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El Senado mendocino aprobó la “adenda” por 1023 millones de dólares para obras de infraestructura

Se trata de un histórico reclamo por perjuicios causados por políticas de promoción industrial. El proyecto fija que estos fondos deben aplicarse exclusivamente a proyectos de desarrollo provincial, impulsando significativas mejoras en la región. Fue remitido al Poder Ejecutivo, para su posterior promulgación.

Durante la sesión desarrollada este martes, la Cámara de Senadores ratificó el Decreto del Poder Ejecutivo que aprueba la adenda por los fondos del resarcimiento por la promoción industrial. Esta decisión implica la disposición de 1023 millones de dólares destinados exclusivamente a financiar obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de la provincia de Mendoza.

Cabe recordar que la política de promoción industrial aplicada por el gobierno nacional mediante los Decretos 804/96, 1125/96 y 69/97, resultó perjudicial para la provincia de Mendoza. Esta situación fue calificada de «arbitraria e inconstitucional» según la fundamentación del proyecto de Ley.

Al momento de ser tratado en el recinto de sesiones, la presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto en el Senado, la senadora Ángela Floridia contextualizó el tema, recordando que la promoción industrial aplicada en los años 90 discriminó a Mendoza, llevándola a demandar al Estado Nacional en 1998. En 2006, la Nación reconoció el reclamo y se comprometió a financiar la obra de Portezuelo del Viento. En 2018, un laudo fue favorable a Mendoza y en 2019 se autorizó cancelar la deuda de 1023 millones de dólares mediante la emisión de letras. Sin embargo, en 2022, el presidente Alberto Fernández ordenó revisar los estudios técnicos, lo que perjudicó el avance del proyecto. La senadora destacó que el gobernador Alfredo Cornejo logró este año disponer de los fondos para avanzar en otras obras, solicitando la ratificación del decreto.

Posteriormente, el senador Martín Rostand de la Unión Mendocina, argumentó en contra de la adenda, señalando que permite al Gobierno disponer libremente de los fondos, lo cual podría derivar en discrecionalidad en su uso. Además subrayó que la cuantiosa indemnización debería ser utilizada para obras estructurales que potencien el desarrollo de Mendoza, especialmente en el sur de la Provincia. Criticó la dispersión de los fondos y abogó por un enfoque más centrado en proyectos de largo plazo.

Mauricio Sat, del Partido Justicialista, expresó que la adenda borra años de historia y acusó al Gobierno provincial de querer disponer de los fondos para sus propios intereses. Destacó además el perjuicio que la promoción industrial causó en San Rafael y defendió la legitimidad del reclamo de Mendoza. Criticó la falta de compromiso del gobierno con la obra de Portezuelo del Viento y cuestionó la integridad de los dirigentes políticos que han cambiado su postura.

El presidente Provisional del Senado, Martín Kerchner Tomba, criticó la posición de la provincia de La Pampa, señalando la falta de acciones concretas en gobiernos anteriores y defendiendo los esfuerzos realizados durante la gestión del gobernador Alfredo Cornejo, subrayando que los gobiernos de Celso Jaque y Francisco Pérez no realizaron obras significativas.

Asimismo destacó las obras realizadas durante la gestión de Cornejo, especialmente en el sur de la provincia, mencionando específicamente el puente badén sobre el río Diamante, en San Rafael, una demanda de 30 años. Además, defendió el proceso técnico y legal llevado a cabo para el proyecto de Portezuelo del Viento, criticando la falta de fundamentos técnicos de las objeciones de La Pampa y acusando al gobierno de Alberto Fernández de frenar el proyecto por decisiones políticas.

Luego, el legislador Pedro Serra calificó la situación como «la crónica de una muerte anunciada», criticando la politización del proyecto y recordando las promesas incumplidas por parte de diferentes gobernadores. Además, señaló que tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández requirieron estudios de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado, enfatizando que las decisiones técnicas se mezclaron con motivos políticos. «Los laudos son laudos, son cuestiones técnicas», afirmó el senador, subrayando la importancia de mantener la claridad entre decisiones políticas y técnicas.

En tanto que Walther Marcolini, presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, aportó una visión histórica y técnica sobre el conflicto. En este orden destacó la importancia de la adenda y la disponibilidad de los fondos para obras de infraestructura, descartando su uso para gastos operativos o corrientes. «Hoy estamos acá tratando este expediente para aprobar o no la modificación de la cláusula tercera», indicó Marcolini, abogando por una política de desarrollo productivo a mediano y largo plazo.

El senador Félix González del Partido Justicialista abrió el debate con una crítica severa sobre la falta de acuerdos y la incapacidad de diálogo de la política mendocina. Además destacó que Mendoza ha perdido la capacidad de discusión y consenso necesario para impulsar obras como Portezuelo del Viento, debido a la falta de negociaciones y acuerdos con otras provincias. El legislador justicialista también cuestionó el criterio de repago impuesto a los proyectos, argumentando que muchos no tienen una capacidad inmediata de repago. Según él, este enfoque limita las posibilidades de desarrollo de obras importantes para la Provincia.

