Los empleados judiciales de Mendoza rechazaron la oferta del Gobierno y vuelven al paro a partir de este viernes

La medida se extenderá hasta el domingo a las 23 horas.

En un nuevo episodio de las negociaciones salariales entre el Ejecutivo provincial y los sindicatos judiciales, la Asociación de Funcionarios Judiciales y el gremio de Empleados Judiciales rechazaron contundentemente la oferta paritaria presentada el miércoles. Este rechazo ha desencadenado la convocatoria a un nuevo paro, profundizando la crisis en las dependencias judiciales.

La propuesta del Gobierno incluía un incremento salarial escalonado del 5% para los meses de julio, agosto y septiembre, junto con otros ítems no especificados. Sin embargo, los representantes sindicales la consideraron insuficiente y expresaron su descontento, argumentando la necesidad de ajustes salariales acordes a la inflación y mejoras en las condiciones laborales.

El paro comenzará el viernes 28 de junio a las 23:00 horas y se extenderá hasta el domingo a la misma hora para los funcionarios, afectando especialmente los fueros civil, penal, laboral y de familia. Además, se han programado medidas adicionales para el jueves 4 y viernes 5 de julio. Por su parte, los empleados judiciales iniciarán asambleas y movilizaciones a partir del lunes siguiente, con un plan de acción que aún no tiene fecha de finalización.

La situación se complica tras la finalización del periodo de conciliación obligatoria, decretado hace 20 días para normalizar las actividades en los juzgados, que siguen enfrentando retrasos significativos. Esta situación afecta no solo a funcionarios y empleados, sino también a abogados y usuarios del sistema judicial, quienes enfrentan dificultades adicionales en el ejercicio de sus funciones y el acceso a la justicia.

Las partes se reunirán nuevamente en próximos encuentros: los Empleados Judiciales el viernes próximo, y los Funcionarios Judiciales el lunes 1 de julio, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto y restablezca la normalidad en los servicios judiciales de la provincia.

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