La trama la reveló la senadora provincial por la UCR Claudia Najul esta misma semana al acusar al PJ mendocino de no querer votar una “declaración de rechazo” a una Decisión Administrativa del Gobierno Nacional que anuló una partida de más de $500.000 millones para comedores, becas, asignaciones familiares, viviendas, y Ley Brisa, entre otras.
En ese contexto, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Julio Cobos, decidió pedir las explicaciones del caso: “Por esta inconsistencia en las partidas destinadas a políticas sociales, pedí al Ejecutivo Nacional que informe si se dejó sin efecto el aumento asignado para políticas sociales votado en la Ley de Presupuesto, mediante la Decisión Administrativa 4/23″, sostuvo en sus redes sociales.
Y añadió: “El Presupuesto Nacional 2023 contempla un aumento del gasto en $567.699 millones, y la mitad se debe destinar a políticas sociales que alcanzan a grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, al parecer esto se modificó mediante la Decisión Administrativa 4/23″.
La historia arrancó el pasado 9 de enero, cuando el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete dejaron sin efecto (mediante la Decisión Administrativa 4/23) el aumento de 567.699 millones de pesos debatido y aprobado por el Congreso a través de la Ley de Presupuesto N° 27.701 en diciembre pasado.
Pero es aún anterior: en octubre de 2022, al analizar el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo para el año 2023, organizaciones de la sociedad civil advirtieron una serie de reducciones en partidas fundamentales para la garantía de los derechos humanos. Reconociendo esta situación, la Ley aprobada por el Congreso incorporó cambios sustanciales en algunas políticas.
Así, en la Ley de Presupuesto, se aprobó un aumento del gasto de $567.699 millones. De esos fondos, la mitad se destinó a políticas que tienen particular impacto en el acceso a derechos de grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Entre ellas se encuentran las políticas alimentarias y los comedores escolares, las asignaciones familiares, las becas para estudiantes, la integración socio urbana de barrios populares, el programa nacional de tierras, viviendas y urbanismo, las acciones de reparación para niñas y niños hijos de víctimas de femicidio (Ley Brisa), el acompañamiento al egreso de jóvenes sin cuidados parentales y el plan nacional de manejo del fuego. Además de estos aumentos, el Congreso agregó un porcentaje de asignación mínima del PBI en materia educativa, del 1,33%, que tampoco fue respetado por el Ejecutivo en la distribución.
