Escándalo en el caso Bento, el odontólogo acosador de OSEP, y la mafia de las funerarias de Mendoza

Hebe Casado se mostró furiosa como pocas veces. La revelación de Diario Mendoza Today respecto de los detalles del ostentoso gasto para 10 personas en una bodega de Luján de Cuyo por parte de la propia vicegobernadora, fue lo que motorizó la bronca.

Los empleados del Senado escucharon en silencio el malhumor de la mujer, que intentaba saber quién había filtrado el documento de marras a este medio. Antes, dicen, la propia Casado habría sufrido un tirón de orejas en el cuarto piso de Casa de Gobierno. Incomprobable.

Como sea, la opacidad de las cuentas del Senado empieza a inquietar a la oposición en la Legislatura. No sólo por este episodio en particular —la vicegobernadora y su gente persisten en no mostrar en qué gastan “la nuestra”—, sino porque empieza a evidenciarse un despilfarro de recursos públicos en cuestiones triviales.

Asoma en ese contexto el ostentoso viaje del secretario administrativo de ese cuerpo, Pablo Priore, quien salió del país por segunda vez, por 30 días, con goce de sueldo y todo. También una “escapada” de la propia Casado a España, a un evento de “relacionamiento institucional para dirigentes políticos”, del 24 al 28 de junio.

Entretanto, desde La Unión Mendocina insisten en pedir la pertinente rendición de cuentas. Sin éxito. Esta misma semana, a través de la nota 14.808, los senadores provinciales Germán Vicchi y Ariel Pringles solicitaron conocer los detalles de la “evaluación de cumplimiento del presupuesto del primer trimestre de 2024” del Senado, que según el tándem Casado-Priore se encontraría disponible. Pero no consiguieron hacerse con aquel detalle.

Las suspicacias están a la orden del día: ¿Por qué insisten en esconder en qué gasta el cuerpo que comanda la vicegobernadora? ¿Tan escandaloso son los números acaso?

La desesperación por tapar los propios desaguisados empiezan a jugarles en contra. Ello pudo verse esta semana en un interesante intercambio entre la secretaria Legal y Técnica del Senado, Nuria Fernanda Olivera y referentes del espacio La Unión Mendocina, luego de que esta última se escudara en presuntos artículos del reglamento del Senado para negarse a mostrar los números en cuestión.

Ello impulsó a los legisladores de LUM a impulsar un proyecto para modificar el artículo 69 de aquella norma, que quedaría redactado de la siguiente manera: “Se llevará un libro en el que se insertarán, firmadas, todas las resoluciones que dicte la Presidencia en uso de sus facultades, dentro de las 72 horas hábiles de emitidas. Todas las resoluciones de presidencia deberán ser publicadas en el sitio web de la Honorable Cámara de Senadores de Mendoza, con una demora no mayor a las 72 horas hábiles y sin ningún tipo de restricción de acceso.”

A su vez, se modifica el artículo 178 del Reglamento Interno, que quedaría redactado de la siguiente manera:

“Enseguida el Presidente, por medio del Secretario actuante, dará cuenta a la Cámara de los asuntos entrados, en el orden siguiente:

1) De las Comunicaciones oficiales que hubiese recibido, haciéndolas anunciar;

2) De todas las resoluciones de la Presidencia no informadas al cuerpo previamente y emitidas hasta  2 horas hábiles previas a la sesión;

3) De los asuntos que las Comisiones hubiesen despachado, sin hacerlos leer y anunciando que pasan al orden del día de la sesión próxima y que serán repartidos oportunamente, a no ser que a propuesta de él, o por moción de algún Senador o Ministro, acordase la Cámara considerarlos sobre tablas (Art. 142).

4) De las peticiones o asuntos particulares que hubiesen entrado por medio de sumarios hechos por la Secretaría respectiva que se leerán.

5) De los proyectos que se hubiesen presentado, procediéndose entonces de conformidad a lo dispuesto por los Arts. 125 y 126”.

Como puede verse, lo que se busca con aquellos cambios es la transparencia total de los actos administrativos del Senado. Ergo, dependerá de cómo vote el oficialismo para saber si realmente hay interés en mejorar el control de la cosa pública. Si no hay acompañamiento de la norma, quedará demostrado que lo que se busca es persistir en la opacidad.

Es una constante, que también puede observarse en el marco de las elecciones del PRO en Mendoza, donde se ha apelado a las peores prácticas para conseguir avales, a través del uso de firmas adulteradas y la utilización de personas fallecidas.

Es similar a lo que ocurre con La Libertad Avanza a nivel local, terruño en el cual la incombustible Lourdes Arrieta apeló a las mismas prácticas junto a su hermano Martín.

