Un fallo de la Suprema Corte de Mendoza en contra de Dalvian permitirìa al Estado provincial recuperar un monto millonario
Se rechazó un planteo de nulidad de la empresa, que considera que la presentación de Fiscalía de Estado en la cual se pagaron excesivos montos por expropiaciones, se encontraba fuera de plazos.
Esta semana, la Corte de Justicia de Mendoza rechazó un planteo de nulidad presentado por la empresa Dalvian SA y los empresarios Daniel y Alfredo Vila, relacionado con la expropiación de terrenos en Divisadero Largo. Este rechazo permite que el Estado provincial continúe un largo proceso judicial para recuperar una considerable suma de dinero pagada a Dalvian SA, tras un controvertido procedimiento lleno de irregularidades por parte del exfiscal de Estado, Joaquín de Rosas, quien fue destituido en abril de 2014 debido a su actuación en este caso.
El fallo, firmado por los ministros Dalmiro Garay y Teresa Day, junto al conjuez Claudio Alejandro Ferrer, desestimó el planteo de nulidad presentado por Dalvian contra una acción de la Fiscalía de Estado. Este organismo, junto a la Asesoría de Gobierno, busca anular el juicio que resultó en un pago excesivo por los terrenos a Dalvian, perjudicando gravemente a la Provincia.
Dalvian podría intentar apelar esta decisión ante la Corte Nacional mediante un recurso extraordinario federal. Si la Corte local no acepta dicho recurso, aún quedaría la opción de presentar un recurso de queja directamente ante el máximo tribunal de justicia nacional.
El caso de la expropiación de terrenos en Divisadero Largo implicó que el Estado pagara valores “altísimos” a Dalvian SA, mientras que otras familias expropiadas recibieron sumas significativamente menores. La Fiscalía de Estado apeló todas las sentencias de primera instancia que establecían pagos de entre $13 y $17 por metro cuadrado, considerados excesivos por fallos de segunda instancia y la Corte. Sin embargo, curiosamente no apeló la sentencia a favor de Dalvian SA, que recibió una cifra casi nueve veces mayor que otros casos similares.
Así, los propietarios expropiados que llegaron a la Suprema Corte recibieron entre $2 y $4 por metro cuadrado en esos terrenos. La inacción del exfiscal De Rosas contra Dalvian y Vila resultó en un perjuicio para el Estado Provincial, que pagó más de lo debido por esos terrenos, llevando a la destitución de De Rosas.
La reciente decisión de la Suprema Corte permite abrir un proceso para considerar nulo el fallo que favoreció a Dalvian SA, presentado por el actual fiscal de Estado, Fernando Simón, en 2016. Esta acción judicial se usa en casos excepcionales cuando hay evidencia de una “injusticia grosera,” como en este caso contra el Estado de Mendoza.
Se solicitó que Dalvian restituya $2,9 millones y que Daniel y Alfredo Vila devuelvan solidariamente $111.129, más intereses legales desde la fecha de los depósitos hechos por la Provincia. Esta suma podría ser millonaria si el fallo favorece a la Fiscalía de Estado.
En defensa de los intereses de Mendoza, la Fiscalía de Estado argumentó que el monto pagado a Dalvian SA y los Vila ocasionó un serio perjuicio al erario público, dándoles un trato desigual e injustificado en comparación con otros propietarios afectados por la misma expropiación, generando un enriquecimiento sin causa. La Suprema Corte de Justicia en otros casos similares había solicitado una nueva tasación de los inmuebles expropiados, revelando la exorbitancia del precio determinado para Dalvian y los Vila.
La jueza que resolvió el monto “exorbitante” a favor del Grupo Vila fue inducida a error por las partes, llevando a un fallo injusto. La Suprema Corte recientemente rechazó un planteo de nulidad de Dalvian, que argumentaba que el plazo para presentar la acción de nulidad había prescrito. Este planteo ya había sido rechazado previamente por el Segundo Tribunal de Gestión Asociada en lo Civil y la Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil.
La decisión de la Corte no implica adelantar una opinión sobre la nulidad de la sentencia que fijó el precio de expropiación, sino determinar si la acción interpuesta por la Fiscalía de Estado y la Provincia de Mendoza está prescripta o no. Si Dalvian y los Vila no apelan ante la Corte Nacional, el proceso continuará para determinar la nulidad de la sentencia que estableció el elevado monto pagado a la empresa.
La Fiscalía de Estado cree que puede revertir el fallo con el que se pagaron sumas elevadas a Dalvian SA, apoyándose en la destitución de De Rosas por mal desempeño en este caso, decidido por el Jury de Enjuiciamiento compuesto por ministros de la Suprema Corte y legisladores. La destitución fue votada por 16 de los 18 miembros del Jury.
