Siguen las repercusiones por el derrotero de Eric Mamani, el niño de 6 años que murió tras caer en un pozo de un lote perteneciente a la empresa Idandi, del malogrado Florentino Daniel Paco. Por caso, la Municipalidad de Guaymallén emitió un lavado comunicado en el cual persiste en quitarse responsabilidad por lo ocurrido.
“IDANDI S.A. sistemáticamente incumple y viola las normativas municipales. Al día de la fecha, los loteos cuestionados son irregulares, sus construcciones clandestinas y han sido continuamente sancionados por parte del municipio, utilizando todas las medidas establecidas en el Código de Edificación, con paralizaciones de obra, multas y clausuras; las cuales la empresa ha reconocido en su comunicado de prensa”, sostiene la comuna administrada por Marcelino Iglesias.
Tal comentario es el real reconocimiento del fracaso comunal a la hora de controlar las obras privadas guaymallinas. ¿Cómo se explica que, ante los reiterados incumplimientos, admitidos por Iglesias, la empresa en cuestión pueda seguir operando como si nada?
La propia municipalidad reconoció en ese comunicado que “desde el año 2015 a la fecha, se han aplicado más de 200 sanciones en los distintos emprendimientos de las diferentes empresas vinculadas a los hermanos Paco”.
Diario Mendoza Today reveló oportunamente que Idandi jamás pagó ni una de las multas aplicadas por la comuna. Según fuentes de la propia municipalidad, la aplicación de sanciones era solo un “acting” para cuando alguien preguntara sobre las irregularidades de los Paco.
“Además, se han realizado inspecciones convocando a la Subsecretaría de Trabajo, AFIP y Migraciones”, insiste el municipio comandado por Iglesias. ¿Cuál es el resultado de todo ello? La nada misma, porque Idandi sigue utilizando obreros indocumentados para sus obras y los Paco persisten en esclavizar a sus propios connacionales, siempre con la complicidad del consulado de Bolivia en Mendoza, como demostró este diario.
Acto seguido viene una de las mejores partes: Guaymallén explica que se ha avanzado en varias acciones judiciales, pero “realizadas por vecinos de la zona”, no por la comuna. Ello dio como resultado “la resolución judicial que estableció una medida de no innovar, la cual tampoco ha sido cumplida”. O sea, los Paco hacen caso omiso también sobre lo que les ordena la Justicia.
Está más que claro que, para poder hacerlo, cuentan con la complicidad de reputados funcionarios provinciales y municipales. Se invita a cualquier de los lectores de este diario a tratar de avanzar en una obra edilicia sin permiso. En menos de 24 horas vivirá en carne propia el rigor de la ley. Lo cual no ocurre con los Paco, quienes avanzan en sus ilegales emprendimientos antes la impávida mirada de los burócratas de turno.
El propio comunicado guaymallino lo admite entre líneas: “Cuando algunos desarrolladores inmobiliarios se quejan de las tramitaciones exigidas por las normativa provincial y municipal, en realidad están pretendiendo violentar los procedimientos administrativos que buscan garantizar la legalidad de los procesos y la seguridad de las personas”.
Ello es falso: lo que cuestionan los demás constructores es que los discriminan respecto de Idandi, que avanza sin pausa a pesar de no cumplir con las normas del municipio mientras que todos ellos mantienen sus emprendimientos en pausa porque jamás los habilitan. Algunos llevan años esperando, a pesar de contar con los documentos pertinentes. Los mismos que jamás ostentan los hermanos Paco.
Un botón de muestra: ahora mismo, al lado del club Aleman los Paco construyen departamentos a pesar de que fueron intimados el miércoles pasado para que no lo hagan. Quien lo dude, solo debe dirigirse a la intersección de las calles Cadetes Chilenos y Aramburu, donde los obreros trabajan las 24 horas del día.
Dicho esto, es curioso que Iglesias haya cometido tantos errores a la hora de comunicar una situación que bien podría haber encarado desde otra óptica. Es probable que la desesperación le esté jugando una mala pasada.