Ello le valió perder el paraguas protector de Martín Menem, quien empezó a “ghostearla” en Whatsapp, respondiendo cada vez menos a sus mensajes. Parecen haberse acabado los días en los cuales el padre de Arrieta exclamaba “Ahí llama mi yerno”, cada vez que llamaba el titular de la Cámara de Diputados.

Otra que comenzó a despegarse de la joven de los patitos amarillos fue “el Jefe” Karina Milei, quien decidió encabezar en personas las gestiones en esta y otras provincias para cumplimentar los requisitos que plantea la justicia electoral para registrar LLA.

De ello da cuenta diario Clarín este sábado, a través de una nota que pone el foco en el escándalo mendocino. “La diputada nacional Lourdes Arrieta, encargada del operativo, deslindó responsabilidades ‘en prácticas de la vieja política’ que supuestamente quisieron perjudicar a los libertarios locales, un argumento similar al utilizado por la rionegrina Lorena Villaverde”, según el matutino.

El argumento es falso, ya que el propio Carlos Soloa Vacas, malogrado titular del PAMI en Mendoza, puesto por la propia Arrieta, reveló a Diario Mendoza Today que él mismo vio cómo estos falsificaban las rúbricas en cuestión.

Dicho sea de paso, ¿será verdad lo que dicen las malas lenguas, que su sucesor, el libertario David Litvinchuk, buscará que su ortopedia sea prestadora del organismo que se ocupa de los mayores? Habladurías, como diría Carlos Pagni.

Sea como fuere, el PAMI se ha convertido en una verdadera papa caliente, a la merced de los caprichos de la política libertaria. Todos quieren “mojar” allí, por la millonaria caja que se maneja, pero nadie sabe qué hacer una vez que recala en aquel sillón.

Es similar a lo que sucede en estas horas en OSEP, con un radiólogo de odontología que acumula denuncias por acoso sexual. No sólo a compañeras de trabajo, sino también a puntuales pacientes. Lo sabe la responsable del área, quien decidió archivar aquellos señalamientos.

Oportunamente, se avanzó en un “pase” a personal para que el hombre quede a disponibilidad del área de Recursos Humanos. De allí se lo intentó trasladar al hospital El Carmen, pero fue rechazado por los motivos expuestos. Hoy en día, la incómoda decisión está en manos del subdirector de OSEP, Vicente Diez. ¿Desvinculará al degenerado o lo mantendrá en su cargo?

Mientras se estira la cuestión, las denuncias se acumulan, sin solución de continuidad. De hecho, una de las mujeres afectadas ha decidido recurrir a la Justicia para hacer la pertinente denuncia. Un verdadero escándalo en ciernes.

Similar a otro que también está por explotar y que complica a reputadas empresas funerarias de Mendoza, las cuales venden hasta tres o más veces el mismo ataúd.

“Desde hace un tiempo, las familias de los difuntos compran un ataúd y el servicio fúnebre que acompaña y que varían en su precio y calidad. Lo que no saben es, que en el momento de la cremación, sacan al cuerpo del ataúd, lo ponen en una bolsa y lo ingresan así al horno crematorio”, sostuvo una importante fuente del sector a Mendoza Today.

Y añadió: “De esta forma, el ataúd es vuelto a la cochería y vendido tantas veces como lo vean usable. Estamos ante una mafia de la que nadie habla, tanto por tratarse de un tema doloroso para las familias, como de negocio fraudulento para cocherías y crematorios. Además, hay que sumar a esto la contaminación que deja un cuerpo sin vida, que tampoco se sabe de qué falleció (meningitis, covid, etc.), y es puesto nuevamente en otro velatorio y tocado por familiares y amigos dolientes”.

Finalmente, el informante denunció: “Quienes son testigos de estos hechos son forzados a realizar estos fraudes, no pueden denunciar por miedo a perder sus puestos de trabajo”.

Finalmente, otra denuncia que dará qué hablar esta semana, que refiere a la pérdida de estratégicos celulares por parte de la Dirección General de Investigaciones y la Policía contra el Narcotráfico (PCN). Los aparatos habían sido incautados por la Justicia Federal.

Abogados del otrora juez Walter Bento sospechan que uno de los teléfonos evaporados correspondería a Diego Barrera. El mismo iba a ser peritado el próximo 19 de junio y expondría presuntas falacias por parte de los fiscales del caso.

Los letrados también buscan avanzar legalmente contra un periodista de diario El Sol, a quien acusan de haber “operado” de manera interesada contra el ex magistrado. Conociendo la reputación del colega, no sorprendería.