Ellos odian a los estatales: desde que gobiernan Cornejo y Suárez, les bajaron el salario real a la mitad, empeoraron las condiciones de trabajo y comenzó la persecución a los que protestaban.
Nosotros amamos a los estatales: en nuestro rol legislativo, presentamos las leyes necesarias para recuperar su dignidad, sus ingresos y su reconocimiento, porque son personas que, con su trabajo diario, dedican lo mejor que tienen a cuidar nuestra seguridad en las calles y en nuestras casas, a cuidar la educación de nuestros hijos y a cuidar la salud de nuestra familia. Son la base del cuidado de nuestra república en el cumplimiento de sus funciones.
Nosotros los odiamos a ellos, radicales y peronistas que durante 40 años han gobernado el estado como si fuera su propio negocio, metiendo ñoquis y funcionarios por la ventana que desprestigian el valioso trabajo público. Ellos dicen que su principal propuesta electoral es la “educación”, sin embargo, la gestión de Cambia Mendoza, con Cornejo, Suárez por la UCR y De Marchi por el PRO, fue la mayor precarización a los docentes y a todo el personal estatal con los salarios, las malas condiciones laborales, la falta de oportunidades de capacitación y la falta de reconocimiento.
Fue Cambia Mendoza y sus legisladores quienes bloquearon nuestros proyectos de ley para que los trabajadores del estado tengan actualización automática de salarios por inflación, sacar el item aula, equiparar las asignaciones familiares a las provinciales y, por el contrario, se preparan para pegar otro manotazo al bolsillo de los trabajadores aumentando la cuota de OSEP para financiar sus campañas políticas.
En todos estos años, hemos visto la mano firme de Alfredo Cornejo para controlar a los docentes con el ítem aula, seguido por Rodolfo Suárez con la eliminación de la cláusula gatillo, criminalizando la protesta e incluso ahora mandando a las fuerzas de seguridad a controlar los registros de ausentismo. Se aplicó la mano firme de Cornejo y Suárez bajando salarios. Hoy, los trabajadores del estado no llegan ni a la mitad de la canasta básica familiar, y los celadores luchan por salir de los límites de la indigencia.
Se aplicó la mano firme de Cornejo y Suárez para restringir los gastos en infraestructura escolar. Más del 50% de los establecimientos educativos no han recibido mantenimiento por años, y mucho menos inversiones en mobiliario y conectividad de internet.
Ellos no quieren que se actualicen los sueldos con la inflación, nosotros si: Debemos aumentar los salarios de los docentes, asegurándose de que reciban un salario justo y adecuado que refleje su nivel educativo y experiencia. No podemos pensar en una educación de calidad cuando los docentes no solo no tienen para pagar una vivienda, no tienen para pagar el alquiler. Muchos de los docentes no pueden dedicarse en forma completa las tareas extraescolares y capacitación porque tienen que tener otros trabajos para poder llegar a fin de mes.
En la legislatura presentamos un proyecto de ley para que los salarios de los trabajadores del estado provincial se actualicen con la inflación (cláusula gatillo) para que no sean el ajuste, como lo son actualmente. El gobernador Suarez en el año 2020 no dió ninguna recomposición salarial al 36% que fue la inflación (DEIE) por lo el acumulado a la actualidad supera un 50% de pérdida real de ingresos. A lo que se le debe agregar las pérdidas que han tenido por bonos no remunerativos, cambios de items y demás maniobras que se utilizaron para recortar. #DatoIndec.
Hoy día son muy pocos trabajadores estatales que superan el umbral de la pobreza de $163.538,68 en enero/23. Este proyecto de Ley no logra ser tratado porque tanto la UCR, PRO y también el Peronismo prefieren que el dinero del presupuesto educativo sea bajo, para tener más para sus cajas políticas, sus punteros y los negociados.
Ellos quieren el Ítem aula y nosotros queremos sacarlo. El ítem aula es un ítem extorsivo y discriminatorio. Es una política que ataca los derechos conquistados en la ley 5.811, la cual establece el régimen de licencias de los trabajadores de la educación, ya que implica que un 10% del salario solo se cobrará si el trabajador de la educación no falta más de 3 veces justificadas por mes y hasta 10 veces en el año, no acumulables.
