El kirchnerismo avanza desde Mar del Plata con su “Empresa Nacional de Alimentos”

Mientras el ministro de Economía Sergio Massa anunció en los últimos días un nuevo acuerdo de precios por 120 días, denominado ahora Precios Justos y abarcando más de 1700 productos, sectores del kirchnerismo duro, más vinculados a las distintas organizaciones sociales, avanzan con el proyecto de creación de una Empresa Nacional de Alimentos.

Es que nadie cree en el remanido acuerdo anunciado, ni siquiera las huestes de la Vicepresidente Cristina Kirchner. Y tampoco el propio Massa.

El asunto tomó estado público el 17 de febrero de este año, cuando la hoy cuestionada vocera de la Presidencia, Gabriela Cerruti, admitió que el gobierno estudiaba seriamente la idea. “La inflación es un daño para la mesa de los argentinos y el Gobierno evalúa una solución, no porque le interese políticamente, sino porque es su deber modificar la vida de la gente”, explicó entonces la funcionaria.

La propuesta había partido desde un dirigente menor: Rafael Klejzer, Director Nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, y había encontrado un importante interlocutor en Roberto Feletti, en ese momento secretario de Comercio Interior. Pero si bien hoy Feletti ya no está, y con la llegada de Massa al gobierno el proyecto parecía diluirse, no habría que descartarlo. Más con el año electoral que se avecina.

Cuando Cerruti confirmó la especie, el costo de vida era la mitad de lo que es hoy: el INDEC había informado un incremento del 3,9% en enero. Actualmente, los datos son más crueles: mientras septiembre cerró con un 6,2%, se espera para octubre un índice superior, cercano al 7%. En tanto, la inflación de los últimos 12 meses fue del 83% y en lo que va de 2022, 66,1%.

Pero el aumento de los alimentos crece por encima de la mayoría de los precios: en septiembre fue del 7,3%, más de 1 punto superior a la inflación del mismo mes.

Según un informe difundido el 9 de noviembre pasado en Mar del Plata por el Índice Barrial de Precios, que monitorea mensualmente 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos y  realizado por el Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (Isepci) en 150 comercios de la ciudad, los precios de los alimentos en los locales de barrio populares de Mar del Plata y Batán subieron 8% en octubre y el incremento interanual alcanza el 97%.

“Anualizada, la inflación se ubica en torno al 120%, confirmando que nuestro país ingresó en un régimen de inflación anual de 3 dígitos. Esta situación hace que los precios se distorsionen y en consecuencia el principal semáforo que tiene la economía no funcione correctamente. Bajo este panorama, lamentablemente, es difícil pensar que la recuperación económica se sostenga en los meses venideros y en el próximo año”, sostuvo Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso. En este contexto, todo puede pasar.

Es que los sectores alineados con Cristina Kirchner niegan sistemáticamente que el aumento de los precios esté relacionado en forma directa con la alta emisión monetaria. Y a partir de ello, buscan las fórmulas más estrafalarias para combatir la inflación, en especial la vinculada a alimentos.

El Director del citado Isepci en Mar del Plata, Rodrigo Blanco, integrante de Libres del Sur, afirmó que “el Índice Barrial de Precios se basa en la metodología del Indec, pero con la diferencia sustancial de que el proceso que llevan adelante todos los meses más de cuarenta relevadoras lo orientamos a150 comercios de cercanía de los barrios populares de Mar del Plata y Batán”. Y agregó una frase contundente: “Allí donde no llega el control y el acompañamiento estatal a los comerciantes”.

La mención a Mar del Plata no es casual. El 29 de junio de este año, con el objetivo de avanzar en la creación de la Empresa Nacional de Alimentos, desde la Dirección Nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, cargo del nombrado Rafael Klejzer, presentaron en la ciudad balnearia a una de las referentes de latinoamérica en la materia: Patricia Ballivian, Gerenta General del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas del Estado Plurinacional de Bolivia.

