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Piden crear una oficina que analice la viabilidad económica y financiera de proyectos presentados

¿Es más burocracia sin sentido o la solución a la falta de transparencia?

Josefina Canale, diputada provincial del PDP, busca en estas horas, mediante un proyecto de Ley, crear en el ámbito de la Cámara de Diputados, la oficina de Presupuesto.

El objetivo es que desde ese ámbito se establezca “el costo económico que tiene cada norma de ley presentada, en los casos en que la misma implique una erogación para las arcas del Estado provincial” y estimar “cuál será la fuente de financiación” de las piezas legislativas.

En consecuencia, la iniciativa, a la que tuvo acceso Diario Mendoza Today, intenta que “cada proyecto de ley que signifique una erogación o afectación presupuestaria para la Administración Central, sus organismos descentralizados, u otras entidades, como para el Poder Legislativo o el Poder Judicial, llegue al tratamiento en comisiones o en su caso al recinto absolutamente presupuestado”.

Canale subraya en los fundamentos de la norma que “se presentan una cantidad de proyectos que resultan muy útiles en la realidad pero que al momento de ser aplicados no logran su ejecución por falta de presupuesto”.

La legisladora considera que “el fin último es enriquecer y elevar la calidad del debate y disminuir la asimetría de información entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”, por lo que se intentará “exigir como requisito previo, al tratamiento de todo asunto girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a fin que en tales proyectos de ley se visualicen y reflejen el impacto presupuestario, lo que su aprobación generaría y su fuente de financiación”.

“Poseer cuentas claras se encuentra en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible” y este proyecto “va en sintonía, ya que como Poder Legislativo debemos tener en cuenta a la hora tanto de la formación, desarrollo y promulgación de nuestras Leyes, si son factibles y son posibles en el tiempo”, remarcó la diputada.

La Oficina de Presupuesto deberá organizarse con los recursos humanos, administrativos, económicos y materiales existentes a la fecha de su aprobación en la Cámara Baja.

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