Dicho ítem es una prueba más de la incapacidad de fiscalización real que posee la DGE con su junta médica y de evaluar efectivamente cada caso particular que así amerite, resultando en una situación irrisoria que atenta contra todos los docentes, prácticamente forzándolos a no enfermarse o ir a trabajar enfermos con los riesgos que eso implica, vulnerando sus derechos. Todo esto debido a un pequeño grupo de docentes que supo abusar de licencias gracias a amigos o conocidos médicos que emitían certificados falsos.
El estado debe fortalecer sus políticas de control, el funcionamiento eficaz de la junta médica y hacer uso de los mecanismos que salud laboral posee en el ámbito docente para justificar o certificar las inasistencias de cada profesional que solicite licencia. Creemos fervientemente que el educador debe ser premiado para desarrollar una labor mejor, que el recorte nunca debe ser en educación, y es por ello que desde nuestro bloque nos oponemos a estas medidas que castigan al profesional de la educación. Por eso, solicitamos se remueva el ítem aula.
Las Asignaciones Familiares: Existe una gran diferencia en lo que cobran todos los trabajadores privados, estatales nacionales, y monotributistas en comparación con los trabajadores estatales mendocinos, y esto se debe al ahorro que hace el gobierno provincial como empleador. Para que tengan una idea, en enero de 2023, Anses pagará una asignación familiar por un hijo de $11.460, mientras que el gobernador Suarez pagará solo $1.200, es decir, diez veces menos. Esto se hace para ahorrar y pagar montos muy bajos al no actualizar las asignaciones, al igual que ocurre con los salarios.
En la legislatura, desde el año 2019, hemos presentado un proyecto de ley que busca lograr la igualdad en las condiciones y montos de las asignaciones familiares tanto para los trabajadores de la administración pública provincial como para las personas que las perciben en relación de dependencia mediante Anses, para que no haya discriminación en esta prestación para todo grupo familiar que tenga cargas familiares que estas asignaciones puedan ayudar a palear ante la presente crisis. Sin embargo, hasta la fecha no hemos logrado su tratamiento porque tanto los bloques mayoritarios de la UCR/PRO como el PJ no han dado el quórum necesario. Entre bueyes no hay cornada.
La desoladora realidad de Mendoza: un triste final causado por la negligencia política:
La degradación y precarización que han sufrido los trabajadores esenciales en Mendoza es una injusticia imperdonable perpetrada por los grandes partidos mayoritarios en el gobierno. La educación, la salud, las fuerzas de seguridad, y muchos otros servicios han sido descuidados y abandonados. La pérdida permanente de producto bruto geográfico es solo una consecuencia de esta negligencia, pero lo que es aún más alarmante es el sufrimiento que han tenido que soportar los niños y niñas de nuestra provincia.
La falta de educación y de escuelas con infraestructura adecuada, la ausencia de meriendas saludables para poder estudiar, y el empobrecimiento extremo de docentes y celadores son solo algunos de los problemas que enfrentan. Además, la falta de atención médica debido al cierre de centros de salud, la OSEP quebrada, los hospitales colapsados y la emigración de médicos y enfermeros al sector privado son señales claras de que el sistema de salud está en crisis.
¿Cómo podemos esperar que nuestra provincia progrese, crezca, genere trabajo, industria y desarrollo cuando gran parte de su población trabaja en el estado y vive en condiciones de pobreza extrema? Los salarios más bajos del país, las asignaciones familiares más bajas del país, y la obra social más quebrada del país son una vergüenza para todos nosotros. No podemos permitir que esta situación continúe.
Es hora de tomar medidas para cambiar el rumbo. Debemos unirnos y luchar por la justicia social, ambiental y la igualdad de oportunidades. Debemos exigir que nuestros líderes se preocupen por las personas, por la educación, por la salud y por el bienestar de todos los habitantes de Mendoza. En las próximas elecciones, debemos recordar que ellos te mintieron y que solo el Partido Verde mantuvo sus propuestas, con acciones y defendiendo a la familia mendocina.
* Mario Vadillo, diputado provincial de Mendoza mandato cumplido. Actual presidente del Partido Verde.
