A dos años de la sanción de la Ley de Aborto Legal, Mendoza está entre las provincias que registran mayores problemas para garantizar el acceso a ese derecho, al tiempo que se ubica entre las cuatro con menor disponibilidad de profesionales dispuestos a llevar adelante la práctica, avalada por la ley.
Pese a que las obras sociales de Argentina notificaron este año 4.966 prestaciones relacionadas con el acceso a interrupciones legales (ILE) y voluntarias (IVE) del embarazo, Mendoza está en el pelotón de cuatro provincias donde se vulneró ese derecho y por tanto intervino el Ministerio de Salud.
En 2021, el Ministerio de Salud nacional intervino en 51 oportunidades frente a “posibles vulneraciones de derechos relacionados con el acceso a IVE/ILE”, informadas a través de la línea telefónica de consultas por Salud Sexual (0800-222-3444).
Salta (10), Buenos Aires (5), Chubut (4), Mendoza (4) y San Luis (4) son las provincias en las que se identificaron más posibles vulneraciones, señala un informe publicado por Chequeado.
En ese informe, Silvina Ramos, investigadora del Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES), consignó que en la actualidad existen 2 grandes problemas a resolver: “Las inequidades en el acceso y la calidad en la atención”.
En primer lugar, las disparidades entre las distintas provincias se pueden identificar en la cantidad de instituciones que ofrecen los servicios de IVE/ILE.
Chaco, Corrientes, Mendoza y San Juan son las provincias que tienen una menor relación entre profesionales de salud disponibles para realizar abortos por cada 1000 mujeres en edad fértil. Del otro lado del espectro se encuentran Neuquén, La Pampa, Río Negro y Chubut, con mayor oferta, de acuerdo con el último informe del Proyecto Mirar.
Sobre las dificultades en el acceso al derecho, Ramos le dijo a Chequeado que influye un “uso abusivo de la objeción de conciencia, por fuera de lo que prevé la ley” y a través de la cual no se respeta la obligación de brindar información adecuada y derivar a otros profesionales de la salud, como así también resguardar la confidencialidad de los pacientes.
En tanto, y en relación a la calidad de la atención, Ramos advirtió: “Todavía se siguen utilizando procedimientos cruentos como el legrado, que es una práctica poco segura y está desterrada de las guías de prácticas”.
Informe a dos años de la sanción de la Ley de Aborto Legal:
Auditoría en las obras sociales
Una auditoria de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) sobre 247 obras sociales de todo el país -de las cuales 228 (92%) son del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 19 (8%) de otras provincias- en relación a la implementación de la norma arrojó que a punto de cumplirse el segundo aniversario de la votación de la ley, fue que esas obras sociales notificaron 4.966 prestaciones.
“Vale aclarar que este dato no significa que sean 4.966 mujeres, ya que pueden utilizarse más de un tipo de prestación en una misma mujer, por ejemplo, prácticas medicamentosa e instrumental”, aclaró el informe.
En cuanto al tipo de prestación realizada en el sector de obras sociales, el 31% fue solo medicamentosa, el 67% solo instrumental y el 2% fue con procedimientos combinados.
Con respecto a la provisión del misoprostol (el medicamento utilizado para realizar IVE), el 90% se obtuvo en farmacias y el 10% restante de otros proveedores.
Sobre la utilización de protocolos institucionales para acceso a la práctica y atención post aborto, el 80% de las obra sociales auditadas utiliza el del Ministerio de Salud y el 20% posee uno propio.
Las obras sociales cuentan con un 36% de prestadores de cartilla, un 30% son prestadores públicos de gestión estatal, un 19% prestadores propios y un 5% de otros prestadores.
Un dato a considerar es que sólo el 26% de las obras sociales difunden información en sus páginas web, redes sociales o cartillas, sobre las modalidades y canales de acceso a prestaciones IVE-ILE.
“Se ha observado la indicación de legrados, a pesar de no ser la práctica más recomendada o segura para las usuarias. Esta práctica incluye 48 horas de internación y sedación, en comparación con abordajes ambulatorios como podrían ser la indicación de misoprostol o la AMEU (aspiración manual endouterina)”, se resaltó en el documento.
“Esto no sólo repercute en prácticas poco seguras y de menor autonomía para las beneficiarias, sino en un gasto mayor injustificado”, indicó la SSS.
Garozzo dijo a Télam que “cuando evaluamos los resultados desde la implementación de la ley, observamos que hubo un incremento sustancial de uso de protocolo para el acceso por parte de las obras sociales. En paralelo, podemos ver mayor capacitación en la temática IVE al interior de los agentes. Estos avances impactan directamente en mejoras en el acceso al servicio de las personas beneficiarias”.
Cuando la Superintendencia comenzó a trabajar con las obras sociales sobre ley IVE/LE en 2021, detectó “falta de formación y capacitación de los agentes en la temática. Esto impacta en la falta de abordaje y la falta de herramientas de intervención” .
“En los casos donde las solicitudes IVE se dan en provincias del norte, y hay objetores de conciencia, la respuesta es que la beneficiaria se traslade a otra provincia”, fue otra situación evidenciada en ese primer monitoreo.
“Las funciones de las auditorias son, en primer lugar, acompañar, trabajar en conjunto y generar instancias de contacto para que la ley sea puesta en agenda de las diferentes Obras sociales. Luego, en una instancia posterior, se evalúan los diferentes avances y resultados relacionados con la temática”, especificó la SSS.
Por eso, el comparativo es positivo para la funcionaria.
En relación a reclamos, pueden hacerse a través de este formulario, la profesional explicó que una vez recibidos “se contacta de manera inmediata a la obra social correspondiente para que la práctica sea cubierta, así como lo establece la ley”.
De acuerdo al informe oficial, entre junio del 2021 y diciembre del 2022, se recibieron 187 reclamos, la mayoría relacionados con demoras en la cobertura, negativa o dificultad para acceder a medicamentos.
“Como desafío para el año 2023 se destaca la necesidad de profundizar la articulación con otros organismos, coordinar estrategias de acción y enfatizar en la difusión de la temática entre las obras sociales del Sistema de Salud y las entidades de medicina prepaga.”, concluyó Garozzo.
Fuente: Explícito On line
