Inmigración en Chile: Boric anunció que fortalecerán el control fronterizo

Chile fortalecerá el control fronteriza en el desierto nórdico del país con el fin de reducir el flujo de inmigrantes irregulares según anunció este miércoles el presidente Gabriel Boric. La medida llega semanas después de que cientos de militares se desplegaran por la región por la crisis migratoria.

El mandatario aseguró, en un discurso en Colchane, en la frontera con Bolivia, que una prioridad de su gobierno es fomentar los diálogos con La Paz y Caracas para que reciban a personas que sean expulsadas, una de las trabas que, según él, entorpece la deportación de quienes cometen delitos.

“Nuestra prioridad está en proteger la frontera para asegurar una migración que sea regular, segura y ordenada y que converse también con las necesidades del país”, expresó ante la prensa.

En ese sentido señaló que buscan “revertir de esta manera la ausencia prologada del Estado en esta zona, con más recursos y mejores herramientas“, añadió Boric, que retomó el miércoles una gira por el norte del país, la zona más afectada por el explosivo aumento de la inmigración irregular en los últimos años.

Además, el gobernante aseguró que habrá mejoras del complejo fronterizo de Colchane, en la región de Tarapacá, con mayores comodidades para sus funcionarios, así como nuevas cámaras térmicas y un sistema de comunicación satelital “para duplicar la capacidad de detección a distancia y monitorear zonas actualmente no controladas”.

Las mejoras se extenderán a otros seis puntos de observación en las regiones de Antofagasta, así como de Arica, en el extremo norte del país donde también hay límite fronterizo con Perú.

Desde que comenzó su mandato, el líder de izquierda endureció su discurso contra de la migración irregular y dijo que las medidas también buscan combatir a grupos criminales de trata de personas, tráfico de drogas y armas.

Hace días, el jefe del servicio local de migraciones dijo que expulsar a un ciudadano extranjero podía tener un costo de más de 3.000 dólares (2,7 millones de pesos), pero el mandatario dijo que no era sólo un problema de recursos.

“Es un problema de que no se abre el espacio aéreo, por ejemplo en Venezuela. Los trámites administrativos para poder realizar procedimientos de expulsión son muy engorrosos“, afirmó, al insistir en que su gobierno lanzará una actividad diplomática “intensa” con Bolivia y Venezuela para que reciban a los ciudadanos deportados.