El Juzgado de Violencia de Género y Protección Integral de Menores de La Rioja, a cargo de Jésica Díaz Marano, citó para este miércoles a la mujer que denunció torturas y abuso sexual en la Comisaría Primera de la Capital riojana. La causa está caratulada como “autores a determinar – abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales en ocasión de sus funciones”. Por el Ministerio Público Fiscal, actuó el fiscal Luis Ariel González Aguirre que promovió la acción penal a los autores a determinar.
Se trata de las mujeres detenidas, en agosto pasado por robar en varios locales comerciales de la capital riojana y algunos departamentos del interior provincial y, de acuerdo a la información brindada por la Policía, también lo habrían hecho en las provincias de San Juan y Mendoza. Están acusadas por hurto y siguen detenidas a la espera de que se resuelvan sus excarcelaciones por parte del Juzgado de Instrucción. Una de ellas, está con prisión domiciliaria.
En la denuncia, una de las mujeres relata que fue detenida en la calle y que la policía la llevó a un estacionamiento: “En el estacionamiento uno de ellos, al que le decían jefe, comenzó a pegarle piñas en el estómago, le preguntó por el resto de las chicas y le dijo que las convoque al supermercado Changomas”, dijo.
Asegura que apenas ingresaron a la guardia de la Comisaría, le dieron piñas en la cara y le pusieron una bolsa de nylon tipo supermercado que le tapaba la nariz, mientras otros policías, le pegaban piñas en la cabeza. Dijo también que el funcionario policial “sacó un palo de secador de piso y se los partió en los empeines”. En relación con la denuncia por abusos sexuales, dijo que “el jefe le bajó las calzas hasta las rodillas y le metió los dedos en la vagina y amenazó que si no le decía bien las cosas le iba a meter un palo”.
Por la tarde llegaron tres mujeres más que también denunciaron golpizas: “Hacían bromas de que habían gastado 14 palos de escoba y no iban a tener con que limpiar”, expresa, y asegura que no pudieron decirle nada al médico forense “porque tenían miedo”.
El Juzgado liberó oficio para que la Policía informe sobre el personal policial que “prestó servicio el 9 de agosto en el horario que fue detenida la mujer, como así también el personal que se encontraba en la Comisaría.
