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Organismos de Derechos Humanos criticaron al cornejismo y aseguraron que Mendoza es “un feudo”

“habitamos una Mendoza que desde hace 7 años transita la ruta inversa a la de la ampliación y protección de derechos”, reza el documento

Luego de la multitudinaria movilización que se llevó a cabo con el fin de conmemorar el Día de la Memoria, organismos de derechos humanos de Mendoza leyeron un durísimo comunicado cuyo contenido hace hincapié en la cooptación de los poderes del Estado de parte del oficialismo, la inestable democracia de la provincia y la criminalización de las protestas.

Leído en las escalinatas de la Casa de Gobierno al finalizar la marcha, el documento en cuestión pone el foco en la persecución hacia quienes protestan, a opositores, ambientalistas y cualquier persona que pueda oficiar en contra de las decisiones y posiciones del oficialismo hoy representado por el gobernador Rodolfo Suarez.

habitamos una Mendoza que desde hace 7 años transita la ruta inversa a la de la ampliación y protección de derechos”, reza el documento claramente en alusión al triunfo del ex gobernador Alfredo Cornejo a fines del 2015.

Asimismo tiene en cuenta cómo se “modificaron para su achique y vaciamiento el mecanismo local de prevención de la tortura, dejando fuera a los organismos de derechos humanos”, y habla asimismo del “desfinanciamiento de la salud pública y el continuo éxodo de profesionales a otras provincias en busca de mejores salarios”.

“A esto podemos sumar que el oficialismo provincial tiene manejo total de las mayorías en ambas Cámaras, lo que convierte a la legislatura en una escribanía del Poder Ejecutivo. Han transformado a Mendoza en lo que nunca quiso ser: ¡Un feudo!”, se destaca.

El comunicado completo:

A 47 años del Golpe cívico militar eclesiástico

40 años de democracia

Sostenemos como movimiento de derechos humanos y pueblo de Mendoza:

“¡Memoria, verdad y justicia para defender la democracia!”

Nos encontramos en esta marcha y este acto, como cada año, miles de personas que habitamos Mendoza, que recorremos sus calles, sus instituciones, sus territorios. Que habitamos una Mendoza que desde hace 7 años transita la ruta inversa a la de la ampliación y protección de derechos.

Habitamos una provincia signada por el avance del control social a través de la cooptación autoritaria de los poderes del Estado, de los órganos de supervisión, de la criminalización y represión de las protestas populares.

En estos años hemos visto cómo se modificaron para su achique y vaciamiento el mecanismo local de prevención de la tortura, dejando fuera a los organismos de derechos humanos y llenándolo de funcionarios elegidos por el propio gobierno.

El cierre de Instituciones educativas de educación superior, CEOS, CENS, aulas satélites y el paradigmático cierre de la Escuela Campesina de agroecología, como avances de la privatización de la educación en Mendoza.

El desfinanciamiento de la salud pública y el continuo éxodo de profesionales a otras provincias en busca de mejores salarios, situaciones que afectan la vida cotidiana de las personas y que cobra especial relevancia en pacientes con discapacidades, adultos mayores y niñeces.

A esto podemos sumar que el oficialismo provincial tiene manejo total de las mayorías en ambas Cámaras, lo que convierte a la legislatura en una escribanía del Poder Ejecutivo. Han transformado a Mendoza en lo que nunca quiso ser: ¡Un feudo!.

El control de la justicia de Mendoza, con el nombramiento de decenas de magistrados y magistradas, la cooptación y reforma del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia, en la que tienen una mayoría que hacen pesar en toda causa que mandan a plenario. A lo que se suma que cada nuevo integrante carece de enfoque de género, sosteniendo una justicia patriarcal y sexista.

El Ministerio Público Fiscal y la Defensoría Pública han sido ocupados por aliados del oficialismo. La represión de la protesta social y el encarcelamiento de compañeros y compañeras integrantes de movimientos sociales y sindicatos.

