So pretexto de mayor transparencia, buscan modificar las funciones de la Dirección de Personas Jurídicas provincial

La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado recibió este miércoles al director de Personas Jurídicas de Mendoza, Sebastián Soneira y a parte de su equipo, quienes presentaron los alcances y objetivos del proyecto de ley denominado “Ley Orgánica de la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de Sociedades, Contratos Asociativos y Fideicomisos de la Provincia de Mendoza”.

Este proyecto de ley busca continuar el proceso de modernización iniciado por la Ley Nº 9.002, promulgada en 2017, que sentó las bases para la digitalización y la transparencia en la gestión de las personas jurídicas en la provincia. Esta ley, que introdujo importantes reformas en consonancia con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y la implementación del tipo societario «SAS» (Sociedades por Acciones Simplificadas), ha sido ampliamente reconocida a nivel nacional, situando a Mendoza a la vanguardia en esta materia junto a la provincia de Córdoba.

No obstante, la dinámica empresarial actual exige adaptaciones constantes. Según explicó el Dr. Soneira, el nuevo proyecto de ley responde a la necesidad de realizar modificaciones y adecuaciones para mantener la eficiencia y seguridad en la administración de personas jurídicas, acorde con los rápidos cambios en el entorno empresarial. Este proyecto fue elaborado con la colaboración de destacados juristas de la provincia y ha contado con el aval de unidades académicas, colegios profesionales y organizaciones empresariales.

El funcionario también destacó que el proyecto representa un esfuerzo conjunto con el exdirector de la misma entidad, el Dr. Raúl Romero. Según Soneira, la nueva ley «constituye un salto de calidad» en comparación con la ley 9002 vigente. Este cambio es resultado de un proceso de modernización que ha incluido la digitalización de casi 70 mil expedientes y la simplificación de trámites, especialmente acelerada durante la pandemia de COVID-19.

Soneira además resaltó la importancia de incluir los fideicomisos en el marco normativo, en respuesta a un reclamo de varios sectores y como recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional. Además, mencionó que la nueva ley prevé la implementación de dictámenes de precalificación, a cargo de profesionales matriculados, lo que agilizará significativamente los trámites.

Por su parte, Francisco Mondotte, director General de Asuntos Gubernamentales, subrayó que, aunque la ley podría no captar la atención mediática como otros temas de impacto inmediato, su aprobación podría tener un impacto significativo en el posicionamiento de Mendoza como un destino atractivo para inversiones. Asimismo señaló que este proyecto «marca un plus significativo para Mendoza» al ofrecer un marco legal que trasciende el corto plazo y promueve la estabilidad institucional.

El senador Martín Kerchner Tomba solicitó aclaraciones sobre la utilización de libros digitales y la descentralización del proceso de rubricación. Expresó además inquietudes sobre cómo estas medidas simplificarán los trámites y cómo posicionarán a Mendoza en comparación con otras provincias en términos de transparencia y eficiencia.

En respuesta, Raúl Romero, quien inició el proceso de reorganización de la Dirección de Personas Jurídicas, explicó que la descentralización mejorará la seguridad y agilidad del proceso, aunque reconoció que la implementación dependerá de la digitalización completa de los expedientes. También defendió el proyecto, destacando que ha sido bien recibido a nivel Nacional y que representa un avance significativo en el control y la transparencia de las sociedades.

El senador Germán Vicchi, representante de la Unión Mendocina planteó preocupaciones respecto al artículo 8 de la nueva ley, que establece incompatibilidades para los asesores de la Dirección de Personas Jurídicas. Según el legislador, esta medida podría desincentivar a los asesores, quienes podrían optar por abandonar sus puestos si se les restringe de manera tan severa.

Soneira justificó la inclusión de esta incompatibilidad como una medida necesaria para evitar conflictos de interés y asegurar la transparencia en los procesos de registro. Romero, apoyando la postura de Soneira, añadió que la norma busca eliminar cualquier tipo de suspicacia que pueda surgir cuando un asesor de la DPJ actúa en casos particulares relacionados con las sociedades que luego deben ser registradas por la misma dirección.

La discusión en la Legislatura continuará, con el objetivo de encontrar un equilibrio entre la innovación legal y la salvaguarda de los derechos y responsabilidades de todos los actores involucrados.

Alcances del proyecto

El proyecto de ley, compuesto por 67 artículos distribuidos en seis capítulos, introduce cambios significativos, especialmente en lo que respecta a la estructura y funciones de la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ) y el registro público de sociedades.

El proyecto de ley presentado busca continuar el proceso de modernización y transparencia en la administración de personas jurídicas en Mendoza, iniciado por la legislación previa. Entre las reformas propuestas, se incluye la promoción del uso de herramientas digitales y la implementación de mecanismos que refuercen la ética y la transparencia en la gestión de la Dirección de Personas Jurídicas.

Además, el proyecto propone un marco más flexible y eficiente para la creación y modificación de sociedades, con opciones que buscan adaptarse a las necesidades actuales del sector empresarial. También se avanza en la implementación de un sistema digital que centralizará la información societaria, mejorando el acceso y la seguridad de los datos, posicionando a Mendoza como un referente nacional en este aspecto.

Por otro lado, se introducen mejoras en la normativa que regula las asociaciones civiles y fundaciones, con el objetivo de resolver problemas prácticos y optimizar la gestión pública de estas entidades. En conjunto, estas reformas buscan fortalecer la seguridad jurídica y promover un entorno más transparente y eficiente para las operaciones empresariales en la provincia.