La Justicia abrió una investigación por la visita a genocidas y le puso custodia a Lourdes Arrieta, que denunció amenazas

La Justicia ha iniciado una investigación sobre la controvertida visita de seis diputados libertarios a presos condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza. La investigación, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, que actúa en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, se abrió tras una denuncia presentada por la diputada Lourdes Arrieta, de La Libertad Avanza de Mendoza. Arrieta reportó haber recibido amenazas y solicitó que se indaguen todos los detalles relacionados con la reunión de los legisladores de Milei con Alfredo Astiz y otros represores.

La denuncia, presentada por Arrieta el miércoles, pide que se investiguen posibles delitos de coacción agravada, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, conspiración y malversación de fondos públicos.

En su declaración, representada por el abogado Yamil Castro Bianchi, Arrieta afirmó que fue engañada para asistir a la Unidad 31 del penal de Ezeiza, creyendo que se trataba de una actividad institucional avalada por las autoridades de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la visita resultó ser un encuentro con militares condenados, con la intención de trabajar en un proyecto para liberarlos y otorgarles prisión domiciliaria.

Arrieta también señaló a funcionarios, diputados de su propio bloque, un sacerdote, abogados conservadores y mencionó a Sharif Menem, sobrino segundo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien también actúa como asesor y mano derecha en el Congreso.

Tras ratificar su denuncia ante la Justicia, Arrieta fue aceptada como querellante en el expediente. Además, se le asignó una custodia oficial, tanto a ella como a sus padres, residentes en Mendoza, luego de haber manifestado haber recibido amenazas y presiones para mantenerse en silencio.

La diputada declaró que desde que se difundió su visita a los represores, en la que se fotografió con los condenados por crímenes de lesa humanidad, su vida se ha convertido en un tormento.

En su denuncia, Arrieta expresó: “Se alteró mi rutina, y desde entonces he sufrido una serie de agresiones, tanto en redes sociales como en la calle, lo que ha generado un ambiente de hostigamiento que ha puesto en peligro la seguridad de mi familia y la mía”. Ante estos hechos, solicitó a la Justicia protecciones para ella y su familia, lo cual fue concedido.

Arrieta recurrió a la Justicia después de recibir varios mensajes amenazantes a través de WhatsApp, tras haber decidido hacer pública la visita a los represores el 11 de julio pasado, la cual fue encabezada por Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, la propia Arrieta y Rocío Bonacci, quien fue la única diputada que, al llegar al lugar, se negó a participar de la reunión y a sacarse fotos con los militares.

“La actividad originalmente no era reunirse con genocidas, nos enteramos minutos antes de llegar, entonces no participé de la charla ni de nada”, declaró Bonacci a diario Clarín.

La denuncia de Arrieta destapó una trama de reuniones, amenazas y presiones para silenciar el asunto, que ha generado un escándalo en el Congreso. En su presentación, Arrieta aportó capturas de chats de WhatsApp en los que diputados, junto con el padre Javier Ravasi y abogados defensores de militares condenados, organizaron la visita al penal y discutieron la preparación de un decreto y un proyecto de ley para otorgar prisión domiciliaria a los genocidas.

Javier Ravasi es un religioso vinculado a la conservadora congregación del Verbo Encarnado, y fundador de la fundación San Elías, desde donde critica las políticas de género y diversidad. Es también hijo del represor Jorge Antonio Olivera, condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en San Juan durante la última dictadura.

Entre los abogados mencionados se encuentran Ricardo Saint Jean, hijo de Ibérico Saint Jean, exgobernador de la dictadura y presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia; María Laura Olea, hija de Enrique Braulio Oléa, ex jefe del Batallón de Ingenieros donde operó el centro clandestino de detención “La Escuelita” en Neuquén, condenado a perpetua; y Eduardo Riggi, ex juez acusado de obstruir causas por crímenes de lesa humanidad.

Uno de los mensajes presentados sugiere que la visita contó con la aprobación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, algo que fue categóricamente desmentido por la funcionaria. “Patricia se enteró por los medios“, aclararon voceros del Ministerio de Seguridad. “Nunca hubo una charla entre la ministra y ese diputado, ese diálogo no existió”.