Esta semana sorprendió un decreto publicado en el Boletín Oficial (el 1944) en el marco del convenio de prestación de servicios de salud ocupacional a los empleados de la desfinanciada OSEP, el cual aprueba que el Gobierno le pague 35 millones de pesos por mes a la obra social para que controle el ausentismo de sus empleados.

“El Convenio en cuestión tiene como objetivo establecer un sistema de control de ausentismo y juntas médicas para los empleados que trabajan bajo la modalidad de empleo público. Este sistema regulará aspectos que se refieren a licencias por razones de salud y la obligación de los empleados de someterse a los controles que determine la Autoridad de Aplicación para verificar enfermedades o accidentes reportados”, dice el decreto.

“De acuerdo con este convenio, la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) será la encargada de llevar a cabo el control del ausentismo y de las juntas médicas para los empleados incluidos en el sistema. Esto garantizará el seguimiento de las enfermedades y la pronta incorporación de los empleados a los programas de asistencia disponibles, permitiendo no solo el control de las patologías indicadas por su médico tratante, sino también la evaluación por un profesional verificador de OSEP, según el caso”, dice.

Osep deberá realizar hasta 5 mil controles por mes, y en caso de ser mayor a eso, “el Ministerio deberá abonarlo como extra cápita a un valor unitario por prestación de 30 mil pesos por junta médica, y 8 mil por verificación domiciliaria”.

Por su parte, OSEP acuerda que “las actualizaciones de estas prestaciones de acuerdo a la pauta de aumento salarial al sector de salud”.