Ante la cobarde agresión que sufrió la Dra. Claudia Rios, Fiscal de la UFI de Homicidios (no hubo una sola muestra de solidaridad hacia la misma, sea corporativa del Colegio de Abogados de Mendoza, ni particular de ninguna asociación o grupo de colegas); surge una cuestión muchas veces silenciada: los abogados que ejercen el derecho penal en la Provincia de Mendoza viven dichos riesgos a diario. Al ingresar a la penitenciaria no tienen ninguna protección de ataques, si no todo lo contrario, cada vez se ve más limitado y controlado su accionar que no es otra cosa que plasmar la garantía Constitucional del Derecho de Defensa. Incluso hoy deben aportar su IMEI del celular como si fueran delincuentes o cómplices de sus defendidos.
Esta urgencia de seguridad que se vió evidenciada con el brutal ataque (no es la primera vez que ocurre, han disparado a Magistrados en sus lugares de trabajo); se ha tomado una medida “paliativa” que afecta los derechos de los abogados “de la calle”: al ingresar al edificio del Polo Judiical se ven obligados a ser requisados como si fueran presos, mientras por la otra puerta los Fiscales y Jueces pasan sin que ocurra lo mismo.
La política partidaria vuelve a entrometerse en la defensa de los derechos de los colegiados: la comisión de Derecho Penal del Colegio e Abogados que ha sido intervenida hace poco es dirigida por Josefina Ferro y Daniel Patiño, colegas jóvenes, elegidos por el Directorio del Colegio de Abogados a instancias del DR. Lo Bello y Awad (referenciado este último con Franja Morada) por un lado que deben esperar ante los reclamos de los Colegas que el Directorio del Colegio les dé el “ok” político para hacerlo; y otro grupo de autoconvocados liderado por la presidenta deplazada, Dra. Susana Soletti, que responde al Dr. Sebastián Soneira, y su grupo de pertenencia en el Poder Ejecutivo Provincial (fue utilizada con mucho orgullo para ella para defender la reforma a la ley de Juicio por Jurados en representación del Colegio de Abogados en 2020).
Este es su comunicado:
“Queridos colegas Atento a que los abogados penalistas matriculados del Foro Local han tomado conocimiento de que colegas han sufrido avasallamiento de sus derechos, requisándolos para el ingreso del edifico de los Jueces del Polo Judicial Penal a partir del día Jueves 14 de Septiembre, configurando con este accionar una violación a lo que establece el Art. 21 de la Ley 4.976: “El abogado estará asimilado a los magistrados judiciales: en cuanto al respeto y consideración. La violación de esta norma constituirá falta grave y dará lugar a aplicación de sanciones.”
Este accionar excede cualquier tipo o cualquier parámetro de racionalidad respecto de las medidas de seguridad, ya que esta situación implicaría un mensaje de que los profesionales representan un peligro para el desarrollo normal de la labor jurisdiccional. Este accionar para los profesionales del Derecho penal es ofensivo e injurioso por que nos hace entender que somos parte del peligro, cuando en la realidad en los hechos del ejercicio profesional y de tribunales los que están en riesgo en cada audiencia son los abogados, los jueces y los fiscales. Los profesionales somos parte de los que están EN RIESGO.
Tenemos entendido y así lo han expresado los colegas que han sufrido estas requisas que a los fiscales no los requisan, simplemente se anuncian, DICEN SOY FISCAL Y PASAN DIRECTAMENTE.
Por lo tanto nos auto convocamos, a lo cual los invitamos a todos los profesionales del Derecho que ejercen la materia penal a las 10:00 hs. en la puerta del Colegio de Abogados para exigir a las autoridades del Colegio y del Tribunal de Ética que se hagan presentes, a fin de nos informen cuál es la acordada, resolución u orden por la cual se ha hecho efectivo este avasallamiento, a lo cual ya adelantamos no vamos a permitir y no vamos a consentir que continúe.”
Es necesario que las instituciones y colegas vuelvan a carriles normales: el Colegio de Abogados es nuestro “sindicato”. Se ha transformado en los últimos años en plataforma de lanzamiento utilizada para saltar a la Magistratura o a cargos políticos.
Quien desee elegir el camino de la Magistratura (más que digno, y es deseable que más colegas que hayan litigado y conozcan la realidad del otro lado del mostrador sean los nuevos Fiscales, Jueces, Camaristas), no debe seguir queriendo liderar a abogados que tienen su vocación en el trabajo diario en sus estudios, sin sueldos fijos, arriesgando todo los meses costos cada vez más altos y honorarios denigrados.
Por ello es una urgencia que ante una crisis de seguridad dónde una magistrada debió recurrir a usar gas pimienta para defenderse, y tiene las herramientas del Ministerio Público a su alcance y sin embargo sufrió tan vil ataque solo por cumplir un rol constitucional como ser órgano acusador); los abogados seamos protegidos y respetados de la misma forma, ya que conformamos una pata fundamental del sistema de justicia.