En 2021, la municipalidad de Malargüe despidió sin causa aparente a Héctor Alberto Muñoz, un hombre de 56 años que sufre discapacidad motriz y trastorno en el habla. Hoy la causa se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, por lo que el Ejecutivo comandado por Juan Manuel Ojeda podría ser condenado.
Muñoz se desempeñó como técnico de Seguridad e Higiene en el Municipio desde el 2005 hasta su despido, en julio del 2021, cuando por decreto se informó la eyección del empleado municipal sin previo aviso.
Tras una larga búsqueda, a fines de ese año, el hombre se contactó con el Observatorio de Discapacidad de Mendoza, que le ayudó a conseguir un abogado que le brinda asistencia jurídica, Ricardo Ermili.
En ese sentido, lo que el letrado pide es que se revoque el acto administrativo por el que fue despedido Muñoz, que se le devuelva su puesto de trabajo, que se le abonen todos los sueldos desde el día de su eyección y un resarcimiento por daños y perjuicios.
La demanda tiene como base la ilegitimidad del hecho, ya que cuestiona que no se le informó nunca al trabajador despedido cuáles eran las vías legales por las que podría proceder ni se le dio aviso al sindicato que se podría haber interpuesto a favor del empleado.
Asimismo, como argumento se utilizó que el hombre cobraba una pensión no contributiva por invalidez, haciendo caso omiso a la Ley de Procedimiento Administrativo que establece “principios especiales aplicables en actuaciones administrativas que involucran derechos de personas en condiciones de vulnerabilidad”.
Según cuenta el medio El Otro, Ermili explicó que “Héctor fue despedido de forma absolutamente irregular con vicios de toda clase y violaciones al debido proceso. El reclamo se encuentra en la Sala I de la Suprema Corte de Justicio a cargo de la jueza Teresa Day”.
“Se llegó al máximo tribunal debido a que en las instancias anteriores no consideraron que estaban dadas las condiciones para la acción de amparo, nosotros entendimos que era necesario que se contemplara con urgencia el grado de desamparo social en el que se encuentra Héctor, pero no lo interpretaron así”, añadió.
Su despido se basó principalmente en una denuncia de la que no hay prueba y que tiene algunas inconsistencias. Supuestamente el 24 de agosto del 2020, Muñoz tuvo una disputa con empleados de limpieza en la zona de la terminal de omnibús.
Todo inició cuando habría discutido por la falta de jabón en los baños y pidió el libro de quejas para que quede escrito, y es allí cuando, presuntamente, habría incurrido en la agresión verbal.
En un primer momento, la denunciante y los testigos aseguraron que la discusión fue subiendo de tono hasta que el hombre agredió verbalmente a los presentes. Sin embargo, cuando fueron llamados a declarar, las versiones vertidas fueron diferentes y no hubo coincidencias a la hora de decir si las había insultado a ellas o lo había hecho al aire.
En ese contexto, el municipio abrió un sumario por el que finalmente terminó siendo despedido, aún cuando la acusación nunca pudo ser probada. A ello se sumó que no se le permitió al sumariado defenderse de estos cargos.
Según Ermili, la municipalidad no consideró la discapacidad que Muñoz sufre en el habla, lo que fácilmente puede provocar malos entendidos, ni tampoco que tuvo que ir a buscar un baño porque los de su trabajo no están en condiciones.
Tampoco se tuvieron en cuenta los antecedentes del empleado, requisito dispuesto en la ley 5892, e incumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo en lo referente a su discapacidad.
El hombre despedido aseguró haber sufrido la discriminación en varias oportunidades, siendo asignado a tareas menores o trasladado a otras áreas cumpliendo funciones como portero, levantando y bajando la barrera sanitaria, o de celador en escuelas; ello a pesar de ostentar un título de Técnico Superior en Seguridad e Higiene.
“Hay gente que no tolera que un discapacitado tenga formación profesional y esté por encima de ellas, entonces sucede lo que me sucedió a mí, te desplazan, te hacen la vida imposible y buscan la manera de que te quedes sin trabajo”, rezongó Muñoz.
“Lo de Héctor es un caso característico de acoso laboral. Tratan de sacarse de encima a una persona con discapacidad, la persiguen, la discriminan, la violentan, hasta echarla de manera violenta”, describió Mónica Bascuñán, coordinadora del Observatorio de Personas con Discapacidad de Mendoza.
“Nadie quiere quedarse sin trabajo, pero mucho menos una persona con discapacidad. En este caso, como suele ocurrir, en el acoso participan muchas personas, se suman para lograr que sean despedidos. Ejercen el capacitismo, que es la discriminación a una persona por tener una discapacidad, no se los trata como sujetos de derechos, lo que se intenta es que se queden en sus casas y que vivan de una pensión”, añadió.
Por último señaló que “en el país hay un porcentaje menor de personas con discapacidad trabajando y en muchos casos, en lugar de promover el trabajo para el colectivo de discapacidad, hacen todo lo contrario”.
