El pasado 24 de octubre, el bodeguero de Mendoza Federico Pulenta fue detenido junto al financista croata Ivo Rojnica, por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en el marco de una causa vinculada a presunto lavado de activos vinculado a un cartel de narcotraficantes, en un operativo realizado por la Policía Federal.
Se trata de una investigación abierta desde hace cinco años en el juzgado de Lomas de Zamora en relación a la actividad en el país de un cártel de droga mexicano y es el desprendimiento de un operativo contra el narcotráfico que se conoció como “Bobinas Blancas”.
La pista es un grupo de traficantes mexicanos y sus cómplices locales que conformaron una estructura local para exportar la droga oculta en cargamentos a destinos como Canadá y mover su dinero con una serie de empresas fantasma.
Puntualmente, “Bobinas blancas” se desató la noche del 18 de junio de 2017, cuando la Policía Federal, con el acompañamiento de la DEA, logró secuestrar 2 mil kilos de cocaína embalados en rollos de acero, ocultos en un galpón del Parque Industrial bahiense.
El cargamento estaba embalado en distintos panes multicolor, dentro de bobinas que tenían como destino Canadá y Barcelona. Se estima que su valor rondaba los 60 millones de dólares. Se encontraron, por otra parte, 220 mil dólares efectivo, 158 mil pesos y cinco vehículos, además de armas de fuego.
Las condenas del Tribunal Oral Federal
Los siete procesados por el caso fueron condenados con penas de entre 15 y 5 años de prisión, al cabo del debate que llevó adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
Se ordenó la inmediata detención de uno de los acusados, que hasta el momento gozaba de la libertad. El fallo dispuso el rechazo de distintos planteos de nulidad e inconstitucionalidad que realizaron las defensas, por lo cual las siete personas que llegaron a juicio, fueron condenadas en esta causa que tuvo gran repercusión nacional e internacional.
Max Rodríguez Córdova fue condenado a 15 años de prisión; mientras que Jesús Madrigal Vargas y Gilberto Acevedo Villanueva recibieron una pena de 14 años de cárcel. En los tres casos (todos son de nacionalidad mexicana) se los responsabilizó de almacenamiento de estupefacientes por parte de tres o más personas en distintos días de los meses de junio y julio de 2017. Marcelo Rafael Cuello y Amílcar Darío Martino fueron condenados a 6 años de prisión cada uno. Emanuel García fue sentenciado a 5 años y se ordenó su inmediata detención. Darío Cuello también fue condenado a 5 años de prisión.
Pruebas contundentes
El Tribunal entendió probado que en un galpón ubicado en calle México, entre G. Mosconi y F. Ramírez, del Parque Industrial de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, se almacenaron 1375,896 kilogramos de cocaína, y que en otro galpón emplazado sobre la Ruta Nacional 40, en el partido de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, se almacenaron 486,21 kilogramos de cocaína.
A lo largo del debate, se comprobó que el almacenamiento de la droga formó parte de una sofisticada logística llevada a cabo de manera conjunta y coordinada por los nombrados, quienes con intención de exportar la sustancia encontrada en Bahía Blanca realizaron un inédito y complejo mecanismo de ocultamiento de 1258 panes de cocaína en 8 estructuras huecas recubiertas con varias vueltas de láminas de acero enrolladas, aparentando ser bobinas de acero normales.
A su vez, se comprobó que la droga almacenada en un galpón en la provincia de Mendoza se encontraba distribuida en diversas bolsas de arpillera, disimulada y oculta principalmente entre piedras y cal, probablemente con el mismo objetivo de exportación.
Interrogantes abiertos
En el debate no pudo establecerse con claridad cuál sería el o los países a los cuales la banda remitiría las bobinas cargadas con droga, aunque aparecieron España y Canadá como probables destinos, hipótesis que se vio reforzada por haber quedado comprobada la existencia de al menos tres exportaciones previas de bobinas de acero realizadas desde nuestro país hacia aquellos países durante 2016 y 2017 (maniobras que, cabe aclarar, no fueron juzgadas en el debate).
Tampoco pudo determinarse el lugar de elaboración de la sustancia hallada, ni individualizarse a los autores de aquella tarea.
Los jueces instaron a profundizar las investigaciones
El juicio, que comenzó en el mes de febrero de 2021 y se extendió por más de seis meses, fue llevado a cabo por jueces subrogantes, a raíz de la vacancia que por aquel entonces existía en el Tribunal Oral Criminal Federal bahiense. El fiscal actuante en el debate fue Gabriel González Da Silva.
El Tribunal dispuso el decomiso de una pluralidad de bienes que formaron parte de la maniobra delictiva, entre los cuales figuran automóviles, dinero en efectivo y una multiplicidad de instrumentos empleados durante las tareas de ocultamiento de las sustancias prohibidas.
A su vez, los magistrados pusieron a disposición de la Fiscalía y de la querella (AFIP-DGI) la totalidad de los expedientes y documentación que conforman la causa, a fin de que extraigan las copias que estimen corresponder y, en ejercicio de sus respectivas facultades, profundicen las tareas tendientes a dar con el paradero de los restantes miembros de la banda que aún se encuentran prófugos, y formalicen una serie de denuncias e investigaciones por diversos hechos derivados de la presente causa que, como anticiparon en sus respectivos alegatos finales, podrían encuadrar en otras figuras delictivas.
