Inflación, nuevas cláusulas y contratos deficitarios: el panorama que pone en jaque a la construcción en Mendoza

Para el Gobierno, la inversión en obra pública es “una prioridad y una decisión política”, pero los empresarios de la construcción advierten que la inflación está limando seriamente sus ingresos y pone en jaque la continuidad de los contratos.

“La obra pública enfrenta un problema grave: la inflación nos está impactando muy fuertemente. Hoy, todos los contratos son deficitarios y así será por un largo tiempo”, graficó el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) Gustavo Weiss.

El empresario consideró que si bien hay “bastante” obra pública en el país, la situación “es muy problemática”. El eje del conflicto pasa por las denominadas “cláusulas de redeterminación”.

“Los contratos tienen una cláusula de redeterminación porque ponemos un precio hoy y la obra se entrega en uno, dos, tres años, depende de su magnitud. Esa cláusula permite, en contextos de inflación, redeterminar el precio, fijar uno nuevo, actualizando los valores en función de una fórmula que se nutre de información elaborada por el INDEC”, explicó Weiss.

“Pero el tema es que con una inflación del 100% anual, como tendremos este año, esa fórmula no refleja la realidad y los contratos no se actualizan como corresponde. Ahí empieza un deterioro que es muy difícil de levantar”, alertó el dirigente, en declaraciones a TN.

Weiss comentó además que con la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, el Estado empezó a pagar más tarde a los contratistas de obra pública.

“Con Guzmán nos pagaban a 30 o 60 días a partir de la fecha de factura. Con la llegada de Silvina Batakis y luego de Sergio Massa, ese plazo se estiró en unos 30 o 40 días más. Por eso muchas obras se ralentizan o directamente se paralizan”, enfatizó.

Un encuentro para visibilizar la crisis

Durante un reciente encuentro en Mendoza, el Consejo Federal de Camarco emitió una declaración a través de la cual los constructores alertaron por la “gravedad” de la situación que atraviesan los contratos de obra pública y advirtieron que están en peligro la terminación de los trabajos, la continuidad de muchas empresas y el empleo.

Los empresarios aseguraron que el actual ritmo inflacionario obliga prácticamente a aplicar esa nueva determinación cada mes y cada cláusula lleva a un proceso administrativo que demanda otros tantos meses.

“Esto es más grave aún en contratos por Convenio con provincias o municipios, en las que se suman dos jurisdicciones a la tramitación”, aseguraron y, a la vez, explicaron que, en cualquier caso, el cobro de lo redeterminado “se demora por los meses de trámites insumidos y el monto percibido se ve severamente reducido por la pérdida de su valor adquisitivo -para reponer insumos- y/o por los altos costos financieros nominales”.

“Los índices relevados por el INDEC no representan exactamente la verdadera variación de precios de nuestros insumos, cuando se los compara con el aumento real de precios de los distintos materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra”, añadieron.

A ello agregaron la distorsión significativa en los precios de materiales -y/o en sus formas de comercialización- a causa de su escasez, por cambios en el comercio exterior y regulación y por efectos de conflictos geopolíticos.

Massa, los constructores y las promesas de pago

Hace unos días atrás, el ministro de Economía, Sergio Massa compartió un almuerzo con la cúpula de Camarco, pocas horas después de que se conociera la declaración firmada en Mendoza.

Weiss comentó que el jefe del Palacio de Hacienda “garantizó que nos van a seguir pagando, pero admitió que el mecanismo de redeterminación, para que pueda reformularse, requiere un tratamiento legislativo. Y es complejo, lleva su tiempo”.

Massa se comprometió a dialogar con su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, para avanzar en una solución.

El titular de Camarco señaló además que el ministro dijo que la inflación bajará sustancialmente a lo largo de 2023 e insistió en que las escasas reservas del Banco Central tendrán como prioridad al sector productivo.

Presupuesto 2023: qué proyecta el Gobierno en obra pública

El proyecto de Presupuesto Nacional para 2023, que por estos días se debate en Comisiones de la Cámara de Diputados, incluye fondos para más de 5300 obras públicas en ejecución y para otros 1100 emprendimientos que comenzarían a construirse durante el año entrante, con un valor estimado de $920.000 millones.

Alrededor del 43% del total de la obra pública proyectada se concentra en la provincia de Buenos Aires, con un porcentaje similar del presupuesto total del área.

La mayor parte de los recursos corresponde a Vialidad Nacional, con unos $256.000 millones repartidos entre las provincias, sobre todo la de Buenos Aires, a la que se destinará el 27% del total presupuestado para obras viales, seguido por Santa Fe y Córdoba: son los tres distritos más favorecidos.

En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires (con un 0,4% del total), Tierra del Fuego y San Luis son los que menos recibirán.

Las obras de infraestructura vial de mayor envergadura contempladas en el proyecto oficial son la continuidad de la autopista Presidente Perón, que unirá Merlo, en el Gran Buenos Aires, con la ruta 2 a la altura del Cruce Etcheverry; el nuevo puente entre Chaco y Corrientes; la variante Palmira de la ruta nacional 7 en Mendoza y la autopista Santiago del Estero-San Miguel de Tucumán.

Según el texto que el Ministerio de Economía remitió al Congreso, el monto destinado a la obra pública “delimita ciertos ejes estratégicos donde se priorizan las asignaciones de capital. Entre los principales, se destaca la infraestructura vial y de transporte urbano, la expansión de las redes de acceso al agua y saneamiento, el avance de la política de vivienda, la conectividad educativa y la infraestructura hidrocarburífera”.

En la presentación que el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, hizo en la Cámara de Diputados para defender el presupuesto del área, destacó que la inversión prevista en infraestructura vial representa el 32% del total de recursos. “La inversión en obra pública es una prioridad y una decisión política de este Gobierno”, subrayó.

El funcionario puntualizó que los fondos se destinarán, principalmente, para la construcción de 1192 kilómetros de nuevas autopistas y para obras de mantenimiento en ese tipo de rutas. También se invertirán $298.880 millones en agua y saneamiento, otro 32,3% del presupuesto total, con más de 598 obras y 192.000 beneficiarios directos.

Asimismo, Katopodis puntualizó que se prevé financiamiento por $34.913 millones para infraestructura urbana y rural; $20.481 millones para infraestructura del cuidado y $274.095 millones para infraestructura educativa, ambiental, de conservación patrimonial y de entramados productivos.

También está prevista una inversión de más de $5000 millones para construir centros de políticas de promoción de los derechos de género y diversidad en las provincias; la ejecución de 500 centros de desarrollo infantil; obras destinadas al sistema de salud pública por $43.400 millones y la construcción de 107 escuelas técnicas.

Por Gerardo Choren, especial para TN