La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo del oficialista Carlos Heller –quien no pudo estar presente por un tema de salud y fue reemplazado por Sergio Palazzo vicepresidente de la comisión-, se reunió este miércoles en el Anexo “C” con invitados y pasaron a la firma el proyecto que establece el Régimen de refinanciación de deudas a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos respecto a Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
Además, con críticas por parte de JxC dictaminaron sobre el Régimen de promoción de la producción orgánica para economías regionales que había sido tratado previamente en la comisión cabecera. También pasó a la firma el proyecto para declarar Monumento Histórico nacional al conjunto Parque de la Constitución Nacional, sito en la ciudad de Santa Fe, provincia Santa Fe.
Al comienzo de la reunión, hizo uso de la palabra el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien aclaró que la reunión es convocada para “tratar expedientes, no es informativa” y solicitó que al debatir el proyecto sobre ENOHSA alguno de los directos presentes pueda “explayarse” sobre el texto en cuestión.
Régimen de refinanciación de deudas con ENOHSA
El primero en abrir el tema fue el subadministrador del Ente, Néstor Álvarez, sostuvo que es un tema “importante”, ya que ENOHSA es el “único ente federal que se encarga de hacer aguas y cloacas en todo el país”.
Al respecto, contó que el 12 de septiembre de 2019 cuando “nos tocó ingresar con el exadministrador a ENOHSA a los pocos días empezamos a recibir a diferentes actores de la política que nos vinieron a plantear una necesidad que había deudas contraídas desde hacía 25 y 30 años atrás, deudas en dólares de créditos BID que el Estado había tomado y los había pasado a las provincias y las provincias a las cooperativas. Que esas deudas no habían sido pesificadas y que hoy estaban siendo impagables”.
Al respecto, ejemplificó que una cooperativa de una localidad de Buenos Aires paga de ese crédito 6.000 dólares por mes y pierde más de un millón. “Es una cooperativa que brinda servicios a toda la localidad y lo que paga con ENHOSA es lo mismo de lo que pierde por mes. Lo mismo pasaba con la cooperativa de Azul. Las deudas equivalían a lo que gasta un municipio por mes. Son obras y créditos contraídos entre el 94 y el 95”, precisó.
Álvarez contó que, junto a su equipo de trabajo y el ministro Gabriel Katopodis, encontraron ocho proyectos a lo largo de los años que planteaban esta necesidad. “Creo que tiene que ver con la coyuntura económica del hoy y lo que significa que las obras estén dolarizadas”.
“Que de una provincia vengan todos los actores políticos esto habla de la importancia que tiene y estamos contentos de exigir de cobrar la deuda. Vinieron desde Córdoba y consensuamos un proyecto que, en tantos momentos de grietas que se vive en la política, esto me parece que es un ejemplo de que cuando hay una necesidad o problemática que no tiene una solución desde el Ejecutivo, el Legislativo permite con este dictamen, si es que se aprueba, la obligación de recuperar esa inversión, cobrarla, pero sabiendo que no estamos fundiendo a municipios, cooperativas o a algunas provincias”.
“La deuda hoy es de aproximadamente 85 millones de dólares. No estamos hablando de condonación, sino que los entes ejecutores de las obras quieren pagar, pero montos que pueden ser pagables”, cerró Álvarez.
En una breve interrupción, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) preguntó si la deuda con el BID fue pagada y si han estudiado el comportamiento en materia de gestión de las cooperativas y municipios que solicitan la facilidad para pagar porque “no vaya a ser que se termine de pagar sueldos para una actividad política de cada municipio”. Al respecto, el subadministrador contestó: “Hay cooperativas que hoy cumplen, refinanciaron y cumple, la situación es dispar. Las cooperativas en su mayoría son buenas y nos ocupamos de ver eso y vamos a hacer un análisis”.
Como autor del proyecto, el oficialista Eduardo Fernández (Córdoba) hizo hincapié en que es una refinanciación que se les hace a las provincias, a los municipios o al ente prestador del servicio público porque “son garantes con coparticipación”.
Ratificó lo dicho por Álvarez de que los préstamos fueron tomados, en su mayoría, entre el 94 y el 98’ y “luego vinieron decretos como el del 2003 que post convertibilidad que estableció cuáles eran las operaciones que se pesificaban y una de las que quedó excluida fue las que el ENOHSA que es un represtamista”.
