El sistema tributario argentino, según el análisis del especialista César Litvin, presenta serias dificultades que impactan negativamente en la competitividad del país.

La elevada presión fiscal, que supera el 50% del PBI sobre el sector formal, y la complejidad del esquema impositivo generan un entramado burocrático que desalienta la inversión, el empleo y la producción. Para lograr un crecimiento sostenido, es fundamental reformar este sistema y eliminar los impuestos más distorsivos.

Argentina cuenta con una elevada cantidad de tributos, alcanzando los 154 impuestos en los distintos niveles de gobierno: 45 nacionales, 25 provinciales y 84 municipales. Sin embargo, solo 10 de ellos representan el 92% de la recaudación total.

Entre los impuestos más relevantes se encuentran el IVA (26,6%), el Impuesto a las Ganancias (16%) y el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (14,7%). La superposición de tributos genera altos costos administrativos y una carga excesiva para quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.

Los impuestos más “letales” de Argentina

Entre los impuestos más distorsivos se encuentra el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que se aplica en cada etapa de la cadena productiva sin reconocer créditos fiscales, generando un “efecto cascada” que encarece los costos y afecta la competitividad de las empresas. Además, impacta en el precio de los bienes exportados, ya que, a diferencia del IVA, no puede recuperarse.

Otro tributo que afecta la economía es el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias, implementado en 2001 como una medida temporal y aún vigente más de 20 años después. Este impuesto penaliza la bancarización y fomenta el uso de dinero en efectivo, incentivando la informalidad.

Las retenciones a las exportaciones representan otro obstáculo para la competitividad, ya que afectan a sectores estratégicos y reducen la rentabilidad de los productores.

Para mejorar la competitividad y simplificar el sistema tributario, Litvin sostiene que es necesario reducir la presión fiscal, eliminar los impuestos más distorsivos y evitar la superposición de tributos nacionales, provinciales y municipales. Además, se deben establecer incentivos para la formalización, facilitar la recuperación de saldos a favor y generar un entorno más propicio para la inversión y el empleo.