Pidieron en la Legislatura que la provincia de Mendoza adhiera a la Ley de Barrios Populares
Se trata de una legislación que dio impulso a los procesos de mejora de la infraestructura comunitaria en los barrios populares y la posibilidad de que los vecinos y vecinas puedan acceder, por primera vez, a un título de propiedad de sus viviendas.
En la puerta de la Legislatura, vecinos de barrios populares reclamaron este miércoles la adhesión de Mendoza a la ley nacional de barrios populares, que contempla al sector y que habilita los recursos para los trabajos de obras en infraestructura para que el acceso al cumplimiento de derechos básicos en lo habitacional.
“Los municipios no quieren adherirse, con eso se evitarían muchos desalojos de barrios populares y asentamientos”, dijo una manifestante a Diario Mendoza Today.
Uno de los que acompañó a los manifestantes fue el legislador provincial José Luis Ramón: “Como ellos en la puerta de la legislatura provincial, esperamos con mucha esperanza poder tratar hoy la adhesión a la ley nacional de Barrios Populares para que el acceso a la vivienda digna sea un derecho para todos y todas”, sostuvo.
Luego de la creación del registro, en 2018, el Congreso de la Nación sancionó la Ley N.° 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. Esta legislación dio impulso a los procesos de mejora de la infraestructura comunitaria en los barrios populares y la posibilidad de que los vecinos y vecinas puedan acceder, por primera vez, a un título de propiedad de sus viviendas.
Como resultado de la ley, se creó el Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que tiene por objetivo financiar proyectos de integración sociourbana, ejecutivos generales y de obras tempranas en barrios RENABAP, a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), compuesto por el 15 % del aporte único a las grandes fortunas, el 9 % del impuesto país, fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y otros aportes del presupuesto nacional.
Las obras a realizarse en los barrios populares deben adjudicarse, en un 25 % como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integrados, preferentemente, por los vecinos y vecinas de los barrios.
