Mario GarcíaPortada

Una incipiente trama de corrupción en la Dirección de Protección de Derechos mueve los cimientos mendocinos

Una historia de corrupción en su máxima expresión, que perjudica a niños, niñas y adolescentes.

Mario García
Mario García

La corrupción en Mendoza suele darse en los lugares menos esperados. Uno de ellos es la Dirección de Protección de Derechos de Mendoza (DGP), que depende del hoy Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE.

Las fuentes de esa dependencia que se reunieron con Diario Mendoza Today, coinciden en señalar la llegada del contador Felipe Laucieri a la Dirección de Administración de esta Institución como el inicio de la trama.

“Se asoció con el señor Juan Lara, quien en ese momento contaba con un auto que era contratado por lo que en ese momento era la DINAF, en poco tiempo creció su negocio exponencialmente, en la actualidad es dueño del 90% de las movilidades que se contratan en toda la provincia”, explicó uno de los informantes.

Progresivamente, según pudo reconstruir este medio, se fueron sacando las movilidades oficiales con excusas tales como que los choferes —personal de planta del gobierno— rompían los vehículos a propósito para no trabajar, y fueron contratando vehículos de Lara.

En la actualidad, “son escasos los proveedores que cuentan con vehículos contratados por DGP. Solo quienes lograron una alianza con Lara lograron avanzar, como Sebastián Valdez o Benjamín Correa, obviamente no al nivel del dueño de todo”, dijo otra de las fuentes, acompañando sus palabras con alguna documentación.

Y agregó algunos nombres: “Dentro de la Institución existe la complicidad de varias personas como Gustavo Hellvig, jefe de compras, Mario Mérida y Mauricio Hellvig en auditoría, jefes de asesoría letrada como Diego Hadid, la jefa de movilidad Margarita Pérez entre otros. Por supuesto, todo esto avalado por la directora general Vanina Barone en su momento y las nuevas autoridades de las cuales no estoy seguro de que tengan total conocimiento de lo que sucede”.

Las fuentes explicaron a Mendoza Today que, tanto los autos como las Trafic son utilizadas para robar kilómetros: “Estos vehículos son enviados a distintos lugares alejados luego de haber terminado los recorridos de escuelas y haber trasladado los chicos de los hogares a los turnos médicos, todos esos kms realizados sin estar al servicio de la Institución son cobrados como servicio prestado”.

Los detalles son aún más escabrosos: “En la actualidad todos los vehículos poseen GPS, el cual es monitoreado, obviamente, desde la oficina de movilidad en DGP. En esta oficina no tienen ni idea de las tareas que le son asignadas a los choferes (pueden ver dónde están las unidades pero no saben si están realizando alguna actividad inherente al trabajo en si o no), lo que convierte al sistema de GPS en un gasto más para el Estado sin ninguna utilidad. El señor Lara realiza viajes particulares e instruye a sus choferes para que inicien y terminen el viaje en la calle Armani 1800 de Godoy Cruz, donde funciona la oficina de movilidad de la Dirección de Cuidados Alternativos para que al ser monitoreada se considere que ha sido un viaje al servicio de la Institución”.

A pesar de que la licitación dice que los vehículos deben contar con aire acondicionado y calefacción, la realidad es que no lo tienen, las niñas, niños y adolescentes que son trasportados en ellos varias veces se han descompuesto por el frío en invierno y el calor del verano. “Del mismo modo cuentan con fallas mecánicas, lo que hace que en múltiples ocasiones los niños se queden sin movilidad para asistir a la escuela. También dice la licitación, que de sufrir algún desperfecto, los vehículos deben ser reemplazados por un taxi o remis, cosa que tampoco ocurre”, insistieron los informantes.

Y explicaron que los empleados de DGP son obligados a firmar planillas con recorridos ficticios y deben hacerlo sin cuestionar, porque eso podría costarles el trabajo. “Actualmente se rumorea que se va a contratar a una persona de confianza del señor Lara para que se haga cargo de coordinar las movilidades de la Institución, todo esto para poder robar sin cuestionamientos”, agregaron.

Y terminaron: “El Tribunal de Cuentas audita, encuentra irregularidades y les ponen multas que son de risa, esto da a entender que todo se resuelve con una coima. Todo este mundo donde los que roban adquieren cada vez más poder y son impunes me asquea. Sobre todo, y principalmente porque se están robando el dinero de las niñas, niños y adolescentes con un sinnúmero de derechos vulnerados. Chicos que están en los hogares durmiendo en el suelo por falta de camas, pasando frío por falta de abrigos, con falta de cuidados porque el personal en los hogares donde están hacinados no es suficiente para atender a tantos niños”.

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