolvió unificar las múltiples sentencias dictadas contra Paloma León Araya (53), una mujer trans acusada y declarada culpable de graves delitos que incluyen trata de personas, tentativa de extorsión y robos agravados.

Mediante una reciente resolución judicial, se estableció una “pena única de ocho años de prisión efectiva” para León Araya que deberá ser cumplida en su totalidad en el complejo penitenciario Almafuerte II, ubicado en Cacheuta, cerrando así un largo y complejo proceso judicial que involucró a distintos fueros.

A lo largo de su historial penal, León Araya acumuló tres condenas: dos emitidas por la Justicia provincial y una tercera dictada en el fuero federal, por lo que fue la jueza Mónica Romero quien tomó la determinación de consolidar las distintas sentencias en una sola pena.

Las investigaciones revelaron que Paloma León operaba una red de prostitución en el área de la Costanera, donde explotaba económicamente a mujeres, muchas de ellas en una situación de extrema vulnerabilidad o con problemas de adicciones.

El modus operandi de Paloma

El operativo que condujo a su detención se inició tras una denuncia anónima realizada en diciembre de 2020 a la línea 145, correspondiente al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

Las pesquisas policiales constataron que la acusada operaba desde un departamento que había sido acondicionado para servicios sexuales, utilizando una terraza para ejercer control sobre los movimientos de las víctimas. Además, las “escuchas telefónicas confirmaron las maniobras de extorsión y control” que ejercía sobre las trabajadoras sexuales.

El modus operandi de León Araya se basaba en captar a mujeres trans y travestis, ofreciéndoles una supuesta “seguridad” en las zonas que ella controlaba—como San José, la Cuarta Sección Este y parte del carril Rodríguez Peña, a la que denominaba “La Ruta”.

A cambio de esta “protección”, las víctimas estaban obligadas a pagar una “plaza” para poder ejercer su trabajo, además de pagar por el uso de las habitaciones y entregar una comisión por cada servicio sexual. La coerción se reforzaba con multas y deudas: las trabajadoras que no asistían a las reuniones obligatorias de cobro eran multadas con $10.000, y en varias escuchas “se registraron conversaciones sobre préstamos, dinero retenido del ANSES y deudas que superaban los $300.000”.

Los investigadores añadieron que la explotación económica se profundizaba al aprovechar las adicciones de las víctimas.