La década perdida de Brasil en la lucha contra la corrupción

Es una instantánea dura y detallada que la organización no gubernamental Transparencia Internacional dedica a Brasil en su informe anual de análisis del fenómeno de la corrupción en el mundo. Brasil ocupa el puesto 94 de los 180 países analizados en el Índice de Percepción de la Corrupción. A pesar de las limitaciones técnicas de la encuesta – el índice se centra sólo en la corrupción pública y no en la privada, de ahí la séptima posición de un país como Suiza, conocida en cambio por la indulgencia de sus bancos privados – el hecho inequívoco es sin embargo el continuo deterioro de Brasil en su lucha contra la corrupción. El país ha perdido 25 puestos desde 2012. Una década perdida que ahora corre el riesgo de pesar como una roca también sobre el futuro próximo.

El último informe de Transparencia Internacional analiza y señala con el dedo al anterior gobierno de Bolsonaro, al que la organización denuncia de haber promovido con sus acciones y omisiones “una quiebra acelerada” y un retroceso en la lucha contra la corrupción en el país. Bajo acusación terminó el llamado “presupuesto secreto”, es decir las enmiendas parlamentarias que distribuyeron miles de millones de reales sin transparencia ni criterios claros. La injerencia de Bolsonaro en instituciones independientes como la Policía Federal y la petrolera nacional Petrobras y las omisiones de los funcionarios públicos que él designó, también contribuyeron, según el informe, “a desmantelar los mecanismos anticorrupción y a degradar la gobernabilidad democrática”. El nombramiento de Augusto Aras como Procurador General de la República, según Transparencia Internacional, fue uno de los principales errores del gobierno anterior porque Aras “no sólo desarticuló la lucha contra la macrocorrupción sino que fue responsable de una contracción histórica de las funciones de control constitucional de los actos de gobierno”.

Aunque Bolsonaro ha declarado en repetidas ocasiones que no hubo corrupción en su gobierno, Transparencia Internacional cita varios episodios ocurridos durante su mandato que se consideran decisivos para empeorar la percepción de transparencia del país. Entre ellos, varias irregularidades en el uso de los fondos públicos para el Ministerio de Educación con una sobrefacturación del 1300%, el uso de la Compañía de Desarrollo de los Valles de San Francisco y Parnaiba (CODEVASF) para obras con fondos del presupuesto secreto y electorales. Y, luego, los hechos relacionados con la familia Bolsonaro, desde la compra investigada por la prensa de 51 propiedades pagadas con dinero líquido hasta el uso de agentes de la administración tributaria brasileña para ayudar en la defensa de uno de los hijos del ex presidente, Flávio, acusado de lavado de dinero y malversación en el esquema conocido localmente como “rachadinha”. Se trata de una trama de fraude para desviar dinero público a cuentas privadas, en este caso sueldos de empleados inexistentes cuando Flavio era diputado en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. La denuncia fue desestimada en 2022 por el Tribunal de Justicia carioca. Otro tema crítico para la corrupción del país ha sido la deconstrucción de los organismos de protección ambiental bajo el gobierno de Bolsonaro. Las consecuencias, según Transparencia Internacional, han sido “un aumento de la deforestación en tierras indígenas y zonas de minería ilegal”, como ha evidenciado recientemente la tragedia de los indígenas yanomamis en el estado de Roraima.

Indígenas yanomamis en Alto Alegre (Brasil)

En resumen, realmente no parece haber paz para el gigante Brasil, saqueado por los portugueses desde su descubrimiento, el 22 de abril de 1500. En cuanto a la última década, la perdida, comenzó con la operación Lava Jato, que en 2014 desveló “la mayor trama de corrupción del mundo” en palabras de los magistrados que destaparon esta caja de Pandora, encabezados por el juez y hoy senador, Sergio Moro. 33 partidos estaban implicados en el escándalo, incluido el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, que a su vez fue detenido en 2018.

