Acerca de la “lentitud” en la gestión del Gobierno mendocino (y por qué puede costar vidas)
Un convenio firmado con nación demuestra que el Poder Ejecutivo a veces es más lento que el Judicial
Es habitual escuchar hablar sobre la lentitud del Poder Judicial, pues ciertamente los procesos judiciales en muchos casos demoran años y en otros no se resuelven hasta después del fallecimiento de uno o algunos de los protagonistas.
Pero hay otras gestiones que demuestran una lentitud inusitada. Ese es el caso del Poder Ejecutivo, específicamente el de la provincia de Mendoza y puede utilizarse como ejemplo un convenio acordado entre el gobernador Rodolfo Suarez y la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación Elizabeth Gómez Alcorta.
Se trata de un “Acta Complementaria de Cooperación Técnica en materia de Gestión de la información” y que tiene como objetivo aportar datos estadísticos “en materia de género, igualdad y diversidad” de la provincia a la Nación.
Esta información será volcada en el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género. Hasta aquí nada fuera de lo común. No obstante, el acuerdo entre el mandatario provincial y la ministra nacional fue llevado a cabo el 13 de mayo de 2021.
Sin embargo, el decreto que pone en vigencia el mencionado pacto, y que fuera firmado por Suarez, por el ministro de Gobierno Víctor Ibañez y por la ministra de Salud Ana María Nadal; fue publicado en el boletín oficial el pasado viernes 18 de noviembre del 2022: un año y medio después.
Cabe destacar que la resolución fue firmada antes, el 7 de noviembre pasado, pero eso no cambia mucho la situación de la lentitud de la política local.
¿Cuál es el problema? Que en muchos casos, este tipo de retrasos en la puesta en vigencia de ciertas normas producen incidentes de distinta índole e incluso en algunos cuesta vidas, así de sencillo.
