Esta semana, la Cámara Civil de San Rafael ordenó que el Estado de Mendoza indemnice con 18 millones a la madre de Paula Toledo, la adolescente violada en grupo y asesinada en ese departamento hace 19 años, y 7 millones a cada uno de sus hermanos por la “falla en el servicio de justicia” durante la instrucción del crimen y los juicios llevados a cabo.
Entre otras aberraciones, que fueron clave en la dificultad para condenar a los culpables, se anotan que se donó la ropa que Paula llevaba puesta el día de su asesinato, además de que se lavó su cuerpo con mangueras, arrastrando pruebas de vital importancia.
Además, hubo “deficiencias en la actuación y labor del Cuerpo Médico Forense y de la policía, y la falta de acción de funcionarios del Poder Judicial a la hora de dar instrucciones que direccionaran el actuar de los efectivos policiales”, se lee en la sentencia de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz, Tributario y Familia de la Segunda Circunscripción Judicial, compuesta por los jueces Darío Bermejo, Sebastián Marín y Raúl Bonino.
El derrotero de la pésima instrucción judicial derivó en años de oscuridad para la familia de Paula, que sólo pudo ver condenado a uno de los que participaron del crimen de la adolescente, 18 años después.
La sentencia es la respuesta a una apelación que realizó la familia después de que se ordenara una indemnizacion de 13 millones el año pasado.
“Lo importante no es el número sino el tratamiento que le da a la justicia al caso”, postuló Guillermo Rubio, abogado de la familia, en radio Vos, de ese departamento.
El calvario de Nuri y los hermanos de Paula
Según explica el portal Explícito, los jueces tomaron nota acerca del la revictimización de la madre de Paula Toledo: “Esta destrozada madre, no ha podido hasta el día de hoy, a más de diecinueve años, realizar el duelo por la muerte de su hija Paula, pues ha dedicado todo este tiempo de su vida a intentar que se haga justicia; enfrentándose cara a cara con los presuntos torturadores, abusadores y asesinos de su hija, al menos, en cada juicio oral. Batallando también contra un Estado –o más bien sus funcionarios-, que ha mostrado su lado más débil a la hora de la investigación y esclarecimiento de este traumatizante hecho”.
Además, la Cámara que ordenó la indemnización escribió en la sentencia un capítulo titulado “Palabras para Nuri, Julián, Diego y William”, donde los magistrados explican a Diego –el hermano no conviviente de Paula- que le corresponde indemnización porque su relación con la víctima “era frecuente, muy fuerte y unida”.
Indican también: “Sentimos enormemente el dolor por el que han pasado en estos eternos diecinueve años, en los que no sólo han tenido que batallar sin descanso buscando justicia para su hija y hermana, sino que tampoco han podido hacer el duelo por la muerte de Paula. Imaginamos, porque seguramente el sentimiento que los atraviesa no debe poder medirse en palabras, la impotencia, dolor y temor que deben padecer, al sentirse absolutamente vulnerables y solos frente a la pésima actuación de ciertos funcionarios de este Poder Judicial, que los llevó a que escucharan una y otra vez las atrocidades que sufrió Paula; y que sólo haya una persona condenada, cuando de la causa penal surge que evidentemente fue más de una la que actuó, lo que los pone en una situación de mayor vulnerabilidad frente a sujetos que se encuentran en libertad”.
Y cierran: “Por estas razones hemos considerado que corresponde otorgarle reparación a Diego y aumentar los montos que se les dieron en la sentencia de primera instancia. Estamos convencidos de que ninguna suma de dinero va a poder volver el tiempo atrás y borrar el daño que les ha causado todo esto, porque más allá de que no fue el Estado quien torturó, abusó y terminó con la vida de su hija y hermana, sí les ha causado un enorme daño en sus vidas y en la de la familia en general, tal como lo dijo la psicóloga que los entrevistó y surge de la prueba que hemos valorado. Pero deseamos que con la suma de dinero que hemos considerado adecuada, puedan adquirir bienes que les permitan tener un poco de paz o que les dé algo de alegría, o les permita realizar algún viaje familiar que sirva de caricia para el alma. Queremos aclararles que quizás el monto que se ordena pagarles no es el que ustedes esperaban, pero el fundamento de ello está en que aquí lo que se ha discutido es la responsabilidad de la Provincia de Mendoza por los errores cometidos por funcionarios del Poder Judicial en la investigación penal y no la responsabilidad de quienes habrían realizado los espeluznantes actos contra Paula, que terminaron con su vida”.
