El intento de magnicidio que acaba de sufrir Argentina marca un antes y un después del que podemos salir mejores: más tolerantes, más empáticos, con sistema de seguridad más profesionalizado y con más unión política.
O peores: si se sigue debatiendo, poniendo en agenda y tratando la llamada “Ley del Odio”, iniciamos un sendero peligroso y sin retorno. Una ley que parte de una falacia: que Fernando Sabag Montiel haya apuntado un arma a Cristina Kirchner, que su novia Brenda Elizabeth Uliarte haya tenido una vida de marginalidad y oscuridad y que esta combinación haya acabado con un intento de magnicidio es culpa del periodismo.
Es culpa de los que escriben, de los que hablan, de los que informan. Desde ya esto es un disparate. Pero el disparate mayor es deslizar siquiera que puede haber una ley que regule las expresiones. Con una sequía galopante, con millones de argentinos que no llegan a la canasta básica, con miles de muertes por inseguridad, ponemos todos los recursos al servicio de una presunta ley que ya se probó en la ex Unión Soviética, en Cuba y en Venezuela.
Y terminó como todos sabemos: con escritores, periodistas e intelectuales ejecutados, presos o exiliados. Del caso de la ex URSS no hay que analizar demasiado: existe el libro Archipiélago Gulag, de Alexander Solyenitzin, y sabemos que hubo una “Gran Purga” en la que fueron secuestrados y asesinados escritores y periodistas que “odiaban” al proyecto de turno: Boris Pilniak, Isaak Babel y Osip Mandelstam son algunos de ellos.
De Cuba aprendimos mucho y hay decenas de películas y libros que retratan lo que significó pensar distinto, sentir distinto e incluso ser homosexual, algo que era contrario al proyecto y las ideas totalitarias de Fidel Castro.
En 2005 entró en vigor la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión en Venezuela, la cual fue reformada en 2010. Esta medida le sirvió al Gobierno de Hugo Chávez para perseguir a medios opositores, cerrando cientos de medios. Nicolás Maduro promulgó la Ley contra el Odio en 2017. Maduro tiene la potestad de callar las críticas de los medios y de los ciudadanos.
Con tantos antecedentes en la historia, no se comprende cómo pueden seguir hablando de este intento de ley, cómo pueden seguir gastando tiempo y recursos de todos los argentinos en una ronda de consultas, en declaraciones de organismos como INADI, en sesiones interminables en el Congreso.
El atentado se debe investigar. Pero Sabag Montiel no es culpa de los escritores y periodistas. La imagen de la agencia estatal Télam de un micrófono con forma de arma es temeraria. Investiguemos, pero pongamos los recursos de los contribuyentes en trabajo, en salir adelante, en políticas a largo plazo para una sequía que amenaza toneladas de cosechas, en una educación que mejore el futuro, en normas que alienten a las pymes.
Decirle no a esta ley es cuidar la institucionalidad y la libertad. Debemos recordar que existen en derecho las figuras de juicios por calumnias y un largo etcétera. No más leyes sobre leyes, y menos para acallar a quienes piensan distinto. Menos que menos para culpar a los comunicadores del accionar de un asesino.
Caminar, salir a la calle, hablar con la gente, o tal vez empezar a tomar los transportes públicos sería un buen ejercicio para la política. Dejen de gastar tiempo y dinero de todos en discusiones cerradas, en debates vacíos, en teorías absurdas. El argentino y el mendocino necesitan esperanza, trabajo, comida y educación.
