Denuncian al Gobierno de Mendoza por presunto “atentado al medioambiente” en El Challao

En los últimos días, recayó en un Juzgado Civil de Mendoza una denuncia contra el Gobierno de la provincia solicitando una acción de amparo por el daño que se estaría haciendo en la doble via del circuito turístico de El Challao, tópico sobre el cual viene poniendo el foco Diario Mendoza Today.

Quien avanzó en la presentación fue Bernardo Martín Ruti, con el patrocinio del abogado Pablo Chesi, quien pidió una medida de prueba anticipada respecto de los expedientes relacionados con “la licitacion de la ruta 99, tramos I y II, Circuito El Challao, Las Heras, Mendoza”. 

La mencionada acción de amparo es dirigida puntualmente contra el Ministerio de Planificación e Infraestructura de la provincia, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza y la Dirección Provincial de Vialidad.

En el paper mencionado, al cual tuvo acceso Mendoza Today, se pone en “conocimiento la falta de cumplimiento de las acciones en cuidado del medioambiente, falta control de la DIA, falta de cumplimiento de las obras de reforestación que ponen en peligro al medio ambiente y consecuentemente a la comunidad, es que venimos a interponer el presente amparo”.

Asimismo, se hace hincapié en que “el hecho debe entenderse, como la posible comisión de un perjuicio al medio ambiente, así como los derechos fundamentales de los propietarios, habitantes, poseedores y/o tenedores de los inmuebles afectados que se encuentran sobre la traza geográfica”.

Ruti hace mención a una licitación que tuvo lugar el 4 de agosto de este corriente 2022 realizada por la Dirección provincial de Vialidad sobre la reconstrucción de la Ruta provincial nº 99, cuya obra se realizará en dos tramos y tendrá incidencia sobre el departamento de Las Heras y de la Ciudad.

“El desarrollo de esta obra no cumple con las reglas mínimas de cuidado del medio ambiente, ya que el proyecto implica la erradicación de árboles en la zona en perjuicio del medio ambiente y que alteran la flora de la zona”, remarca el documento en cuestión.

Por tanto, se entiende que la Dirección Provincial de Vialidad no cumplió con el cuidado ambiental, ya que se erradican los árboles que obstruyen el avance de la obra sin tener en cuenta un plan de reforestación.

Es por ello que puede traer aparejado, no solo un daño ambiental, sino también un peligro aluvional para todos los terrenos que se encuentran dentro del proyecto de la obra, y “riesgo de inundación y desprendimientos por la falta de vegetación del lugar, que sirve de dique de contención natural para aludes y/o desprendimientos en caso de lluvias”.

Adjuntando quejas de los vecinos damnificados por estas obras, en la demanda lo que se pide, en términos básicos, es la reimplantación o reforestación de la zona, ya que la ejecución del proyecto implica la erradicación de unos 50 árboles de muchos años de antigüedad.

Cabe señalar que, según se desprende de la propia redacción del documento en cuestión, se observa “falta de control y observación de una evaluación del impacto ambiental, falta de contralor de las obras que se encuentra en ejecución y que, por tanto, no tiene la debida autorización”, lo que hace aún más escandalosa la cuestión aquí tratada.

Por último, cabe destacar que hay una visible responsabilidad estatal “por la falta de contralor” ya que el Estado es  “quien se encuentra facultado del Poder de Policía Ambiental” y “es responsable por permitir – por su acción u omisión – las agresiones ambientales”.