Comunidades originarias de Mendoza denunciaron en Buenos Aires que la megaminería amenaza sus tierras ancestrales

Referentes de pueblos originarios de Mendoza y Jujuy viajaron a Buenos Aires para visibilizar el conflicto de las comunidades mapuches expulsadas de sus territorios por los gobiernos de Cambiemos con la intención de habilitar proyectos mineros a empresas trasnacionales que realizan extracciones a través del fraking.

Gabriel Joffre, werken de la organización Identidad Territorial Malalweche de Mendoza, se refirió en Canal Abierto Radio al conflicto que vienen atravesando en su provincia luego de que la legislatura provincial emitiera una resolución negacionista para no ceder las tierras que les corresponden a las comunidades por la Ley Nacional de Propiedad Comunitaria.

“En Mendoza la Cámara de Diputados declaró a todo el Pueblo Mapuche no originario de la Argentina. Esto no es una ley, pero sí genera un antecedente” explicó el portavoz de la comunidad mapuche .

El referente comunitario recordó que la primera organización que tomó a los temas indígenas como sujeto de derecho fue la OIT. Esto se debe a que los trabajadores más explotados, pauperizados y precarizados eran indígenas.

La preexitencia o autoreconocimiento de un pueblo está dentro del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al cual adhiere la Argentina. A su vez, nuestro país cuenta con la ley 24.071 que manifiesta en su artículo 14: “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.”

“Argentina es uno de los pocos países en el mundo con contar con este tipo de legislación en su Constitución Nacional. Las poblaciones son preexistentes al Estado Argentino de 1880 y lo que hace la Campaña del Desierto es avanzar sobre esos pueblos” explicó el werken en diálogo con Canal Abierto Radio.

Joffre también hizo referencia a que el conflicto también tiene la intención de desprestigiar a las comunidades a través de los medios de comunicación: “El debate ya está resuelto en ámbitos internacionales. No es ingenuo lo que pasa en la provincia de Mendoza porque la escalada contra el pueblo Mapuche impacta en la opinión pública tratando de esquivar todos estos avances de la normativa internacional”.

Durante el mes de enero del 2023, una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reconoció el derecho de pueblos mapuches sobre 21 mil hectáreas en el partido de San Rafael.

El conflicto surge porque la empresa Sociedad Minera Argentina (SOMINAR), socia de los Fondos Buitres, han realizado una presentación judicial a la Justicia Federal para anular dicha resolución y quedarse con estas tierras que pertenecen al pueblo mapuche por derecho ancestral.

Las empresas Nieve de Mendoza y Valle Mendocino conocidos por su campo invernal Las Leñas tienen 500.000 hectáreas en la zona. Todos estos grupos han hecho una compra fraudulenta del territorio en la zona de Malargüe, junto a un grupo empresarial de Malasia.

El representante de Identidad Territorial Malalweche denunció: “En esas tierras se comenzó un proyecto de explotación minera con fraking y sabemos que se discutieron en el Foro de Metalmecánica 23 proyectos para la extracción de cobre en donde han sido relevadas las comunidades indígenas”.

La reciente reunión en la Ciudad de Buenos Aires con el Frente Indígena de Jujuy y el secretario General de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, tuvo como objetivo visibilizar el saqueo de las empresas mineras extranjeras y organizar la lucha de los pueblos nativos.

Por último, Jofre advirtió: “No tuvimos nunca ningún acto de violencia por parte de nuestras comunidades, pero esta situación nos pone en riesgos físicos al luchar contra estos poderes”.