No sería posible sin una justicia cómplice que ordena desalojos, detenciones, imputa y detiene por hechos que lejos de ser el ejercicio del derecho a la protesta son delito en esta provincia.

¡No nos iremos de las calles, ningún derecho ha sido nunca una concesión divina del poder. Los derechos se conquistan con lucha, no pidiendo permiso!

El Código Contravencional provincial y los códigos de convivencia municipales son normativas que violan derechos, limitan las libertades de manifestación, expresión y uso de los espacios públicos; que dejan a nuestras juventudes y al pueblo en general sin posibilidades de una vida colectiva plena, en libertad y con seguridad. Las detenciones arbitrarias son moneda corriente en las calles mendocinas, sobre todo en los barrios populares. Las detenciones con prácticas violentas, abusivas e ilegales están incluso filmadas y denunciadas sin que haya respuestas por parte de la justicia.

Los organismos de control también están en manos del oficialismo. El Tribunal de Cuentas y la Oficina de Ética Pública están comandados por ex legisladores radicales. La Inspección General de Seguridad y Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, ámbitos que deben velar por los derechos y la protección ante casos de violencia institucional y laboral, también están conducidos por personas de reconocida parcialidad partidaria. Las oposiciones político electorales no ocupan espacios institucionales acorde al ideal del funcionamiento democrático y plural.

Vivimos en una Mendoza en las que nos enseñaron el valor del agua, pero durante los últimos años hemos visto avanzadas hacia la minería que sabemos nos dejará sin agua potable, sin cultivos Es mentira la promesa de trabajo e ingresos para la provincia, solo nos dejarán con tierras y napas contaminadas. Lo dijimos en la marcha más grande que se recuerda y lo volvemos a decir este 24 de marzo: ¡El agua de Mendoza No se Negocia!

Nuestro país cumple 40 años de democracia ininterrumpida desde el fin de la última dictadura en 1983. En la historia argentina, desde la emancipación colonial, nunca tuvimos periodo tan extenso sin golpes de Estado y dictaduras.

Es un motivo de celebración, pero sobre todo de reconocimiento al pueblo en general y al movimiento de derechos humanos en particular.

Los organismos de derechos humanos en Argentina hemos logrado sostener la lucha por la memoria. Somos las organizaciones conformadas en la resistencia al genocidio, en reclamos por la aparición con vida de las personas secuestradas por motivos políticos. Somos la lucha por el juicio y castigo; junto a los organismos que desde antes del 24 de marzo de 1976 encarnaban luchas contra las represiones y autoritarismos. Somos los organismos que nacimos ya en democracia, de la mano de las Madres, las Abuelas y Familiares. Somos los organismos que, con el apoyo las organizaciones populares, sociales, políticas, sindicales, estudiantiles que se comprometieron con la memoria, la verdad y la justicia, sostuvimos luchas y construimos los pilares sobre los cuales se sostiene la democracia y se trabaja diariamente por su ampliación y profundización.

En este punto, queremos recordar y hacer presentes a queridas compañeras y compañeros de lucha que nos han dejado su ejemplo y compromiso, y que fallecieron en fecha reciente: Margarita Guerrero de Barrera Oro, Agustina Corvalán, Beatriz García, Susana Muñoz, Víctor Nadalich y Sofía D´Andrea. ¡PRESENTES!

Democracia sin justicia social, es democracia para unos pocos. No es suficiente. La Democracia se ve opacada y lesionada cuando más de la mitad de la población está bajo la línea de pobreza, cuando el desempleo no disminuye y las únicas posibilidades de trabajo son en la informalidad; con la educación pública y sus trabajadores y trabajadoras cada vez más violentades; con violencia institucional e impunidad, con aparatos mediáticos de un poder exorbitante.