Durante el gobierno de Evo Morales, quien casualmente estuvo de visita en Mar del Plata hace pocos días con motivo de la presentación de una película en el Festival de Cine y brindó un discurso de fuerte contenido político en el teatro Colón, Ballivian fue gerenta comercial de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) y ministra de Desarrollo Productivo.

“Las empresas públicas son generadoras de excedentes, pero también reguladoras de precios. Arreglan las fallas del libre mercado, que distorsionan e incrementan precios por los oligopolios, monopolios y concentran las riquezas en ciertos privados afectando directamente a la población”, definió Ballivian en su paso por la ciudad en junio pasado.

Además, la ex funcionaria de Evo sostuvo que “las empresas públicas y el modelo que llevó a cabo desde el 2006, con la recuperación del rol del Estado y la nacionalización de nuestros hidrocarburos, dio comienzo a una nueva Bolivia, recuperando el rol de Estado generador de recursos, de administrador, planificador, protector”.

Y para no dejar dudas, afirmó que “refundamos el país con una nueva Constitución en el 2009 instituyendo un modelo económico-social-productivo-comunitario que, pese al Golpe de Estado del 2019, no pudieron destrozarlo”.

El 15 de agosto de 2007, a más de un año de asumir como Presidente de Bolivia y luego de haber estatizado los recursos hidrocarburíferos del país, Evo Morales creó la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), una “Empresa Pública Nacional Estratégica con personería jurídica y patrimonio propio bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural – MDPyEP”.

Según su propia web, “fue creada ante la necesidad de contar con una instancia estratégica estatal, eficaz y eficiente que asegure la agilidad de la conducción oportuna, toma de decisiones orientadas a la “Seguridad Alimentaria con Soberanía”.

“Soberanía alimentaria” fue el mismo concepto que utilizó el Presidente argentino Alberto Fernández en junio de 2020 durante el anuncio de la fallida intervención de la firma Vicentín.

No cabe duda que el modelo boliviano fue y es un viejo anhelo kirchnerista, al menos en esta materia. EMAPA hoy cuenta con un Directorio, un Gerente General, de la que se dividen 3 sectores, que a su vez se subdividen en 23 reparticiones más.

25 años después de su creación, la empresa estatal interviene en todos los eslabones de la producción primaria, y también en la industrialización. De hecho, el gobierno boliviano creó otras 3 empresas públicas, que dependen de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), de la que la citada Patricia Ballivian fue gerente.

Vale la pena citar un concepto del Decreto Supremo 29.230 que creó EMAPA: “El modelo neoliberal desarrolló un patrón económico que en el área agrícola se basó en la consolidación de la economía empresarial”. Toda una declaración de principios.

Pero la empresa pública boliviana no estuvo exenta de escándalos. En julio de este año, comenzó a ser investigada por un presunto caso de contrabando de maíz transgénico traído desde Argentina.

Además de ello, las críticas se posaron sobre el gerente de la compañía, Franklin Flores, ya que se lo acusó de ocupar el cargo por ser un hombre muy cercano a Evo Morales, aunque éste ya no ocupe la presidencia del país. Y de no ser una persona idónea para el puesto, ya que se trata de un político, y no de un técnico como debería ser.

Según sus detractores, EMAPA se convirtió en una caja muy codiciada por el poder político de la nación vecina, tanto por los fondos que maneja como por el poder que representa.

En la proyectada Empresa Nacional de Alimentos impulsada en Argentina por Rafael Klejzer, se apunta al objetivo de “asociarse con productores de alimentos y regular el precio final al consumidor controlando los costos de producción y comercialización”. Y según afirman sus impulsores, “es injusto que diez empresas de alimentos que determinan los precios “.

En una conferencia de prensa brindada también en la ciudad de Mar del Plata, pocos días antes de la visita de la funcionaria boliviana, más precisamente el 11 de junio de 2022, Klejzer sostuvo que “el precio de los alimentos en Argentina es político, no tiene nada que ver con el stock. El precio del tomate no depende de la falta de stock, sino de la avaricia”.

