👉 La Secretaría de DDHH, el INAI y el INADI manifestaron preocupación por el proyecto “anti mapuche” de Mendoza
Las tres entidades llamaron la atención sobre el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados de Mendoza, en el cual se define que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”.
La SDH, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) emitieron un comunicado este viernes a través del cual “llamaron la atención sobre el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados de la provincia de MendozaW, en el cual se define que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”.
En el mismo documento, al cual tuvo acceso Diario Mendoza Today, se aclara que todas las provincias están sometidas, otorga jerarquía constitucional a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, “por el cual Argentina está obligada a evitar toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.
El mismo comunicado advierte preocupación al observar que, “en ocasión de estar cumpliéndose 40 años ininterrumpidos de democracia, algunos sectores de nuestro país intentan hacernos retroceder con cuestiones ya saldadas en materia de respeto a los derechos humanos, como el hecho de que puedan ser cuestionados derechos reconocidos formalmente, por motivos raciales o de origen étnico. Agrava la situación que esta discriminación inconstitucional provenga de una institución de gobierno, como es una cámara legislativa provincial“.
A su vez, llama a “reflexionar seriamente sobre estas cuestiones y no dejarlas pasar. Este tipo de normas fomentan la reproducción de discursos de odio y legitiman prácticas muy peligrosas que ponen en jaque la garantía del Estado de derecho, la solidez de la democracia y de las instituciones”.
Finalmente, las tres entidades solicitan “a la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza que revea la decisión tomada y dé una clara señal de que los derechos son iguales para todos y todas, sin distinción étnico racial”.
