Lautaro Jiménez acusó al INV de ocultar la gravedad de la crisis vitivinícola en Mendoza

Lautaro Jiménez, precandidato a gobernador de Mendoza por el Frente de Izquierda, se encuentra haciendo varios recorridos en el marco de la campaña electoral de este año y, en ese sentido, ubicándose en el Valle de Uco y el Este de la provincial, denunció que el Instituto Nacional de la Vitivinicultura oculta la grave crisis vitivinícola.

“En una publicación realizada el 28 de mayo el INV indicó que la superficie de vid de Mendoza registrada al 31 de diciembre de 2022 alcanza las 147.379 hectáreas distribuidas en 15.084 viñedos. Y que hay 1.616 hectáreas menos respecto al año anterior y 6.836 menos que en 2010”, comenzó explicando Jiménez.

En ese sentido señaló: “Estos datos no muestran la realidad que se puede ver en las fincas, y se contradicen con la recopilación estadística publicada por el Observatorio Vitivinícola Argentino, que depende de la COVIAR y la Bolsa de Mendoza- cuyo relevamiento señalaba que la superficie cultivada con vides en Mendoza pasó de 160.453 hectáreas en 2010 a 147.379 en 2022, mostrando una pérdida de 13.074 hectáreas, casi el doble de lo declarado por INV, y con una perdida que equivale a una disminución del 8,15% muy similar a la que se registra a nivel nacional con un 8,6% menos de superficie cultivada-”.

“La gravedad de estos datos, que algunos buscan enmascarar por intereses electorales, expresan la profunda crisis en la que se encuentra la vitivinicultura de Mendoza y Argentina bajo la dirección de los grandes pulpos bodegueros, en complicidad con el PJ y Cambia Mendoza”, aseguró el referente de la Izquierda mendocina.

“Tuvimos la peor cosecha en la historia desde que existen registros. Hablamos ni más ni menos que desde 1960, cuando la población de Argentina era de poco más de 20 millones de personas, menos de la mitad de la población actual. La pérdida creciente de superficies cultivadas, que en estos momentos y según las propias estadísticas difundidas por el INV, son similares a las de 2003, previo al boom exportador de la vitivinicultura Argentina”, añadió.

Por ello señaló que estos datos “no abarcan la totalidad de la realidad porque en los hechos, son muchos más los viñedos que han terminado su productividad y están desapareciendo a pesar de que figuran en el ‘sistema’ del INV por no haber sido declarada su baja. Basta un recorrido por el este mendocino para comprobarlo con sus propios ojos”.

“La peor faceta de esta crisis es la humana, ya que las familias obreras, de viñas y bodegas, están pasando necesidades cada vez mayores, y muchos sueldos están incluso por debajo de la línea de indigencia. ¿Cómo puede vivir un obrero de viña con 79.000 pesos por mes? ¿Cómo subsiste una familia contratista con una mensualidad que patrones y sindicato acaban de firmar en paritarias $60.900 de bruto, que con los descuentos de jubilación y otros quedan en mano apenas unos $50.000?”, se preguntó Jiménez.

Por tanto, analizó que “es muy grave la situación y el desarraigo que vive la familia trabajadora vitivinícola. Y la contracara de esto es que al mismo tiempo los grandes empresarios ganan más mediante ventajas para las exportaciones y una concentración inédita de la producción, la tierra, las bodegas y las mismas exportaciones. Un proceso que cada vez más agudo y concentra la cadena en muy pocas manos: las de grandes pulpos bodegueros, que en todos los escenarios siguen amasando fortunas”.

Por último, expuso la necesidad de “un plan coordinado y dirigido por trabajadores, chacareros, contratistas, tomeros e inspectores de cauce, para cuidar el agua, proteger la superficie productiva que se pierde por la falta de riego, y contribuir a mitigar el cambio climático. Hay que tomar medidas de fondo nacionalizado el comercio exterior y los grandes pulpos que están arruinando a los pequeños productores y las familias trabajadoras. Y tomar medidas de emergencia subiendo el sueldo mínimo de obreros y contratistas al nivel de la canasta familiar”.