La diplomacia de Javier Milei opera cambios en la ONU

Argentina instó "a las autoridades nicaragüenses a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y a restablecer los derechos de las personas privadas de su nacionalidad", en tono con los países de la Unión Europea y Reino Unido, entre otros. Por Juan Gasparini, desde Ginebra.

La reciente abstención del flamante gobierno argentino de Javier Milei en la Asamblea General de la ONU al votar por un «cese el fuego» en la guerra entre Hamas e Israel, corrigió el apoyo de 45 días antes, otorgado por el gobierno precedente de Alberto Fernández. Este 18 de diciembre, la Argentina dio otro paso en similar sentido: retornó a la critica condenatoria del gobierno sandinista, que Fernández abandonara, cuando llegó al poder en diciembre de 2019. Explicaciones.

La primera resolución de la ONU del 27 de octubre pasado, por una «tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida que conduzca al cese de hostilidades», entre Hamas e Israel, se adoptó por 120 votos a favor, 45 abstenciones y 14 en contra. Destacaron en oponerse Guatemala, Paraguay, Austria, Estados Unidos, Hungría e Israel. Argentina votó a favor, junto a Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Perú.

La segunda resolución, del 12 de diciembre último, arrojó 153 votos a favor, 23 abstenciones y 10 en contra. El texto reclamó la «liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes», sin condenar a Hamas por el ataque a Israel del 7 de octubre pasado. Al igual que el Reino Unido, Ucrania, Uruguay y Hungría, Argentina se abstuvo, quizá un «gesto» hacia Estados Unidos e Israel, quienes encabezaron los votos opositores, acompañados por Paraguay, Guatemala, Panamá, Chequia y Austria.  El resto de los 193 Estados que integran la Asamblea General de la ONU, se pronunciaron a favor, menos Venezuela que no votó en ninguna de las 2 resoluciones.

Por otro lado, debe recordarse que el 21 de marzo de 2019 bajo el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina lideró en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el «grupo proponente o de autores» de la primera resolución condenatoria contra Nicaragua. Ese grupo de Estados estuvo integrado, además de la Argentina, por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. 

Dicha resolución se justificó por la brutal represión del matrimonio presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, contra las protestas que empezaron en abril de 2018 por el recorte de las pensiones jubilatorias, matando a 300 personas.  Ante las críticas manifestadas por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Nicaragua, el gobierno sandinista expulsó del país al equipo de la citada Oficina en noviembre de 2018. La represión se acentuó, culminando con el cierre de 25 universidades, la prohibición de 9338 oenegés, forzando al exilio a 600 mil nicaragüenses.

Esta resolución permitió establecer canales de información en Nicaragua a través de informes de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, y de su sucesor,  Volker Turk, reflejados en otras resoluciones posteriores, todas debatidas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluyendo nombramientos de expertos independientes. El dispositivo constituye un mecanismo de control permanente sobre un país violador, máxima sanción en el sistema de Naciones Unidas. 

Esta resolución fue asimismo impulsada por Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Paraguay. Sin embargo, en 2020, tras la llegada de Alberto Fernámdez al poder en Argentina, Buenos Aires retiró el patrocinio al dispositivo de control sobre Nicaragua. No obstante, los demás países «proponentes» de la región, se mantuvieron, pese a que algunos tuvieron también elecciones ganadas por la izquierda: Brasil, Chile, Colombia y Perú.

Al respecto, el discurso de Argentina en Ginebra fue elocuente porque anunció su retorno al grupo de países “proponentes” sobre el caso de Nicaragua. Denunció «detenciones arbitrarias sin las debidas garantías procesales como las del Obispo Rolando Álvarez; torturas, malos tratos en prisión». Subrayó la «deportación, privación arbitraria de la nacionalidad y prohibición de que los nicaragüenses regresen a su país», cuyo «sistema de justicia carece de toda independencia».

Finalmente la Argentina instó a las autoridades nicaragüenses «a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y restablecer los derechos de las personas privadas de su nacionalidad». Y les recomendó «cooperar plenamente y permitir el acceso al país a la Oficina del Alto Comisionado, a grupos de expertos y órganos de Tratados, para que puedan cumplirán sus obligaciones internacionales en derechos humanos».

Al su vez, trascendió el relevo de 9 embajadores argentinos, anunciado por la nueva Canciller, Diana Mondino, todos funcionarios de carrera, quieres concluyeron sus mandatos en el exterior. A saber: Gustavo Teodoro Grippo, María del Carmen Squeff, María Fernanda Silva, Leonardo Daniel Constantino, Javier Esteban Figueroa, Hugo Javier Gobi, Eduardo Antonio Zuain y Federico Villegas, quien en 2022 presidiera el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

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