La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó un listado de reclamos por las “adversas condiciones laborales que padecen los trabajadores del sector”. El gremio se enfocó en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), la Dirección General de Protección de Derechos de Niños/as y Adolescentes (DGP), la Dirección de Discapacidad y la Dirección de Adultos Mayores.
Lo que aduce el sindicato de marras es falta de condiciones edilicias; falta de personal; falta de capacitación de personal; manejo irregular de fondos; pases a planta; y pago por función efectiva. Ello quedó asentado en las actas paritarias que se firmaron esta semana en la Subsecretaría de Trabajo.
“Es triste lo que pasa en los sectores más vulnerables de la provincia, donde hay hogares de niños, personas con discapacidad, adultos mayores y chicos con problemas de conducta, que el Gobierno desatiende. Las reiteradas falencias de políticas de Estado y de gestión han generado una profunda crisis. Por eso, denunciamos todas las irregularidades, que constatamos con fotos, testimonios y demás pruebas de las mismas”, relató Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE Mendoza.
Ello luego de afirmar que “el Gobierno tiene que ser garantista de derechos, de los mismos que están contemplados en la Ley 26.061 (Protección de Niños, Niñas y Adolescentes). Hoy, los trabajadores que cuidan a niños, jóvenes y adultos, están en negro, precarizados, con personal escaso y casas alquiladas para albergar a tanta población, sin medidas de seguridad”.
En este mismo sentido se expresó Romina Castro, secretaria general de la CTA Autónoma Mendoza y referente del Departamento de Discapacidad de ATE Mendoza, al puntualizar que “hablamos de lugares que deben cuidar a las personas, pero sabemos de manera fehaciente que no es así. Desde antes de la pandemia que venimos realizando diversas denuncias sobre las malas condiciones edilicias que tienen los hogares. Visibilizamos estas situaciones para que el Gobierno se de cuenta cómo tiene a estas personas, que tienen derechos reconocidos por organismos internacionales y no se los respetan. Vamos a agotar todas las instancias, realizamos todos los procedimientos administrativos, constancias de denuncias en Fiscalía de Estado y en el Ministerio de Trabajo de la Nación”.
Según ATE, otro dato adverso que poseen estas reparticiones consiste en que más de la mitad de los trabajadores están precarizados, bajo las distintas modalidades que tiene el Gobierno para tenerlos en negro, como son los contratos, prestaciones, voluntariados y becarios.
“Todavía nos queda alcanzar un remanente de pases a planta de trabajadores que ingresaron desde 2015 a 2019, para los cuales tenemos que mejorar sus condiciones laborales y estabilidad. Además, también solicitamos capacitación al Estado, para que cada compañero sea más idóneo en su función. Con respecto a esto, los trabajadores compran sus propios insumos y se capacitan de manera individual porque el Gobierno no da respuestas, incumpliendo las obligaciones que tiene”, fustigó la representante de la central obrera.
