Desaguisados en Guaymallén y Godoy Cruz, y ¿prosperará la denuncia de Uceda contra Suarez?

La denuncia que la diputada del Frente de Todos Marisa Uceda hizo contra Rodolfo Suarez movió el avispero de la política mendocina un ratito, sobre todo en redes sociales. Pero no habrá más que eso.

Se trata de una presentación que la legisladora realizó ante la Justicia Federal porque el gobernador no acató el feriado nacional del 2 de septiembre, decretado por el presidente Alberto Fernández tras el ataque contra Cristina Kirchner.

El mandatario provincial lo tomó con sorpresa y algo de humor. Sobre todo por los presuntos delitos por los que se lo acusa: sedición y abuso de autoridad. Suarez sabe que, más temprano que tarde, la Justicia desestimará la denuncia. Sencillamente, porque no ha cometido ninguno de los dos.

De hecho, la sedición es el “levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo”. Ello no ha ocurrido siquiera remotamente.

El abuso de autoridad tampoco se habría configurado, ya que el decreto firmado por el mandatario se encuntra dentro de sus facultades como titular del Ejecutivo local.

Sí le inquieta a Suarez otra cuestión: la reforma de la Suprema Corte de Mendoza que impulsa, donde el peronismo local ha logrado imponer la idea de que se trata de un avasallamiento sobre las instituciones mendocinas.

La sociedad mira espantada y absorta, y se pregunta: ¿Quién tiene razón finalmente, el oficialismo o la oposición? Y la respuesta es bien complicada. Porque ambos tienen buenos argumentos.

Es bien cierto que se ha tornado una mala costumbre aquello de hacer “forum shopping”, esto es, buscar denunciar en un momento determinado para que las presentaciones caigan en una u otra sala. Pero también es real que se trata de una práctica histórica y “normal” en la justicia Argentina.

Por otro lado, cuando se suman los antecedentes del cornejismo-suarismo respecto del avance sobre puntuales instituciones locales, todo indicaría que efectivamente se busca colonizar el cuerpo más importante de la Justicia mendocina.

Las dudas, no obstante, pasan por otro lado: ¿Por qué necesita el Ejecutivo manejar a los jueces supremos? ¿Qué denuncia o denuncias espera en el corto o mediano plazo? ¿De quién? ¿Por qué? En medio del crecimiento de la pobreza, el desempleo y la inflación, la urgencia del gobierno suena bien suspicaz.

Otra cuestión que quedó expuesta a raíz del debate por la reforma de la Corte es que desde hace muchos años ya, los magistrados que se designan en ese cuerpo son elegidos por su sesgo partidario más que por su expertise en temas jurídicos. Es un “vicio” de peronistas y radicales por igual.

Ergo, lo que amerita debatirse es más profundo de lo que se creía. Pero nadie dará el primer paso para que ello ocurra. Porque a nadie le conviene.

Entretanto, algunos sonados escándalos empiezan a dormir el sueño de los justos. Incluso ante el silencio de los grandes medios mendocinos. El subsidio a Héctor Bonarrico es uno de ellos. La justicia ha abierto, no una, sino dos investigaciones, por sendas denuncias. pero no caminan, ni para atrás ni para adelante.

El gobierno insiste en que hizo todo correctamente, que el dinero que se le estuvo por aportar al pastor estaba justificado. Por si fuera poco, ello quedó trunco finalmente.

Sin embargo, la oposición persiste en que se trató de una suerte de tráfico de influencias. La cooptación más burda de la voluntad política de un hombre clave. Otro expediente que terminará en la nada misma.

Lo que sí se encamina a ser un escándalo es lo que ocurre en Guaymallén, diversos desaguisados que viene revelando Diario Mendoza Today desde hace más de un año.

Los medios colegas han empezado a poner la lupa en algunos de ellos, principalmente lo ocurrido con Lucas Valsecchi, ex director de Cultura de Guaymallén, condenado por abuso sexual de su propia hija. El hombre fue eyectado oportunamente de su cargo, pero sigue ostentado gravitación y maneja negocios de relevancia en aquella comuna. Grave.

También parece imparable la trama de las cuevas Stefano Cannella, también revelada en exclusiva por este medio. La Justicia ha dado con pruebas concluyentes de que allí se blanquea dinero y se trafican narcóticos.

De hecho, hay imputaciones y detenciones por doquier. Pero falta mucho más. Y ello inquieta al poder, porque reputados políticos han utilizado los servicios brindados por los dueños de aquella joyería, que a su vez manejan otros negocios.

Aún falta que caiga el pez más gordo, que busca ser protegido, bajo amenaza de revelar la nómina de los favorecidos por el bendito lavado de capitales. La Justicia irá por él a pesar de todo, porque las pruebas lo complican. Será un resonado escándalo, por la figura del personaje en cuestión.

A su vez, aparecen “de coté” en la investigación personajes de peso, que no se sabe si tienen alguna participación o no. .Como Emilio Magnaghi, quien ostenta aviones y pistas de aterrizaje en Justo Daract. También el ex diputado Walter Soto, aquel que en 2014 viajaba en el avión de Alfredo Vila (hijo) que se accidentó en La Puntilla.

En otro orden de cosas, ha vuelto a dar qué hablar Darío Falcone, el director millonario de Obras Particulares de Godoy Cruz, quien cuenta en su haber con severas denuncias porque no puede justificar su enorme patrimonio, presuntamente mal habido.

En este caso, el escándalo trata de un caso de violencia hacia un agente de su propia cartera, llamado José Guzzanti, quien fue maltratado por Falcóne, ocasionándole en una oportunidad un colapso que hizo que se desmayara dentro de la oficina, golpeándose la cabeza y todo. Hoy ese hombre está con tratamiento psiquiátrico.

Según pudo reconstruir Mendoza Today, cuando sucedió aquel episodio el propio Falcone intentó minimizar el hecho ante el médico municipal que atendió a Guzzanti, diciendo que este “se hacía el artista”. Pero el propio galeno le dijo que se retirara porque lo denunciaría ante la gravedad de lo sucedido.

Lo llamativo es que, a pesar de lo antedicho, que se suma a todo lo demás, el funcionario sigue como si nada en sus funciones. Acumula dos juicios por maltrato, tres denuncias en la fiscalía y Oficina de Ética Pública, y lo siguen sosteniendo. ¿Será acaso que sus negocios son de alguién más? ¿Repartirá para la “corona”, como suele decirse?

Como sea, apenas un botón de muestra que revela que aquello de la transparencia mendocina es solo un cuento para niños.