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Petro acusó a una empresa contratista del Estado de poner en vilo a la democracia colombiana

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó hoy a la empresa Thomas & Sons, a la que su gobierno adjudicó la confección de los pasaportes, de poner en vilo la democracia dado que podrían “controlar toda la base de datos de los colombianos” y “el escrutinio de las elecciones”.

“Lo que se está construyendo en Colombia puede afectar definitivamente la democracia”, dijo Petro en la red social X.

“En el último año han logrado que Thomas & Sons propiedad de los hermanos Bautista y con lobby de políticos muy pero muy poderosos, pueda controlar toda la base de datos de los colombianos en la registraduría y al mismo tiempo controlan el escrutinio de las elecciones”, expresó.

El mandatario señaló que la empresa no solo se quedó con el manejo de los pasaportes, sino que tiene bajo su control el software de la Registraduría (entidad encargada de confeccionar el padrón electoral) y la emisión de cédulas nuevas, según la agencia de noticias Sputnik.

“Tienen el control de las dos palancas de la elección. Una empresa privada, Thomas & Sons, controla por completo las elecciones y puede hacer un fraude monumental. Se pasaron por la faja la orden del consejo de Estado que ordenaba cambiar el software en la registraduría y ahora tiene toda la cedulación y quieren completar con los pasaportes”, continuó.

Thomas Greg & Sons se quedó ayer con el manejo de la emisión y la renovación de los pasaportes, por decisión del secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, en una medida que fue fuertemente criticada, incluso por Petro, quien calificó la acción como una “traición” y despidió a Salazar de su puesto ayer mismo.

“Si es el resultado de cumplir estrictamente con la Constitución y la ley, me voy feliz. Después de hacer un estudio minucioso del tema de las normas constitucionales y de contratación estatal, encontré que no era viable mantener en vigencia la decisión del canciller Leyva“, respondió Salazar.

La licitación para adjudicar la confección de los pasaportes había sido declarada desierta por el canciller Álvaro Leyva, quien cumple una suspensión de tres meses impuesta por la Procuraduría General, por supuestas irregularidades en esa decisión.

Con la cancillería interinamente a cargo del embajador Luis Murillo y mientras este estaba de viaje fuera del país, Salazar adjudicó el polémico contrato.

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