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“Mil días más sin agua, mil días sin justicia”: el spot de La Pampa para reclamarle a Mendoza agua del Atuel

Ya en agosto del 2022, el gobernador pampeano Sergio Ziliotto solicitó tener una audiencia con la Corte con el propósito de que resuelva en la brevedad el conflicto

Tras haber pasado mil días desde que la Corte Suprema le ordenó al Gobierno de Mendoza garantizar una parte del caudal de agua del Atuel para La Pampa, esta provincia encaró una campaña con el fin de que Mendoza cumpla con lo reglamentado en el fallo.

Asimismo, el reclamo pertinente se hizo en la Corte Suprema de Justicia por no accionar ante el incumplimiento de Mendoza.

1.000 días más sin agua. 1.000 días sin justicia”, remarca el spot que fue publicado en avisos por parte de medios como Clarín, La Nación Y Ámbito Financiero.

“hace 1.000 días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo que obliga a Mendoza a liberar 3,2 m3/s de agua del río Atuel. Así empezaría a frenarse el ecocidio que le provocó a La Pampa durante décadas”, asegura el corto.

Además señala que “el fallo de la Corte ha representado hasta hoy solo palabras de intención. Mendoza no cumple y la Corte no impone justicia. Pampeanas y pampeanos sufrimos desprecio y abuso en nuestro histórico reclamo para recuperar el Atuel. Y el uso total y unilateral de Mendoza de las aguas interprovinciales nos ha condenado a la desertificación, el éxodo y la muerte”.

Ya en agosto del 2022, el gobernador pampeano Sergio Ziliotto solicitó tener una audiencia con la Corte con el propósito de que resuelva en la brevedad el conflicto por el incumplimiento de lo establecido en el fallo judicial mencionado.

Esta disputa no es nueva y de hecho inicia en 1987, cuando La Pampa logró que la justicia le falle a favor indicando que se trata de un rio interprovincial. No fue hasta 2014 que se volvieron a tomar acciones similares.

En 2018, y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo (La Pampa pedía 4,5 metros cúbicos por segundo y Mendoza ofrecía 1,3 metros cúbicos por segundo), la Justicia determinó que la provincia debía garantizar un caudal de 3,2 metros cúbicos por segundo.

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