“Este proyecto tiende a solucionar una clara inconsistencia que es la imposibilidad de afrontar por parte de municipios y provincias que están implicadas 13 provincias. Quizás es Córdoba la que tiene el mayor problema porque fueron de las operatorias que se hicieron y fueron imposibilitadas de negociar o tramitar”, precisó Fernández.
Además, explicó que fue incluida la condonación de la carga que son los intereses punitorios y resarcitorios que significaban que “es imposible de pagar”. “Hay distintas situaciones de incumplimiento, hay una clara inequidad de exigir deuda en dólares y lo que tratamos de solucionar no es algo nuevo”.
“Hubo más de 11 proyectos con firmas de distintos bloques que tuvieron dictamen de comisión y por distintas situaciones no llegaron al recinto. Tenemos la oportunidad de dar tranquilidad y permitirle al ENOHSA de recuperar esos créditos y habilitar a los municipios que están en mora hoy y precisan de créditos para obras de saneamiento y agua”, cerró el cordobés al presentar el proyecto.
Al hacer uso de la palabra, el titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) sostuvo que “estamos frente a la posibilidad cierta de una solución razonable y equilibrada”.
“Es razonable ponerle exigencias, pero posibilidad de cumplimientos a organizaciones públicas que han quedado dentro de ese nicho de compromiso dolarizado. Con esta decisión también vamos a estar poniendo una cuota de responsabilidad para que los municipios puedan cumplir en más de la mitad de las provincias. Es un proyecto federal”, manifestó.
El radical Víctor Romero (Córdoba) subrayó que se trata de una situación de hace 20 años. “En 2003 se pesificaron las deudas en dólares por un decreto especial varias operaciones financieras quedaron excluidas y ahí vino el gran problema porque no es que los municipios no pagaron nunca, sino que fueron amortizando la deuda hasta que le fue imposible pagar”. En una breve aclaración, remarcó que estamos hablando de 28 años de gestión de todos los partidos políticos “no podemos venir, más allá de las diferencias, es un producto de 28 años”.
“Estamos tratando de adecuar una deuda a un problema que afecta a los vecinos que viven en ese municipio”, indicó el cordobés y sostuvo que “es una obligación nuestra en este Parlamento encontrarle una solución definitiva, no condonando deuda en capital, sino dando la posibilidad de que este dinero que ya lo pagó el Estado tenga la posibilidad de que los vecinos que lo deben lo devuelvan en condiciones accesibles que lo puedan pagar que no impliquen incremento de impuestos o resignación de obra pública”.
Por otro lado, celebró el artículo 3 del texto que plantea: “Se condonan los conceptos de intereses”.
Además, propuso una modificación al artículo 4 respecto al modo de actualización tomando el equivalente al 15% que sea una tasa ajustable por inflación equivalente a la Valdar. “Eso lo saco de los acuerdos que hacen las provincias con nación en 2017 cuando le devolvieron el 15% de coparticipación y que no habían hecho demanda judicial”, explicó el radical. También pidió modificar el artículo 5 sobre la capacidad contributiva de la recaudación que toma un tope de la cuota inicial establece el 10% de coparticipación anual y 8% del total de los ingresos. “Es un tema de despropósito porque habría una gran injusticia”, planteó y propuso bajarlas al 5 y 4% cada una.
Por último, propuso llevar las actualizaciones de 15 años como plantea el proyecto- a 20 años para que “de esa forma se compense el capital actualizado”.
Régimen de promoción de la producción orgánica para economías regionales
La iniciativa, que prevé una serie de beneficios fiscales, fue presentada por un grupo de diputados oficialistas encabezados por el formoseño Ramiro Fernández Patri, presidente de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, quien destacó el tratamiento reciente en dicha comisión y el giro del dictamen a Presupuesto y Hacienda.
En esa línea, el formoseño explicó que “estamos promoviendo un régimen de fomento de este tipo de producción que tiene beneficios integrales para la sociedad. Se promueve la alimentación saludable, pero sabemos que eso significa cuidar el ambiente, el suelo, el agua, no usar fertilizantes químicos. Significa arraigo para muchos productores, más mano de obra intensiva y profesionalización de la agricultura. También genera divisas en un momento tan duro para el país”.
Así, el legislador detalló que en el país hay “casi cuatro millones de hectáreas en las que se está trabajando en certificación orgánica. Unas 100 mil hectáreas se cosecharon en el último año. Hoy se exporta el 98% de la producción, en un 45% a los Estados Unidos y un 40% a la Unión Europea, el consumo interno es bajo”.
En esa línea, Fernández Patri sostuvo que el proyecto busca “generar un bono fiscal que esté representado por el 70% de todo lo que paguen de masa salarial aquellas empresas que se dediquen a la producción orgánica”.