La democracia, hoy está asediada por un poder judicial que se ha negado a reformas que lo saquen del funcionamiento corporativo, patriarcal y de escasa legitimidad social. Es el único poder de la República que en dictadura siguió funcionando, que tuvo numerosos cómplices del genocidio, y que, desde 1983, no ha resuelto formas de participación ciudadana en su constitución y accionar.

Por otra parte, ha acrecentado –de la mano de sectores políticos aliados- su poder de intervención y judicialización de políticas de Estado; y de dirigentes y dirigentas políticas y sociales. El lawfare en nuestro país, como en la región, jaquean a la democracia.

No es casual, que desde esos mismos sectores, emanen discursos de odio y negacionismo. Expresiones que alientan a la construcción de nuevos “enemigos internos”, como se hizo en los 70 para justificar el plan represivo de la dictadura.

La última dictadura no solo impuso un régimen político, social y económico, sino también un régimen sexual, que sembraba terror, tortura y muerte a quienes se animaban a romper los márgenes de la heterosexualidad, y de la “normalidad”.

Reivindicamos con orgullo les 400 compañeres desaparecides por su orientación sexual e identidad de género.

Compañeros y compañeras ¡tenemos que estar alertas! Sabemos que hoy las derechas avanzan por caminos institucionales y con aval empresarial y mediático. Que no necesitan botas para tomar el poder. Vivimos tiempos más complejos donde se instalan nuevos enemigos internos, discursos y prácticas de odio, donde -sin tapujos- candidatos y candidatas a la presidencia y a la gobernación se despachan contra los pueblos originarios, los pobres, las mujeres y los movimientos sociales.

Tenemos más de cuatro décadas de rondas de nuestras Madres, del trabajo de Abuelas y la Red Nacional por la Identidad que trabaja por la restitución de las 500 infancias apropiadas. Hay 132 nietos y nietas con su identidad restituida, 4 en Mendoza; pero nos faltan cientos de personas que aún desconocen su verdad.

Tenemos décadas de lucha contra la impunidad, por la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final; por la concreción de juicios por delitos de lesa humanidad. Décadas de reclamos y militancia por la incorporación de perspectivas de derechos humanos y memoria en el sistema educativo y en las políticas de Estado.

Más de 40 años de aunar luchas con quienes sufren opresiones y represiones.

Más de 40 años buscando y exigiendo “¡Que digan dónde están nuestros y nuestras desaparecidas!”. Sabemos que existen archivos sobre todo lo actuado en la última dictadura, exigimos que sean publicados.

Hoy tenemos Espacios de memoria desde los cuales ampliar nuestros trabajos de memoria y defensa de los derechos humanos: Espacio para la Memoria ExD2 y Espacio para la Memoria Ex7ma. Nuestros Espacios necesitan ser reconocidos y sustentados económicamente; necesitan ser construidos con participación de sobrevivientes, familiares y comunidad, no como iniciativas inconsultas y desprovistas de nuestra experiencia y derecho. Necesitamos que Mendoza adhiera a la ley nacional 26691 de señalización y preservación de Sitios de Memoria.

A 47 años del golpe genocida y 40 de la recuperación democrática, reivindicamos el compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, como pilares principales para la construcción de una sociedad más justa y libre.

A 47 años del Golpe cívico militar eclesiástico y 40 años de recuperación democrática, la lucha continúa y exigimos:

No a las prácticas antidemocráticas!

Basta de persecución y criminalización de luchadores, luchadoras y organizaciones sociales populares!

¡Basta de violencia institucional!

Derogación de los códigos contravencionales y de de convivencia restrictivos e inconstitucionales!

Justicia para el compañero Seba Moro, asesinado en el marco del golpe de Estado en Bolivia!

No al lawfare. ¡Corporación judicial ¡nunca más!

Basta de discursos de odio y posturas negacionistas.

No a la impunidad de ayer y de hoy.

¡Libertad a los presos y presas políticas!

Son 30 mil. Fue Genocidio!

30 mil compañeros y compañeras detenidas desaparecidas

¡Presentes!

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