⚖️ Mendoza, la “casta política” y las diferentes varas de la Justicia

Vemos cotidianamente el malestar de la sociedad, o de una gran parte de ella, con lo que hoy se denomina “la casta política”. El accionar de esa “casta” no se condice mucho con lo que la gente pide y desea. Lo que el ciudadano común necesita es ver mensajes claros de parte de la política con la realidad que vive a diario (mayor eficiencia en sus funciones, menores sueldos, más presencia en el recinto, etc.). En definitiva, que se note menos que muchos han encontrado en la vocación de hacer política una manera cómoda y muy rentable de vivir a costillas del Estado, mejor dicho, de los ciudadanos que trabajan y pagan sus impuestos.

Pero hay otros sectores que poco y nada contribuyen a que las condiciones de malestar de la sociedad disminuyan. Entre ellos se encuentra el Poder Judicial. Claro, no podemos pretender mucho de él cuando la gran parte de los jueces acceden a sus cargos por recomendación del Poder Ejecutivo y son aprobados por el Poder Legislativo. En conclusión, los encargados de imponer justicia también proceden de la política, aunque algunos pretendan disimularlo bastante.

Sabemos que la ley es una pero que en el Derecho se presta para diferentes interpretaciones, algunas de ellas muy discutibles.

En este caso voy a traer algunos ejemplos donde la vara es diferente de acuerdo a la interpretación de los jueces. Se trata de sentencias recientes que dejan, algunas, mucho que desear.

Para empezar, Francisco Pinavaría Corvalán de 23 años, fue sentenciado a cadena perpetua por el crimen de la Arquitecta María Persia. En este caso la sentencia fue determinada por un jurado popular y el cargo fue “homicidio doloso agravado por criminis causa en relación a robo simple”.

En otro caso reciente, Franco Ábrego alias “cara cortada”, reconoció en un juicio abreviado la autoría del crimen, el desmembramiento del cuerpo y posterior incineración de Lucas Ampuero. Un hecho alevoso si los hay. En esta oportunidad la fiscal de Homicidios Andrea Lazo acordó con la defensa del delincuente, bajo la homologación de la jueza Mirna Montaldi, una condena de 16 años de cárcel para el acusado. Repito que hay en la justicia muchas interpretaciones, pero 16 años para tremendo crimen ¿no es una condena menor? Al fin y al cabo, se trata de una muerte como en el caso anterior. Se trata nada más y nada menos de una vida que ya no está. Pueden ser diferentes las motivaciones y los métodos, pero los dos delincuentes son responsables de haber matado.

En otro tema, la Corte Suprema de Justicia acaba de determinar un cambio de carátula para la cusa que involucra al médico José Paulos, quien en marzo del 2022 provocó un accidente en el que murió Luciana Motaruli. En ese momento Paulos conducía con 2,79 gramos de alcohol en sangre. Entonces ahora dictaminan que si bien iba totalmente ebrio, no mató con intención (pero al fin y al cabo terminó con la vida de otra persona). Recordemos el caso del empresario que en la Rotonda del Challao (marzo de 2022) provocó la muerte de dos personas y dejó mal herida a una tercera. En ese caso se argumentaba que el acusado consumía una medicación que le impedía conducir un vehículo (¿existe alguna diferencia si la sustancia consumida es un medicamento, alcohol u otro tipo de droga?) Todo un tema para analizar y reflexionar lo de la responsabilidad bajo los efectos de sustancias.

Por último, un caso que cuando lo leí, me revolvió las tripas de la indignación y la impotencia.

El juez Rafael Escot (quien en agosto del 2022 fue apartado del caso Próvolo) dictó una “probation” (suspensión del juicio a prueba) que resultó un tanto irrisoria como indignante para los ciudadanos de a pié, por más que se encuentre ajustada a derecho, cosa que no ponemos en discusión. Se trata del caso de un joven que fue salvajemente golpeado y desfigurado por otros dos jóvenes a la salida de un boliche en el año 2021. La víctima tuvo que realizarse varias cirugías producto de las lesiones que le ocasionaron los golpes. Esta semana el Juez Escot determinó que el agresor, Nahuel Garrido, para pagar su deuda con la sociedad y la justicia, no enfrentará un juicio si durante dos años hace entrega de 12 paquetes de leche por mes a alguna institución benéfica. Algo que, repito, no fue tomado de buena manera por una gran parte de la sociedad, ya que aún está fresco el recuerdo de lo que sucedió con Fernando Báez Sosa, y este podría haber sido un caso similar.

En conclusión, a veces es inentendible el proceder de ciertos funcionarios judiciales a la hora de dictaminar sentencias o de realizar imputaciones. Pero los vericuetos del Derecho así lo permiten.