Con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se implementó en Mendoza un software que jamás cumplió su objetivo.
Se trata de un Sistema de Información Territorial para la Administración Tribunaria Mendoza (ATM) que permitió a más de cien propietarios del Dalvian zafar de la obligados de pagar el impuesto inmobiliario en 2020 y 2021. Otra investigación implacable del portal El Otro:
El 1 de mayo de 2017, ante el pleno de diputados y senadores provinciales, Alfredo Cornejo faltó a la verdad. En su discurso anual de Apertura de Sesiones Ordinarias, el gobernador de Mendoza anunció en la Legislatura la supuesta concreción del Sistema de Información Territorial. Una mentira -ni la primera ni la última- con patas muy cortas.
El proyecto, que pretendía actualizar e integrar los sistemas de información de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), fue iniciado en la gestión del exgobernador Francisco Pérez, con un financiamiento de 13 millones de pesos (más de 150 millones, actualizados con índices históricos de inflación) fondeados por el Banco Interamericano de Desarrollo (préstamo BID 1855/OC-AR), a los que se sumaron cerca de 5 millones de pesos aportados por la Provincia. Proyecto pagado pero frustrado, finalmente, debido a graves incumplimientos de ATM y de las adjudicatarias Universidad Tecnológica Nacional y Universidad Nacional de Cuyo.
Según consta en expedientes judiciales y legislativos a los cuales tuvo acceso EL OTRO, el Nuevo Sistema de Información Territorial (NSIT), que desde mayo de 2019 suplantó al Sistema de Información Territorial (SIT), “lo empeoró a niveles de hacerlo absolutamente inconducente para la labor profesional”, generando “desactualización de la cartografía oficial de toda la Provincia, con notables falencias en el otorgamiento y carga al sistema de información catastral”. Tal como lo precisó una denuncia penal presentada durante aquel año por el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea), y una posterior presentación administrativa de la Asociación Mendocina de Agrimensores, en la que su presidente, Carlos Santander, advirtió al gobernador sobre los “daños y perjuicios” derivados de la fallida implementación del sistema.
En el último mes, a partir de diversas fuentes documentales y testimoniales, EL OTRO pudo comprobar que, lejos de mejorarse la situación, el software NSIT posee importantes deficiencias que, entre otros graves problemas, impide que un número indeterminado de contribuyentes mendocinos page sus impuestos, por la simple falta de emisión de boletas del Inmobiliario.
Hasta mayo de 2019, como obra en expedientes administrativos, UTN y UNCuyo recibieron en sucesivas etapas los fondos comprometidos por el BID y el gobierno local, para implementar un sistema que permitiera intercambiar información entre Municipios, Dirección de Rentas y Dirección de Catastro. Además, este programa debía ofrecer una cartografía actualizada y tableros de comando y control.
Si bien cada paso fue acreditado por funcionarios del Gobierno de Mendoza, lo hecho hasta entonces demuestra que gran parte del software contratado nunca completó la operatividad exigida en los pliegos licitatorios. “La UTN y la UNCuyo tenían que cumplir un cronograma. Toda la cadena de responsables de ATM y Hacienda firmó los avances y así se autorizaron los pagos. Pero ese cronograma estuvo totalmente dibujado”, señaló a EL OTRO una fuente calificada del Ministerio de Hacienda y Finanzas, quien exigió reserva de identidad.
Los testimonios recabados coinciden en señalar que, durante la gestión Cornejo, los directores de ATM, a sabiendas de que “el software no estaba”, avalaron la documentación que permitía liquidar los 18 millones de pesos. Incluso, “cuando se acercó la fecha límite, pidieron una prórroga de seis meses para intentar mostrar algo que más o menos funcionara”. “Hay parvas de biblioratos dibujados. Lo que dicen los papeles no está en el software. Es una estafa, le robamos la billetera al BID”, ironizó en off un funcionario de ATM en diálogo con este medio.
Los testimonios concuerdan con las fuentes documentales. El 18 de diciembre 2018, el administrador general de ATM, Alejandro Donati, resolvió que el Nuevo Sistema de información Territorial se implementaría el 11 de febrero de 2019. Sin embargo, recién el 9 de mayo se anunció públicamente que se encontraba “operativo”. Otra mentira, ya que ni entonces ni ahora el sistema operó como debía.
Un analista de sistemas que trabajó en el desarrollo del NSTI explicó a EL OTRO: “La licitación contemplaba la compra de equipamiento, un módulo que se llamaba canal integrador, la integración entre la administración central de ATM con todos los Municipios, tablero de control para ver distintos indicadores en ATM, como recaudación, efectividad, productividad, etc. y el sistema de información territorial. De todo eso, lo único que se hizo fue la compra de servidores, máquinas nuevas y algunos otros aportes tecnológicos, para que corriera este nuevo software que jamás funcionó. La empresa que se armó entre la universidades Tecnológica y la UNCuyo no garantizó la capacidad técnica para desarrollar un software, sobre todo porque la gran mayoría de los desarrolladores eran jóvenes que cobraban dos mangos, trabajaban unos meses y se terminaban yendo”.
Para este especialista lo más grave de todo sucedió cuando “Donati decidió dar de baja al sistema anterior”. “El SIT tenía falencias, obviamente, pero permitía llevar un catastro que vinculaba los planos con las propiedades del territorio concreto. El viejo sistema debía abandonarse paulatinamente pero no fue así, se lo desplazó completamente por uno nuevo que no funciona, provocándose un caos de información. El mismo día que anunciaron la implementación del NSIT, los agrimensores en la puerta de ATM decían que no podían operar nada en el sistema”.
Desde mediados de 2019, las actualizaciones de propiedades y subdivisiones que se incorporaron a los registros catastrales de ATM no están integradas, lo que provoca graves problemas de disponibilidad de información tributaria y errores que impactan en la recaudación de impuestos.
Durante semanas este diario analizó información tributaria y decidió tomar como caso testigo una muestra sobre la empresa Dalvian SA (CUIT 30-54733781-2), uno de los principales contribuyentes del impuesto inmobiliario de Mendoza.
En esta primera parte de nuestra investigación periodística, EL OTRO puso el foco en más de 200 padrones catastrales ubicados en el conocido barrio privado de la capital mendocina, y verificó que, al menos 106 casos identificados precisamente con la nomenclatura oficial, no recibieron sus boletas de impuesto inmobiliario correspondientes a 2020 y 2021. Lo que representaría aproximadamente 11 millones de pesos de obligaciones de pago no generadas por el Estado sobre contribuyentes de alto poder adquisitivo.
Obviamente, esta suerte de agujero negro impositivo no se agota en un sólo barrio privado. Como si se tratara de un universo fiscal paralelo, resulta imposible saber a ciencia cierta cuántos son los contribuyentes de toda la provincia que, por desidia o complicidad de funcionarios del Gobierno de Mendoza, no recibieron ni reciben la liquidación anual de Inmobiliario o se les emite boletas con diversas “fallas” de sistema, que generan cientos de reclamos administrativos por año ante ATM.
¿Cuánto dinero deja de recaudar la Provincia por estos “errores”? Aún no hay sistema que lo responda. Igualmente es esta una muy buena pregunta para que la contesten los funcionarios judiciales, que tienen en sus manos la investigación penal contra ATM iniciada en 2019. También la Justicia debería explicar si estos “errores” son azarosos o fruto de manipulaciones intencionadas en las sombras de un software tan costoso como obsoleto, el cual, según anunció el propio Gobierno, será “corregido” con otro préstamo del BID de 33 millones de dólares.