Desde el Partido Verde, el senador Dugar Chappel expresó su desacuerdo con la adenda en tratamiento, calificándola como una cesión a la extorsión del Gobierno Nacional. «Pocos son los argumentos que me podrían convencer para votar a favor de esta adenda», afirmó.

En contraste, Armando Magistretti del Partido Demócrata respaldó la decisión del presidente Javier Milei, considerándola favorable para el desarrollo de Mendoza. «Tenemos que fijarnos altos beneficios y altas metas más allá del reclamo que se establezcan desde diferentes municipios, la estrategia tiene que ser global», indicó.

Luego, el senador Germán Vicchi de la Unión Mendocina, compartió la preocupación de Félix González sobre la transparencia y el manejo de los fideicomisos. También criticó la falta de control y transparencia en la administración de los fondos, señalando que no se han presentado balances ni informes trimestrales al Tribunal de Cuentas. «La eficiencia y la transparencia están ausentes en la gestión actual», aseveró.

Adriana Cano, presidenta del Partido Justicialista en el Senado, ofreció una visión crítica del historial de gestión del proyecto Portezuelo del Viento. Describió el proyecto como una «historia de un fracaso» y subrayó la incapacidad de la política mendocina para alcanzar acuerdos beneficiosos para la provincia. También criticó la situación económica y social de Mendoza, mencionando problemas como el alto desempleo juvenil, la baja inversión pública y la falta de programas de desarrollo económico. Aportó que desde su bloque, votarán en forma dividida.

Los senadores Ariel Pringles y Jésica Laferte, también opinaron sobre el proyecto. Durante su discurso, el legislador de La Unión Mendocina explicó que desde su bloque votará el proyecto en forma dividida, ya que algunos están a favor de la iniciativa, y otros en contra.

El cierre estuvo a cargo de la presidenta del bloque oficialista, la senadora Natacha Eisenchlas, quien hizo un llamado urgente a sus colegas en el Senado para centrarse en la habilitación de la inversión de fondos inmovilizados en la provincia de Mendoza. En un contexto de profunda crisis económica, Eisenchlas destacó la situación crítica de miles de mendocinos que viven en la pobreza y enfrentan una recesión creciente. La senadora insistió en que Mendoza tiene una oportunidad única para reactivar su economía, una posibilidad que otras provincias no tienen, y que es el resultado de años de esfuerzo por parte de dirigentes políticos de diversos partidos.

La jefa del radicalismo recordó hitos importantes en esta lucha, comenzando con la demanda presentada en 1998 por el exgobernador Arturo Lafalla contra el Estado Nacional, y continuando con el acuerdo transaccional de 2006 bajo la gestión de Julio Cobos, que eligió la obra de Portezuelo del Viento. Destacó también la adenda de 2019 durante la presidencia de Mauricio Macri, que comprometió más de mil millones de dólares para obras hídricas en Mendoza. Por ello enfatizó la importancia histórica del momento y la necesidad de actuar con decisión para aprovechar esta oportunidad.

El proyecto fue aprobado por mayoría de votos: 28 afirmativos y 10 negativos. Al recibir el aval de ambas Cámaras Legislativas, la iniciativa fue remida al Gobierno de la Provincia para su posterior promulgación.

adenda por 1023 millones de dólares para obras de infraestructura

Historia de una demanda histórica

En 1998, Mendoza interpuso una demanda por resarcimiento, la cual fue reconocida en un Acta Acuerdo celebrada el 29 de agosto de 2006. Este acuerdo, aprobado por la Ley 7708 y ratificado por el Decreto Nº 687/2007 del Ejecutivo Nacional, fue homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2009.

El 16 de enero de 2018, el entonces presidente Mauricio Macri dictó un laudo a favor de Mendoza, ordenando cancelar la deuda con la provincia mediante la emisión de letras intransferibles por un valor nominal de 1.023.362.922 dólares, ratificado por la Ley N° 9170.

Tras un laudo contrario por parte del expresidente Alberto Fernández, Mendoza y el gobierno nacional acordaron ampliar el objeto del Acuerdo para incluir otras obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial. Esta adenda, celebrada en abril de 2024, permitió la liberación de fondos originalmente destinados a la obra Portezuelo del Viento.

El proyecto remitido a la Cámara de Diputados, dispone la aprobación del Decreto Nº 883 del 9 de mayo de 2024. Este decreto aprueba la adenda al acuerdo suscripto el 19 de junio de 2019 para la ejecución de la obra «aprovechamiento hídrico multipropósito portezuelo del viento». La adenda fue suscrita el 25 de abril de 2024 por el Ministro del Interior de la Nación, Dr. Guillermo Alberto Francos, el Ministro de Economía de la Nación, Lic. Luis Andrés Caputo, y el Gobernador de la Provincia de Mendoza, Lic. Alfredo Cornejo.

El decreto provincial estipula que los recursos serán aplicados exclusivamente a financiar obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial y sus accesorios, prohibiendo expresamente su aplicación a gastos corrientes.

Con esta ratificación, Mendoza avanza en la consecución de recursos vitales para su desarrollo, atendiendo a un reclamo histórico y garantizando inversiones en infraestructura que beneficiarán a toda la provincia.

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