👎 Acerca del cierre de la Escuela Campesina de Agroecología y las falencias de la DGE en Mendoza

A fines del 2022, se avecinaba el cierre definitivo de la Escuela Campesina de Agroecología, una institución educativa que funcionaba en Jocolí, una localidad ubicada entre los departamentos de Las Heras y Lavalle, a unos 40 kilómetros de la Capital mendocina.

En ese escenario, la comunidad llevó la protesta incluso hacia la Casa de Gobierno provincial, con el fin de que no suceda lo que finalmente terminó aconteciendo, el cierre del centro educativo.

En 2021 el colegio contaba con 15 docentes y 75 horas catedra, pero ya entonces, la Dirección General de Escuelas (DGE) decidió eliminar 50 horas catedra, por lo que los docentes cayeron a 7 con un total de 62 estudiantes.

Además se eliminaron los cargos de preceptor y asesoría pedagógica, pero la institución siguió y se mantuvo todo lo que pudo, hasta que la DGE no quiso renovar el convenio y por ende la escuela rural debió cerrar sus puertas.

La institución educativa, que funcionó durante una década, hoy permanece sin movimiento y según autoridades, la DGE, a cargo de José Thomas, nunca respondió a los requerimientos realizados con el fin de darle continuidad a este “proyecto educativo”.

“Básicamente en diciembre del 2022 la DGE decidió no renovar el convenio con la escuela campesina a través del cual se le da el marco institucional a la escuela que ya tenía 10 años. La escuela tenía una dinámica de funcionamiento en el encuadre que dice la ley nacional de educación que es la alternancia para permitir la educación en la ruralidad, es uno de los formatos, no el único; y a partir del cual también las direcciones que se hacían cargo de la institucionalidad eran la gestión social y la educación de jóvenes adultos”, comenzó explicando la directora de la institución Marta Greco en dialogo con Diario Mendoza Today.

En esa línea, contó que “a partir de eso se iniciaron muchas acciones para repudiar esa decisión unilateral. No hubo respuesta hasta que ahora, cuando comienza el ciclo lectivo, la DGE no revierte y no se comunica con la coordinación de la escuela”, explicitó la ingeniera agrónoma.

“Decidimos hacer un amparo con la situación de tres casos paradigmáticos que representan la situación de una gran porcentaje de estudiantes que venían a la escuela. El amparo, la intención como herramienta jurídica, es que esa institución determine una solución inmediata para que se ampare ese derecho fundamental (del aprendizaje) que ha sido vulnerado a la hora de cerrar a escuela”,  remarcó la autoridad de la escuela.

“Ellos (la DGE) a finales de 2020 habían argumentado que teníamos que presentar los legajos de los docentes, los directivos, la trayectoria… presentamos todo un expediente de 143 folios y nunca contestaron. La escuela siguió porque intuyo que si no se comunicaron fue porque estaba todo como corresponde y se presentaron planos de arquitectos, de electricidad, de habilitación. No hubo ninguna respuesta”, continuó pormenorizando.

“En su momento dijeron que esas eran las causas en el 2021, que fue el primer intento de cierre junto con otras escuelas de gestión social y ahora decidieron que ellos pueden rescindirlo (el convenio) sin dar explicaciones. Cuando lo solicitamos ellos dijeron que eran las mismas causas que la otra vez (que supuestamente faltaba documentación), pero sin duda habíamos presentado todo lo que habían solicitado así que, si te tengo que decir, no sabría bien sus intenciones. Sí creemos por lo que han advertido que ellos no consideran a la alternancia dentro de sus formatos pedagógicos”, continuó relatando Greco.

En ese sentido, señaló: “Entiendo eso que no están de acuerdo con la propuesta pedagógica, lo que nos preguntamos nosotros es que si no están de acuerdo, ¿qué propuestas tiene la DGE para con la ruralidad? Porque quienes estudian en la escuela y viven de la tierra también tienen su dimensión económica y social, por lo cual la escuela debe estar vinculada a eso, y esa propuesta o contrapropuesta al cierre de la escuela no la hemos tenido”.

“Desde la UST (La Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza), que es a través de la organización con la que se creó la escuela, insisto en cogestión con el estado porque creemos que el estado debe ser garante de ese derecho en el marco de la educación pública, nosotros hemos realizado todas las acciones: desde solicitar el dialogo permanente a través de notas… es más, antes del amparo se solicitó un pedido de renovación del convenio a la Dirección General de Escuela, hemos hecho todo apelando al dialogo, a la comprensión, a la ampliación de derechos. Son las herramientas que tenemos para solicitar que se revea la situación”, manifestó.

Por tanto, la directora de la Escuela Campesina de Agroecología, remarcó que “en cierta medida la DGE al no renovar el convenio con la escuela, la escuela no tiene institucionalidad, por lo tanto no hay muchas alternativas, porque si no somos una escuela reconocida por el estado no podemos certificar el proyecto educativo, ese proceso que estaba sin dudarlo en el marco de los diseños curriculares de jóvenes adultos”, por lo que analizó que “es una responsabilidad del estado poder reflexionar o no, y establecer que hay propuestas para la ruralidad o no reconocer esa posibilidad”.

Por último, al ser consultada sobre cómo lograr solucionar este problema, contesto: “Con respecto a cómo resolver el conflicto, seguiremos planteando, luchando y poniendo en agenda la necesidad de tener una educación en el marco de un proyecto de país, un proyecto agrario, porque sin duda la formación es fundamental para lograr el desarrollo sustentable, y la agroecología como la hemos planteado en esta escuela sintetiza esa concepción, esa mirada de la educación ambiental en comunión con la vida social, política y productiva de las familias que viven y trabajan en el campo”.