Christian SanzPortada

Grave denuncia contra Rufeil por la presunta existencia de centros clandestinos de castigo en San Martín

Empleados del departamento de San Martín fueron a la Justicia y detallaron una trama escandalosa. Daños psicológicos y baja de sueldos.

Christian Sanz
Christian Sanz

Mientras estas líneas se escriben, la Justicia de Mendoza investiga una inusual denuncia por daños y perjuicios contra el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, y algunos de sus funcionarios por parte de trabajadores de esa comuna.

En la presentación, a la cual tuvo acceso Diario Mendoza Today, se acusa la existencia de presuntos centros clandestinos de castigo, que cuentan con un mecanismo accesorio y premeditado para que no quede constancia en los legajos de aquellos que son castigados.

Los que llevan adelante la denuncia son Yamil Eric Ceferino Debia, Enrique Alejandro Aranda, Hector Marino Saez, Mauricio Gabriel Espina, Dario Antonio Soloa, Domingo Sergio Giordanino, Juan Carlos Sosa, Mario Javier Sosa y Walter Felix Tagua. Todos ellos acusados y luego desvinculados de una denuncia por faltante de combustible.

Allí se detalla el derrotero en cuestión, con detalles escabrosos: “Es modal práctica vejatoria y humillante en contra de la Dignidad Humana, entre otros, que se deriven a trabajadores, por Ej., al Cementerio —para construir nichos—, al Parque Agnesi para levantar suciedades y la limpieza de baños, entre otros, como lugares de castigo para realizar tareas no acordes al tipo de escalafonamiento, y sin que la orden se dé por escrito, sin justificación del servicio que así lo requiera y, para colmo, sin que ello conste en los recibos de haberes, de modo que el cambio de funciones vejatoria por causas personal no quede en el historial de los trabajadores”.

En uno de los casos, se mandó al “castigado” a cuidar un pozo de agua. Para ello sólo contaba con un balde y una tabla para estar sentado durante toda la jornada laboral a la intemperie, sin baño, agua potable y sin seguridad alguna.

No se trató de episodios aislados sino de meses de violencia laboral. Hoy todos están diagnosticados con incapacidades importantes por lo sucedido”, dijo a este diario Sergio Palermo, abogado de los denunciantes.

E insistió: “Son nueve personas perjudicadas, con daños psicológicos y con incapacidad dictada por profesionales. Les han hecho quita de salarios a dedo, los han discriminado y viven con la amenaza latente de que les saquen ítems, lo cual bajaría aún más sus sueldos”.

No es lo único que deben sufrir los malogrados empleados de San Martín. Sus salarios no superan los 169 mil pesos por mes y deben facturarle al municipio como si fueran proveedores. Un explícito fraude laboral.

“Ello es un mecanismo de evasión fiscal municipal al sistema de la seguridad social sindical y previsional, además que deja a dicha persona en estado de hipo suficiencia al no contar con el seguro obligatorio de ley y con la obligatoria cobertura de ART”, añadió el abogado Palermo.

Por lo pronto, la Justicia determinó prohibición de acercamiento los funcionarios de Rufeil hacia los nueve denunciantes: Eduardo Saúl Reta, Raúl Tamagnone y Jorge Giuliano,

Sugestivamente quedó fuera de esa medida el intendente, siendo que funcionalmente son funcionarios nombrados por el a partir de su gestión pública. 

Como se dijo, hay documentos, fotos, videos y otra tanta prueba que deja en evidencia el referido sistema, perverso y cruel como pocas veces se ha visto. ¿Será Justicia?

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