Sebastián Moro: la muerte del periodista mendocino en Bolivia se analiza como delito de lesa humanidad
Un trabajador de prensa mendocino fue asesinado durante la asonada contra Evo Morales. Se desconocen quiénes fueron los autores materiales del crimen, pero la investigación avanza sobre los médicos que lo atendieron en una clínica de La Paz.
El intento de golpe de Estado en Bolivia liderado por el general Juan José Zúñiga contra el gobierno del presidente Luis Arce ha traído de vuelta a la memoria colectiva los violentos eventos de noviembre de 2019, cuando Evo Morales fue derrocado. Durante aquellos días, las fuerzas militares y policiales reprimieron brutalmente, resultando en decenas de muertos. Una de las víctimas fue el periodista argentino Sebastián Moro, cuyo asesinato se investiga actualmente como un delito de lesa humanidad gracias al impulso de su familia.
Aunque todavía no se ha identificado a los autores materiales del crimen, se han presentado cargos por encubrimiento y mala praxis contra los médicos que atendieron a Moro cuando llegó gravemente herido a una clínica en La Paz. “Todavía no hay responsables por el asesinato de Sebastián, pero el Estado boliviano reconoció que murió en el contexto de un golpe de Estado y un régimen represivo. Por eso, es un crimen que no va a prescribir. Al igual que el de todas las víctimas que murieron en las protestas de esos días”, declaró Penélope Moro, hermana de Sebastián, quien ha estado impulsando la investigación desde Argentina.
Como publicó Diario Mendoza Today, Sebastián, un periodista respetado en Mendoza por sus coberturas de juicios de lesa humanidad, colaboraba con el diario Página/12 y se había trasladado a Bolivia en 2017 para trabajar en la radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). El 9 de noviembre de 2019, un día antes del golpe contra Morales, la sede de la CSUTCB fue atacada por grupos opositores.
El mismo día, José Aramayo, director de la radio, fue brutalmente agredido y atado a un árbol en un intento de linchamiento. Sebastián, quien había descrito en Página/12 la tensa situación en Bolivia en los días previos al golpe, acudió a su lugar de trabajo durante la asonada. En medio de la conmoción generalizada, con policías amotinados y grupos armados atacando a simpatizantes de Morales, la familia de Sebastián perdió contacto con él entre el 9 y el 10 de noviembre.
“Empezamos a contactar a personas que lo conocían, pero no lográbamos encontrarlo hasta que un amigo lo encontró inconsciente y golpeado en su casa en La Paz. Decidimos viajar a Bolivia con mi hermana Melody y mi mamá, Raquel Rocchietti”, relató Penélope. El 11 de noviembre de 2019, Sebastián fue ingresado en una clínica de La Paz en estado crítico; su familia llegó poco después.
“Lo llevaron a la Clínica Rengel y no le dieron los cuidados necesarios. Asumieron que estaba borracho o drogado y no lo trataron adecuadamente. Tenía heridas evidentes y nunca llamaron a la Policía para reportar el ingreso de alguien atacado”, explicó la abogada Mary Carrasco, quien sigue la investigación en Bolivia. Estudios previos a su muerte confirmaron que Sebastián tenía golpes en todo el cuerpo y un desplazamiento pulmonar. “Era evidente que lo habían golpeado y torturado. Los médicos que lo atendieron lo dejaron morir, es un caso de mala praxis y encubrimiento”, afirmó Carrasco.
El médico Huascar Mauricio Corvera Machicao y otros dos facultativos están imputados por encubrimiento y mala praxis debido a la atención negligente que recibió Sebastián. Su ataque ocurrió en un contexto de represión y persecución a dirigentes sociales y políticos por parte del régimen de Jeanine Áñez, quien llegó al poder tras el golpe contra Morales. Carrasco señaló que funcionarios del gobierno de Áñez amenazaron con buscar a periodistas extranjeros.
El entonces embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, visitó a Sebastián en la clínica pero no ofreció ayuda concreta. “Nos trajo yerba y hablaba del clima, pero no nos ayudó con los medicamentos. Luego, dijo a los medios que no había habido un golpe”, recordó Penélope. El 16 de noviembre, Sebastián murió el mismo día que comenzó la represión en Sacaba, donde murieron 11 personas y 120 resultaron heridas por orden de Áñez. Cuatro días después, otra masacre en Senkata dejó más víctimas.
Las autoridades consulares apresuraron a la familia a abandonar el país y a decidir rápidamente entre enterrar o cremar el cuerpo de Sebastián, impidiéndoles realizar una autopsia. Sin embargo, estudios médicos previos y peritajes realizados en Argentina permitieron que la causa avanzara. Fotos del cuerpo antes de la cremación revelaron heridas en piernas y tórax.
“Cremamos a Sebastián el 19 de noviembre y nos fuimos con sus cenizas. Nos negaron un avión para trasladarlo. Dijeron que no era posible en esa situación”, contó Penélope. Las cenizas de Sebastián fueron enterradas el 30 de noviembre en Guaymallén, Mendoza, en una ceremonia a la que asistieron compañeros, amigos y defensores de derechos humanos.
El mismo día, en la embajada en La Paz, Álvarez García celebró una ceremonia con los golpistas, incluyendo al ministro de Defensa de Áñez, Fernando López Julio, quien ahora está en Paraguay. “Queremos enfocarnos en averiguar qué le pasó a Sebastián y quiénes fueron sus asesinos. Hasta 2023 tuvimos apoyo del Estado argentino, pero ahora no. Seguimos buscando justicia”, afirmó Penélope.
La muerte de Moro no es la única causa judicial relacionada con el derrocamiento de Morales. En noviembre de 2019, un avión de la Fuerza Aérea Argentina llevó pertrechos bélicos a Bolivia, usados para reprimir protestas. Este envío motivó una causa por contrabando de armas en Argentina contra varios exfuncionarios del gobierno de Macri, actualmente estancada. En Bolivia, el funcionario Renzo Arteaga Fernández, que facilitó el ingreso de los pertrechos, fue condenado en 2022. El comandante de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, sigue imputado por recibir el material.
