Avanza firme el plan para reformar la Corte de Mendoza tras un acuerdo entre los jueces

Tras un mes de controversia por el plan de reforma judicial presentado por el gobernador radical Rodolfo Suarez, con el objetivo de “transparentar” el funcionamiento de la Corte Suprema local, lo que fue visto por la oposición como un intento de “tener el control” del máximo tribunal provincial, finalmente la iniciativa fue consensuada por los jueces y ya recibió, por mayoría de los votos, media sanción de Diputados. Ahora, resta esperar que el Senado la convierta hoy en ley.

Luego de semanas de discusiones y exposiciones de expertos, que desestimaban el proyecto del oficialismo, por considerar que se ponía en juego la independencia de la Corte, la pelota pasó a los supremos, en medio de la puja por los fallos que están marcados por la “grieta política”, con una mayoría de 4 a 3 en favor del radicalismo. Fueron los propios jueces del máximo órgano de justicia de la provincia cuyana quienes lograron consensuar un plan superador, en medio de las críticas oficiales por el “forum shopping”, es decir la elección “por conveniencia política” de las salas para presentar las demandas. En este caso, los ojos del Gobierno se posaron sobre la Sala 2, en lo penal y laboral, que evidencia mayoría filoperonista.

De esta forma, se estableció avanzar progresivamente con los cambios. Por eso, al menos por un año se mantienen las salas especializadas, y sólo ahora serán sometidas a sorteos las causas conocidas como contenciosas-administrativas. En tanto, se acordó que todas las acciones de inconstitucionalidad se elevarán a fallo plenario. Así, en el resto de los fueros el sorteo comenzará el 1 de julio de 2023, previa decisión del pleno del máximo tribunal. En caso de no acordar, ese cambio se instrumentará desde el 1 de diciembre. También, el proyecto establece que la elección del presidente de la Corte se hará con una primera votación, con mayoría de 5 a 2. En caso de no acordar, habrá una segunda votación similar. De no arribar a una resolución, la votación será por mayoría simple. Por otro lado, se elegirán dos vicepresidentes por mayoría simple; esto es, 4 a 3, excluyendo de esa instancia al presidente elegido, salvo que se produzca un empate. Vale mencionar también, que en el caso del llamado a pleno, sólo bastará con el acuerdo de dos de los tres supremos sorteados.

Así, finalmente, esta semana, tras una larga sesión realizada el miércoles, la Cámara Baja aprobó la reforma de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, con 44 votos a favor y tres en contra. Sólo el diputado de Protectora, José Luis Ramón, que pertenece al interbloque del Frente de Todos, y los legisladores del Partido Demócrata, Mercedes Llano, y del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, respectivamente, rechazaron la iniciativa. Previo a la sesión, con los cambios propuestos por los supremos, se logró la adhesión de Pro y del Frente Renovador, lo que permitió que se firmara el despacho de comisión para habilitar el tratamiento.

Desde el Ejecutivo local ponderaron, en diálogo con LA NACION, que el proyecto llegó a la Legislatura con el mismo espíritu inicial, y que se retocaron aspectos propios del funcionamiento de la Corte, aunque vale aclarar que hubo algunos cambios que permitieron equilibrar las posturas.

“Hace tiempo que se advierte un mal funcionamiento en la prestación de justicia y eso nos da el pie para ver qué tipo de Corte queremos: una justicia que tenga la balanza equilibrada, que mejore la justicia para los mendocinos”, señaló el diputado radical Adrián Reche. “Se ha advertido un mal funcionamiento en el servicio que presta la Corte, con una desproporcionalidad en las tareas, por causas que se incorporan mucho más en una sala que en otra”, indicó el legislador, quien aseguró que “se echó por tierra las supuestas mayorías”.

En tanto, Jorge Difonso, del Frente Renovador, aliado al oficialismo, pero reticente en un comienzo a dar el aval, indicó: “Decidimos solicitarles un esfuerzo más a los ministros de la Suprema Corte para que pudieran llegar a un consenso y con beneplácito puedo decir que se consiguió, y en la SCJ se trabajó para alcanzar acuerdos con la firma de todos los ministros. Y que vinieran todos a presentarlo a la comisión es todo un gesto de diálogo y predisposición. Esa es la actitud que debemos encontrar en muchos temas más”.

En tanto, Gustavo Cairo, del Pro, aseguró que “el espíritu del proyecto se ha mantenido”, destacando que en estas semanas de debate “se respiró República”. En este sentido, el legislador expresó: “Esto permitió que saliera con un debate amplio, esto es muy importante, se pudo lograr que el proyecto quedara enriquecido con la firma de todos los miembros de la Corte. Es un proyecto superador y positivo”.

Desde el justicialismo, Germán Gómez, jefe del bloque peronista, sostuvo que este proyecto “es mejor que lo que tenemos y mejor que la ley que envió el Ejecutivo”. El legislador del Frente de Todos coincidió que “apunta a mejorar el funcionamiento de la Corte” y ponderó la necesidad de “tener distintas opiniones”.

Por su parte, Diego Costarelli, diputado de la UCR, puso en valor el trabajo que viene realizando el oficialismo en la Justicia. “Desde el 2015 a la fecha hemos impulsado las mayores reformas en materia judicial, estas reformas apuntan a un servicio de justicia más ágil, más transparente. Como legisladores estamos obligados a proporcionar cambios tendientes a mejorar el sistema de justicia”.

Quienes votaron en contra de la iniciativa, expresaron sus motivos. “Desde nuestro bloque somos reformistas, pero el proyecto en cuestión no es virtuoso porque el problema no es el forum shopping sino la Sala donde ingresan las causas”, indicó Ramón. En tanto, la demócrata Llano aseguró: “Este proyecto particular no aborda el tema de fondo, no va al hueso de la cuestión que es justamente la causa de todos estos problemas que es la partidización de la Justicia. El mal funcionamiento de la Justicia es una consecuencia de la progresiva partidización de la justicia”. Por último, Fugazzotto indicó que acabar con el forum shopping “no necesita de una Ley”, al tiempo que considera que la iniciativa no incluye “la paridad de género, la perspectiva de género y la especialidad en materia ambiental”.