Aunque el presidente siempre ha declarado que el Supremo Tribunal Federal (STF) y la ONU lo absolvieron de hecho, algunas de sus condenas simplemente prescribieron, como la del Triplex de Guarujá y de la casa de campo de Atibaia. Ambos inmuebles fueron considerados por los jueces de Curitiba regalos de las multinacionales brasileñas OAS y Odebrecht a cambio de favores. Lula había sido condenado en tres grados de juicio en el caso de Atibaja a 12 años y un mes y en dos grados de juicio a 12 años y 11 meses por el tríplex de Guarujá, pero el STF anuló todo al considerar que era un tribunal de Brasilia y no el de Curitiba que debía juzgarlo en primera instancia. Este fallo técnico anuló de hecho las dos condenas, haciendo que todo empezara de nuevo de cero y provocando inevitablemente la prescripción de ambos juicios.

Estos hechos han restaurado la elegibilidad de Lula, permitiéndole ganar, con el voto de los brasileños, un tercer mandato. Pero no faltan los quebraderos de cabeza. Además de elegir para su gobierno de transición a unos sesenta políticos ya investigados por la Lava Jato, Lula se encuentra ahora con uno de sus ministros de gobierno envuelto en un escándalo de corrupción por cerca de un millón de dólares. Es su ministro de Comunicaciones, Juscelino Filho, del PT, quien supuestamente utilizó este dinero del presupuesto secreto para pavimentar una carretera en el municipio de Vitorino Freire, en el estado de Maranhao.

El problema es que la carretera es en la que se encuentra la finca del ministro. Transparencia Internacional en sus redes sociales también señaló con el dedo a Waldez Góes, actual Ministro de Integración y Desarrollo Regional condenado por malversación de fondos, condena que él ha recurrido y que ahora se debate en el STF. Con un Goés “dirigiendo las empresas estatales como CODEVASF y un centro famélico es fácil ver el riesgo del regreso de los nombramientos políticos ilimitados en los estados”, escribió Transparencia en su página de Twitter. El nombramiento de Paulo Cangussu André como director de gestión interna de la oficina de personal de Lula en el palacio presidencial de Planalto tampoco pasó desapercibido. Cangussu, antiguo empleado de la fundación de Lula, el Instituto Lula, que quedó en el punto de mira de la Lava Jato, había sido investigado por intercambiar correos electrónicos con uno de los directores de la OAS, una de las constructoras implicadas en el escándalo.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, habla durante la primera reunión de gabinete de su gobierno en el Palacio Planalto en Brasilia el 6 de diciembre de 2023. (EVARISTO SA/AFP)

Además, la medida provisional firmada por Lula que trasladó el Consejo de Control de las Actividades Financieras (COAF), órgano gubernamental encargado de la lucha contra el blanqueo de dinero y la corrupción, del Banco Central, con el que estaba vinculado desde 2019, al Ministerio de Economía, que dirige un político, Fernando Haddad, ha creado bastante polémica. El COAF desempeñó un papel decisivo en la operación Lava Jato. Sus informes enviados en 2011 a la Policía Federal identificaron movimientos financieros sospechosos de 20.000 personas por 55.000 millones de reales, unos 11.000 millones de dólares. Estos documentos a la época sirvieron de base para las investigación es de la operación Lava Jato. El órgano también reveló transacciones bancarias sospechosas de varios pesos pesados del PT, como Antônio Palocci, Erenice Guerra y Fernando Pimentel, actual ministro de Desarrollo. En 2018, el COAF había pasado a manos del Ministerio de Justicia dirigido entonces por el propio juez Moro convertido en ministro, luego por el Ministerio de Economía y finalmente al Banco Central.

Moro había revelado el año pasado en una entrevista a un podcast brasileño que Bolsonaro había trasladado el COAF a Economía para proteger a sus hijos en el caso de las “rachadinhas”. El propio Moro ha criticado ahora la medida provisional firmada por Lula en su cuenta de Twitter: “¿Cuál es la razón técnica que impulsó al nuevo gobierno a trasladar el COAF del Banco Central, que es autónomo, a un Ministerio de Economía, que es político?”, se preguntó.

Mientras tanto, el presidente de la Cámara, Arthur Lira, declaró que probablemente el COAF volverá pronto a estar bajo el control del Banco Central porque “la mayoría del Congreso está en contra” a la medida provisional. Justo cuando llegó la buena noticia de que el gobierno de Lula daba un paso atrás y desvelaba la lista de invitados al cóctel de investidura del presidente. La decisión de poner en secreto los nombres de los presentes había creado polémica y suscitado preguntas.