Gerardo Cartellone, Sofía Pescarmona y otros referentes mendocinos, son parte de un grupo de 500 empresarios, profesionales reconocidos y ciudadanos que enviaron una carta abierta a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados “preocupados por el presente y futuro de nuestra querida Argentina”. En ella, solicitaron que desistan del intento de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver documento al pie).
El texto en cuestión advierte: “La Constitución Nacional es el pacto social que une a los argentinos y es el marco en el cual se desenvuelven todas las actividades que se desarrollan en el país. El respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco y fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros conciudadanos”.
Los firmantes apelaron a la “conciencia y responsabilidad de los diputados para que reflexionen a tiempo, se aboquen a la tarea de abordar los múltiples problemas que aquejan a nuestra población y le eviten a nuestro país un período de turbulencia política injustificada que no contribuye en nada a la solución de dichos problemas”.
Según revela diario La Nación, El reclamo formal comenzó a gestarse entre cuatro referentes: Juan Vaquer (ACDE), Guillermo Lipera (Idea), Santiago Mignone (PwC) y Alberto Garay (Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires), de acuerdo con diversas fuentes consultadas. Su motivación fue “darle más peso” a las críticas respecto del proceso de enjuiciamiento a los miembros de la Corte, que ya había sido cuestionado por diversas entidades que agrupan al empresariado. La idea fue, en este caso, hacerlo nombres propios.
La carta no fue firmada con el cargo empresarial o representativo que tienen quienes adscribieron al texto. De acuerdo con sus impulsores, todos aquellos que fueron llamados quisieron participar, aunque algunos no pudieron por “cuestiones de políticas empresariales”. El acuerdo se “certificaba” enviando el número de documento nacional, con el que se rellenó una planilla de Excel, que llegó a las 500 firmas hoy.
“Todos estamos preocupados por la necesidad imperiosa de lograr mayor calidad institucional en la Argentina. No solo las reglas cambian todos los días y hay una tendencia a no respetar la Constitución, sino que dentro de esto cuesta mucho respetar la independencia del Poder Judicial. Se lo empieza a criticar como si fuera un partido de fútbol”, describió Lipera, uno de los principales impulsores, ante la consulta de La Nación.
Los empresarios concluyeron que el Gobierno busca embestir contra el máximo tribunal “por no compartir el contenido de dos de sus fallos”: el del Consejo de la Magistratura y el de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordaron también que en los últimos meses del último gobierno presidido por Cristina Kirchner, la Corte hizo lugar a reclamos de tres provincias (Santa Fe, Córdoba y San Luis) y, en ese entonces, no se impulsó un juicio político.