Así, agregó que “es muy importante la Empresa Nacional de Alimentos, porque empezás a discutir más allá del precio, sino que discutís soberanamente qué producto abaratás en la mesa de los argentinos”. La presentación fue hecha en la sede de la CGT marplatense.

Casualidades del destino. El autor del proyecto de ley de creación de ENA es el senador por Rio Negro Martín Doñate, el mismo legislador que impulsó Cristina Kirchner para integrar el Consejo de la Magistratura, cuyo decreto la Corte Supresa acaba de anular.

Tal vez a estas casualidades habría que prestarles más atención.

“La alimentación es un derecho básico”, dice entre los primeros fundamentos la normativa redactada por Doñate, llamada ampulosamente “Alimentos Argentinos”, que sería una sociedad anónima con participación mayoritaria del estado (SAPEM).

En total, el documento tiene 17 artículos y un anexo con el Acta de Constitución de la sociedad. Entre los puntos salientes, el proyecto establece un control del 51% en manos del Estado Nacional, un 2% para cada una de las 23 provincias y un aporte de capital inicial de $900 millones, según información publicada por el diario “Ämbito financiero”.

La nueva empresa nacional dependería, de la Secretaría de Comercio Interior, hoy a cargo de Matías Tombolini. La eventual compañía “tendrá por objeto realizar por cuenta propia o a través de la asociación estratégica con terceros, la producción, fabricación, fraccionamiento, distribución, comercialización e industrialización de productos alimenticios en la República Argentina”.

En un artículo recientemente publicado en el diario oficialista “Página 12”, se planteó claramente la cuestión. “Un análisis más exhaustivo de la formación de los precios de los alimentos en la Argentina, sobre todo ante un avance tan agresivo de la inflación, muestra que un problema clave se encuentra en la estructura cada vez más concentrada no sólo de la industrialización de alimentos y la comercialización, sino también de la producción”, asegura el texto.

Quien también apoyó fuertemente la creación de esta empresa fue Nahuel Levaggi, titular del Mercado Central de Buenos Aires y de quien este medio se ha ocupado en distintos artículos.

En el año 2010, apareció en la escena nacional la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), cuyo máximo referente es el propio Levaggi, un hombre muy cercano a Máximo Kirchner. De hecho, el hijo de la vicepresidente fue quien impulsó su designación al frente del Mercado en marzo de 2020.

La UTT nuclea a más de 22.000 familias productoras de alimentos, con representación en 18 provincias del país. En Mar del Plata posee una fuerte presencia, y fue objeto de acusaciones por parte de diversos productores rurales de la zona ante la gran cantidad de causas judiciales abiertas por eventual trata laboral en el amplio cordón frutihortícola de la región.

“En esta jurisdicción, la política criminal de presunta lucha contra la trata laboral, se ha convertido en una política de actuación que, a los productores rurales, los persigue, los roba y, por último, los desapodera de la tierra, sin causa alguna que lo justifique”, había denunciado el 17 de febrero de 2022 el fiscal ante el Tribunal Oral de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani.

“La UTT se ha transformado en un brazo kirchnerista que les ofrece planes a los que trabajan la tierra para captarlos y pasar a dominarlos. Atrás de eso vienen las denuncias para quedarse con sus quintas”, afirmó un productor a declaraciones a este medio.

En marzo de este año, Nahuel Levaggi le dijo a una radio local, respecto a la posible creación de la Empresa Nacional de Alimentos, que “la intervención del Estado en la producción y comercialización de alimentos es estratégico para bajar la inflación”.

Por su parte, Klejzer dejó en su recorrida por Mar del Plata una frase temeraria: “En la pospandemia ya no se discute la intervención del Estado, sino las formas, allí radica nuestro desafío”.

Frente a un kirchnerismo acorralado por la realidad, y con un Sergio Massa a quien se le achica el margen de maniobra, estos extraños ensayos de solución para combatir la inflación, principal preocupación de los argentinos, se van robusteciendo peligrosamente cada vez más.