Al hacer nuevamente uso de la palabra, Martínez aclaró que se realizaron “cambios importantes” en el dictamen que se firmó en la Comisión de Economías Regionales “en algunos elementos que permiten focalizar el instrumento en aquellas empresas medianas que permiten valores razonables sobre el porcentaje de los tributos, estimular y promocionar la actividad y también el piso de presupuesto sujeto a los módulos que son de 8 mil pesos. estaríamos hablando de 12.500 módulos que equivalen a 100 millones de pesos”.
A continuación, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) preguntó si esos 100 millones de monto que se autorizarían: “¿Contemplan el gasto fiscal producido por la reducción de impuestos que estamos generando o solo es para financiar el tipo de programa que aparecen en los capítulos siguientes? ¿Los 100 millones son para financiar los programas y esta institucionalidad nueva que creamos ahora o incluye el gasto fiscal? ¿Cuánto sería el gasto fiscal estimado? ¿Cuál es la elasticidad que esperan que tenga este tipo de incentivos respecto de la actividad?
“Podría tener un gasto fiscal contrafactual que alguien me diga ‘si, claro esta actividad pagaría más impuestos si se hiciera, pero con el esquema de incentivos no se hace’. Podría ser perfectamente que alguien me explique que hay una alta elasticidad, hay muchos proyectos esperando en cola que con esta sanción aparentemente se harían. Entonces el 30% que queda de las cargas patronales o el 40% que queda del impuesto a las ganancias es más que el 0”, planteó Tetaz.
Además, comentó: “Me hace un poco de ruido esta idea de que hay una actividad que agrega valor, pero que nosotros tenemos que sostenerla porque choca con el principio básico de agregación de valor, es decir, que estamos produciendo un bien que cuesta menos que lo que lo valora la sociedad. Sino no estamos agregando valor, estamos agregando costos que lo tiene que pagar otro que no está dispuesto a pagarlo”.
“No estoy seguro de que estén agregando valor. Hay una teoría de valor nueva acá por lo cual la definición de valor la empieza a dar el Congreso. Si vamos a reemplazar sistema de precios para definir qué es valor estamos en un problema que conduce al subdesarrollo y no estoy de acuerdo con ese cambio en la regla de juego y no lo voy a acompañar”, anticipó el economista.
Por último, remarcó que “no es la primera vez que hicimos esto. Estamos convirtiendo en una gran pantomima al funcionamiento del Estado porque le pone un montón de impuestos y trabas burocráticas a las actividades y nosotros y después venimos y llamemos promoción a la remoción de algunas de esas trabas. Eso no es promoción, es el propio Estado que pone los impuestos. Deberíamos estar debatiendo cómo hacemos para eliminar más impuestos a la producción porque si no favorecen el subdesarrollo”.
“Ustedes asumen en el proyecto que los impuestos frenan ese tipo de desarrollo de las actividades que están queriendo promover. A punto tal que están convencidos que si eliminan impuestos promueven actividades. ¿Por qué no eliminamos los impuestos a la producción?”, cerró Tetaz.
También se expresó el mendocino Lisandro Nieri (UCR) propuso que trabajar las inversiones porque “las cargas impositivas en el país son elevadísimas”, y cuestionó: “Me parece muy poco serio que estemos dando tratamientos particulares a cada uno de los sectores. Son alivios ante la alta carga impositiva. No creo que sea razonable ir por cada uno de los sectores”.
“Tomémosno un tiempo para discutir cuáles son todos los sectores económicos que tenemos voluntad de promocionar y demos tratamiento a una ley única, sino estamos haciendo la misma ley para cada una de los sectores que nos interesan”, planteó.
A su vez, criticó: “No veo que sea para proyectos de escala pequeña como se está presentando. Igual, corresponde indicar cuál es el costo fiscal en materia de beneficios impositivos. El fondo de promoción no me parece que sea un piso si hubo una modificación. Es muy parecido a otros proyectos, pero el capítulo de Régimen sancionatorio no está definidas las faltas leves. Si están definidas las faltas graves. Se estable las sanciones ante faltas leves, pero no ante una grave. Lo mas delicado que de encontrarse faltas leves la autoridad de aplicación podría aplicar multas cosa que me parece que no corresponde porque si encuentra irregularidades debe multarlo. Este capítulo queda desfasado”.
De la vereda de enfrente, Martínez respaldó la iniciativa y recordó que “ya tuvo una media sanción de Diputados hace una década. Aquellas iniciativas que buscan promover una actividad son todos muy parecidos”.
Al respecto, destacó el trabajo “sistemático” de quienes están organizados alrededor de la producción orgánica porque “no han bajado los brazos ante la necesidad de promover la actividad”. “Nosotros creemos en la promoción de las actividades y lo hemos hecho a lo largo de los años y creemos que cuando estamos hablando de agregar valor este tipo de herramientas sirven”, manifestó el santafecino.
En tanto, sostuvo que “siempre nos quedan cosas por hacer y entramos en una especie de inconformismo permanente que nos deja atados de pies y manos. Sabemos que la cuestión impositiva se habla como una cuestión de cliché. No nos cabe la menor duda de que este proyecto beneficia claramente”.
Ante la duda de Nieri, el jefe oficialista explicó que agregaron un párrafo en el artículo 3 que “justamente enfoca mucho más en lo que son los montos máximos de facturación planteando el tope de las empresas medianas tramo 1”. Asimismo, Martínez lamentó que no se pudo realizar un plenario de comisiones para tratar el tema porque “hubiese permitido hacer un análisis más integral”. Sin embargo, subrayó que se incorporaron “varios aspectos presupuestarios” en la discusión en la comisión anterior “para acelerar el tratamiento”.
Y se comprometió a “que si hay elementos a revisar en el capítulo 5 lo hacemos y lo incorporamos en el recinto. No hay ninguna dificultad. Lejos está que no podamos tener un régimen sancionatorio”.
Sobre el costo fiscal, recordó que en la reunión informativa dijo que “en lugar de ponernos a pensar tanto en el presupuesto que contamos para poner en marcha la ley, no nos olvidemos que en Diputados tenemos que la posibilidad de discutir todos los años la ley de presupuesto y allí podemos agregar en función del cumplimiento de una determinada ley”.
“Estos montos apuntan a poner en marcha la ley bajo todos los objetivos de la ley y hay que tener en cuenta cuándo se pone en funcionamiento. Lo vamos a actualizar porque hemos hecho cambios”, expresó Martínez e informó que le pedirán a un organismo especializado en producción orgánica que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Economía.
En síntesis, destacó que el proyecto “mejora”, es claramente “un paso respecto a lo que veníamos teniendo. Es un estímulo a aquellos que ven en la producción orgánica un desarrollo territorial inclusivo para promover el arraigo y que se produzca empleo local. Es un proyecto federal”.
En su intervención, el jefe del bloque CC-ARI, Juan Manuel López, cuestionó que en el sector de producción de alimentos orgánicos la “tasa de asistencia del Estado es negativa del -25%, es una ridiculez”. “El presupuesto que rige este año tenía una separata que hablaba del gasto tributario, algo que nunca se discute, que Argentina tiene del más del 2%. El Congreso tendría que revisar todos los gastos tributarios y que esos números estén disponibles siempre, sino estamos legislando sobre un tema sin saber, a ciegas”.
“Nuestra economía asiste a un montón de sectores distintos, no solo con gasto tributario, sino con otras medidas como arancelarias. En estas condiciones no puedo acompañar el dictamen”, anticipó López.
De forma breve, el entrerriano Pedro Galimberti (UCR) solicitó, a los efectos de ver el alcance de la promoción que se tiene en el proyecto, ver la redacción final del artículo 3 al ser modificado a los efectos de tener una real magnitud de quién se pretende ir porque “más allá de los módulos de 100 millones que es lo de menos, tenemos que ver que en la conjugación con la Ley 25.127 hay un beneficio impositivo que está disponible para cualquiera con la redacción que hay en la norma”.
La catamarqueña Silvana Ginocchio (FdT) ponderó la iniciativa porque “cuando se habla de producción orgánica también se habla de los conocimientos que tienen las poblaciones donde se necesita innovación. Teníamos que agregar un marco regulatorio y también crea un fondo. Es un sector de gran potencial para las economías regionales. Son pequeños productores que le estamos dando un beneficio que estaban solicitando”.
Y enumeró que en su provincia hay producción orgánica en miel, naranja, vid, soja, pasas de uva, arándanos. “Es todo una economía importante, trascendente e incipiente que sin estas políticas es muy difícil”, planteó.
En el mismo sentido se expresó la rionegrina Susana Landriscini al destacar que se trata de una política pública que “favorece a un sector diferenciado, a determinados territorios que buscan una especialización e innovación. Van en la misma línea con la Ley de etiquetado frontal por el tipo producción”.
